La Contraloría General de la República detectó una serie de situaciones irregulares en la realización del Censo 2024 a cargo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), dependiente del Ministerio de Economía.
De acuerdo con antecedentes a los que accedió la Unidad de Investigación de Bío Bío, entre las anomalías destaca la contratación de censistas con antecedentes penales como estafa, robo y tráfico de drogas, además de la de extranjeros que no tenían autorización para trabajar en Chile.
Asimismo, se constató la existencia de un evidente conflicto de interés en relación con la participación de una exasesora del Censo en la comisión evaluadora de una licitación adjudicada por $1.700 millones a la firma Dittborn y Unzueta S.A., siendo ella representante legal de otra sociedad que poseía el 60% de la primera.
Junto con formular las observaciones, el órgano contralor remitió los antecedentes al Ministerio Público con la finalidad de que se evalúe el inicio de una o más investigaciones penales.
Censistas con prontuario
Según se desprende del informe final ejecutado por la División de Fiscalización de la Contraloría, para la realización de la última medición demográfica nacional el INE contrató 16 personas que registraban antecedentes penales.
Dentro del grupo se cuentan algunos que fueron condenados por estafa, robo, hurto, lesiones y tráfico de drogas. En la indagatoria del fiscalizador se constató que en seis de esos casos los censistas presentaron certificados que no reflejaban fielmente su prontuario, lo que demuestra que el INE no acreditó que los documentos fueran fidedignos.
En los 10 casos restantes no fue posible demostrar que el organismo haya exigido a las personas el certificado de antecedentes respectivo antes de la contratación.
Por otra parte, se verificó que el INE contrató 14 personas extranjeras que no se encontraban habilitadas para trabajar en el país, toda vez que no contaban con una residencia definitiva o temporal vigente, o con una residencia temporal o definitiva acogida a trámite, al 31 de diciembre de 2023.
En este caso, cinco de ellas corresponden a exresidentes definitivos o temporales/transitorio, a los que se les revocó la residencia por diversos motivos, correspondiendo uno de ellos a una expulsión administrativa del país.
Por estos casos, la Contraloría ordenó que dentro de un plazo de 15 días desde la notificación el INE instruya un procedimiento disciplinario tendiente a determinar las eventuales responsabilidades administrativas que pudieran derivar de las situaciones representadas.
Conflicto de interés
Uno de los hallazgos más delicados guarda relación con un evidente conflicto de interés en una de las licitaciones más millonarias vinculadas al Censo 2024.
En efecto, la Contraloría detectó en la auditoría que una exasesora del proceso censal, que mantuvo un vínculo contractual con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hasta el 31 de agosto de 2024, participó como experta en la comisión encargada de evaluar una licitación adjudicada por cerca de $1.700 millones.
¿El problema? La profesional se desempeñaba en paralelo como representante legal de McCann Erickson S.A., firma que mantenía una participación del 60% en Dittborn y Unzueta S.A., empresa que finalmente se adjudicó el contrato.
A juicio de Contraloría, dicha situación podría configurar una vulneración a las normas sobre probidad y un eventual conflicto de interés regulado por la Ley N° 20.880.
Por este caso particular, el organismo fiscalizador resolvió remitir una copia de esta observación al Ministerio Público para los fines que estime pertinentes en el ámbito de sus competencias.
Sin trabajo acreditado
Por si fuera poco, además la Contraloría se encontró con que un total de 581 supuestos censistas recibieron el pago respectivo equivalente a $166,4 millones en total, pese a que no existen registros en el sistema oficial de captura de datos que permitan acreditar las visitas que declararon haber realizado.
Por este caso, Contraloría anunció un reparo por la totalidad de esos recursos.
La misma decisión se adoptó a propósito de la detección de que el INE no aplicó multas por $131,9 millones a las empresas encargadas del reclutamiento y selección de personal, pese a incumplimientos detectados en materia de antecedentes penales, situación migratoria, requisitos educacionales y documentación de respaldo.
La apertura de otro procedimiento disciplinario se instruyó a partir de la identificación de 77 contratos de arriendo de oficinas y locales censales sin resoluciones fundadas que justificaran la contratación ni la elección de esos inmuebles.
Otros cinco contratos de arriendo se extendieron por hasta 11 meses, pese a que el operativo censal duró cerca de cinco meses. Uno de ellos comenzó cuatro meses antes del inicio del censo. Por este caso Contraloría formuló un reparo por $49,4 millones.
Además, se verificó que el INE pagó $134,2 millones por servicios de transporte correspondientes al 1 de mayo de 2024. Sin embargo, ese día no se realizaron labores censales y tampoco existen hojas de ruta ni antecedentes que acrediten trayectos efectuados. Contraloría formulará un reparo por la totalidad de esos recursos.
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