La Contraloría Regional de Valparaíso concluyó que la resolución exenta N°2.563, correspondiente al año 2025 de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), “no se ajustó a derecho”, cuestionando el mecanismo impulsado durante la gestión del exsubsecretario Julio Salas para incorporar nuevos armadores artesanales a distintas pesquerías del país.
El dictamen se originó tras una presentación realizada por Sonapesca y varias organizaciones de pescadores artesanales, quienes acusaron que la medida vulneraba la Ley General de Pesca y Acuicultura, al abrir indiscriminadamente el acceso a pesquerías que se encontraban en estado de plena explotación y bajo régimen de cierre para nuevos ingresos.
Cabe recordar que el “Registro Pesquero Artesanal” (RPA) es un catastro formal para ejercer la pesca artesanal-comercial. Establece un número de pescadores cuyo propósito es ordenar, controlar y hacer sustentable en el tiempo la actividad pesquera.
Pese a que el RPA se encontraba cerrado y en un período de análisis de la solicitud de ingreso de miles de pescadores artesanales a lo largo del país, la administración del expresidente Gabriel Boric, a través de Julio Salas, estableció —a juicio de los denunciantes— nuevas reglas, manipulando para sus fines la aprobada Ley de Fraccionamiento Pesquero.
La resolución declarada ilegal por la Contraloría
En concreto, la anterior administración abrió el registro pesquero artesanal para que se inscribieran cerca de 12 mil nuevos pescadores en pesquerías como jurel, jibia, reineta, langostino amarillo, langostino colorado, camarón nailon y merluza de cola. No obstante, ahora, la Contraloría determinó que las exautoridades de la Subsecretaría de Pesca, encabezadas por Julio Salas, no cumplieron las exigencias establecidas en la Ley General de Pesca y Acuicultura, actuando fuera de la normativa vigente.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a que se utilizó la Ley N° 21.752 para justificar nuevas incorporaciones al Registro Pesquero Artesanal, pese a que dicha norma únicamente modificó el fraccionamiento de cuotas entre el sector industrial y artesanal, pero no permite la reapertura de pesquerías cerradas, ni modificar el régimen de inscripción en el Registro Pesquero Artesanal, ni eliminar las restricciones para pesquerías en plena explotación.
Además, el órgano contralor reiteró que dicha medida exige consultas previas al Consejo Zonal y al Comité de Manejo correspondiente, señalando que se hizo “eludiendo el mecanismo legal de reemplazo por vacancia y desnaturalizando el carácter cerrado de dichas pesquerías”.
Así, el dictamen de Contraloría determina que la medida carece de sustento técnico suficiente y que se implementó sin respetar los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
En su conclusión, el organismo fiscalizador instruyó a la actual Subsecretaría corregir la situación observada, recordando la potestad invalidatoria contemplada en el artículo 53 de la ley 19.880, mecanismo que permite dejar sin efecto actos administrativos ilegales. Lo anterior, otorgando un plazo de 15 días hábiles para informar las medidas adoptadas respecto de la resolución cuestionada.
Subsecretario de Pesca dice que cumplirán con medidas instruidas
Al respecto, el ahora subsecretario de Pesca y Acuicultura, Osvaldo Urrutia, recalcó que “el informe de la Contraloría confirma que se adoptó una medida profundamente irresponsable, pues abrió un registro que generó expectativas en miles de pescadores artesanales sin contar con el respaldo normativo correspondiente. Al mismo tiempo, se pasó por encima de muchos otros pescadores que realizaron sus trámites y procesos cumpliendo las reglas vigentes y dentro del marco legal establecido”.
“Como Subsecretaría, vamos a cumplir y adoptar todas las medidas instruidas por la Contraloría, asumiendo que se trata de una ilegalidad cometida por la administración anterior. La orden de la Contraloría consiste en invalidar el acto respectivo. Sin embargo, también queremos ser claros: realizaremos todos los esfuerzos a nuestro alcance para que esta situación, a largo plazo, tenga el menor impacto posible sobre los pescadores artesanales, quienes no son responsables de las decisiones administrativas que originaron este problema”, afirmó.
“Nuestro compromiso es actuar con responsabilidad, apegarse a la ley y resguardar los intereses del sector pesquero artesanal”, concluyó.
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