¿Quién decide qué libros pueden circular?

Después de casi tres años de litigio, el 30º Juzgado Civil de Santiago acogió nuestra demanda y concluyó que la exclusión de la Editorial Entre Zorros y Erizos de la 12ª Primavera del Libro en 2023 constituyó un acto de discriminación arbitraria por parte del gremio Editoriales de Chile.

Hasta donde tenemos conocimiento, se trata del primer caso en que una organización cultural es condenada por la Ley Zamudio (N° 20.609) en el contexto de una controversia relacionada con el acceso a un espacio literario financiado con recursos públicos. Por esa razón, la sentencia trasciende ampliamente a nuestra editorial. No es solo una resolución sobre una feria del libro: es una señal de alerta sobre el estado del pluralismo cultural en Chile.

Lo más llamativo no ha sido la sentencia, sino cómo algunos autores, editores y mediadores del mundo literario continúan justificando nuestra exclusión incluso después de que un tribunal la calificara como discriminación arbitraria. Pareciera que para algunos la situación es super simple: ciertas ideas no deberían tener cabida en el espacio público; y los lectores, al parecer, tampoco deberían tener el derecho de escoger por sí mismos qué leer, sino limitarse a aquello que otros consideran aceptable.

Por eso la pregunta de fondo es: ¿quién decide qué libros pueden circular? ¿Quién determina qué opiniones son legítimas?

En estos cinco años desde nuestra fundación como editorial, hemos observado situaciones que van mucho más allá de nuestro propio caso. Tenemos constancia de librerías y libreros cuestionados —incluso amenazados— por exhibir determinados títulos; de expositores atacados públicamente por participar en ferias del libro; de autores objeto de campañas de hostigamiento por sus posiciones políticas y de editoriales sometidas a presión por compartir espacios con personas consideradas ideológicamente incorrectas.

También hemos visto aversión explicita a la participación de editoriales identificadas con ideas liberales o conservadoras. En 2023, por ejemplo, mientras participábamos en FILSA, la Cooperativa de Editores de la Furia, organizadores de la aclamada Furia del Libro, publicó una declaración oponiéndose precisamente la presencia de editoriales de derecha. No se trataba de una mera crítica literaria, sino de un cuestionamiento a la legitimidad misma de estas editoriales para participar en el ecosistema cultural. De hecho, la declaración sostenía que «un espacio dedicado a la cultura y la educación no se puede dar el lujo de visibilizar editoriales que trabajen este tipo de contenidos. (…) No nos interesa ser cómplices silenciosos del avance del fascismo».

Lo llamativo es que las prácticas de exclusión suelen ser defendidas por organizaciones que conviven sin mayores reparos con editoriales que reivindican abiertamente el marxismo, el comunismo, el anarquismo, el etnonacionalismo, la ideología de género u otros proyectos políticos radicales, incluso en publicaciones dirigidas al público infantojuvenil, sin que ello genere cuestionamientos equivalentes respecto de su participación en el ecosistema cultural. Basta recorrer librerías, ferias y encuentros literarios para comprobarlo.

Cada lector tendrá sus preferencias. Sin embargo, lo preocupante es que estas organizaciones suelen justificarse en nombre de valores que son nobles, como la bibliodiversidad, la inclusión o la defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, el resultado práctico es lo contrario. La exclusión ha reemplazado al debate crítico. La deslegitimación ha reemplazado a la argumentación. Y la presión social ha comenzado a cumplir la función que antes ejercía el Estado: el lector dogmático es el que hoy está censurando.

La consecuencia más grave de este fenómeno es la autocensura que genera en el resto de los actores del mundo cultural y, en última instancia, en la sociedad en su conjunto. Cuando determinadas opiniones implican costos reputacionales, profesionales o institucionales, muchas personas optan por guardar silencio. No dejan de pensar lo que piensan; simplemente renuncian a expresarse.

La diversidad editorial no surge por decreto ni de consignas institucionales. Es una consecuencia natural de derechos fundamentales como la libertad de conciencia, la libertad de expresión y la libertad de prensa. Por eso resulta especialmente preocupante cuando organizaciones que administran espacios culturales, reciben financiamiento estatal e incluso participan en la elaboración de políticas públicas vinculadas al libro y la lectura excluyen voces por razones ideológicas. Porque, en definitiva, lo que deciden es tu posibilidad de pensar diferente y hacer visibles esas ideas en el espacio público en igualdad de condiciones.

Finalmente, este caso también dejó en evidencia la inexistencia de mecanismos efectivos para revisar decisiones que afectan el pluralismo cultural y para exigir rendición de cuentas en el ecosistema editorial. Editoriales de Chile nos cerró las puertas y las autoridades públicas que financiaban ese evento sostuvieron que nada podían hacer por tratarse de una entidad privada. Así, esta controversia terminó resolviéndose en tribunales.

Quizás por eso este caso trasciende a una editorial o a una feria del libro. Lo que está en discusión es si queremos una cultura donde los lectores elijan qué leer o una donde determinados grupos lo hagan por ellos. Porque cuando organizaciones con agendas ideológicas comienzan a determinar qué libros merecen circular y cuáles no, la censura deja de ser un problema del pasado para convertirse en una práctica del presente.

Sofía Abarca C.
Directora ejecutiva de Entre Zorros y Erizos.
Periodista de la Universidad de Chile.
Magíster en Edición de la Universidad Diego Portales.