"Si me suicido, ¿traspaso mis deudas?": expertos alertan impacto en salud mental tras embargos del CAE

Alarma genera un video difundido por el abogado local Alexis Pavez, donde relata que algunos clientes le han consultado qué pasaría con su deuda del Crédito con Aval del Estado (CAE) en el caso de quitarse la vida. Las preguntas, relata, hacen alusión a un eventual traspaso de la deuda, y si esta podría ser heredada por sus familias. La inquietante secuencia, tal como era de esperar, se hizo viral con estupor en redes sociales.

“Por el CAE siempre se han hecho demandas, pero lo que ocurría antes era que los demandaban en un juicio ejecutivo ante tribunales civiles, se notificaba la demanda y el juicio no quedaba en nada. Era el requisito que tenía el banco para poder cobrar la garantía estatal, entonces cumplían con eso”, recuerda Pavez en diálogo con BioBioChile.

“Con lo que me he topado el último tiempo es con gente confundida. Porque son personas que ya tenían un juicio atrás y no entendían nada. Y lo que pasa es que ahora las está demandando Tesorería General de la República. La forma en que se está abordando el tema, comunicacionalmente, no ayuda a la salud mental de los deudores, porque empezaron con amenazas de embargo y ningún abogado, o muy pocos, pensaron que esto se pudiera llevar a cabo”, agrega.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por Alexis Pavez Hormazábal (@abogado_alexispavez)

En ese contexto, Pavez atestiguó las palabras de los más afligidos con la cobranza: “Esta semana fue cuando me empezaron a llegar esas dudas de personas que, con eufemismos, me decían que estaban pensando la forma de suicidarse”.

“Ahora, tras la publicación del video en redes, me lo preguntan sin tapujos: preguntan si la deuda se hereda, si pueden transferir la casa para atentar contra su vida… Eso es algo que no promuevo. Y hay mucha ignorancia sobre el tema, porque algunos tienen miedo hasta de que los vayan a meter presos”, asegura.

Según datos del gobierno, el número actual de deudores del CAE supera las 550 mil personas, quienes acumulan una morosidad de 4 billones de pesos. Para hacer efectivo el cobro, la TGR inició el 4 de junio un proceso de embargo que, a esta semana, ya ha afectado a más de 1.500 deudores. De acuerdo a la declaración del Año Tributario 2025, todos los deudores que figuraban con un sueldo mensual igual o superior a $3.500.000 fueron embargados.

A pesar de los datos y anuncios del Ministerio de Hacienda, en redes sociales ya circulan denuncias que desmienten dicho rango. Jorge Quiroz, ministro del sector, afirmó que, de haber deudores embargados bajo esa línea de sueldo, “voy a conversar con Tesorería para ver de qué modo se les puede buscar una solución distinta”.

Los embargos, a su vez, han sido transversales y han copado la pauta mediática. En este punto, ayer miércoles se dio cuenta del caso del influencer local ‘Pollo’ Castillo, quien aseguró haber perdido alrededor de 20 millones de pesos de una de sus cuentas a partir de la cobranza de la TGR.

“Una política de cobro no puede evaluarse solo por su eficiencia administrativa. También hay que mirar su impacto en la salud mental”

En plataformas digitales, el video/testimonio del abogado Alexis Pavez generó centenares de reacciones. Y una de las primeras en responder fue la psicóloga Camila Bejarano, quien hizo un llamado a relevar la importancia de la salud mental en medio de un contexto de crisis generalizada sobre este aspecto.

“Uno de los factores principales que puede afectar la salud mental en las personas tiene que ver con una respuesta muy primitiva, que es la incertidumbre”, explica a BioBioChile. “Si las personas no tenemos control, o anticipación de que ciertas cosas van a ocurrir para así poder planificarnos, organizarnos, o proyectarnos, esto va a causar una sintomatología. Y no solo trastornos, sino manifestaciones con respecto a la salud mental, como altos niveles de estrés, ansiedad y algunos síntomas depresivos. Entonces, esto puede desestabilizar la salud mental por la incertidumbre, porque hay personas que han sido afectadas de una forma muy sorpresiva, muy abrupta”.

“Y no solo hay una temática de salud mental de forma individual, sino que también puede ser una preocupación a nivel de salud pública”, plantea.

Vanetza Quezada Scholz, doctora en Psicoterapia y académica de Psicología Experimental y Neurociencias del Departamento de Psicología de la U. de Chile, se refirió a los bloqueos cognitivos que pueden padecer los deudores afligidos por el cobro y los eventuales embargos.

“Muchas veces, en vez de resolver, las personas se bloquean. Una persona que está preocupada todos los días por una deuda, si le llega una notificación de embargo o cobro, tiene dificultades para dormir bien, tomar decisiones, o incluso asumir las soluciones. No es simplemente que no se quiera pagar, que es el discurso que se ha ido estableciendo. Muchas veces las personas entran en un estado de bloqueo, de ansiedad y evitación”, explica a BioBioChile.

“La deuda se transforma en un estigma. Y la persona, además, puede llegar a sentirse fracasada, expuesta: se puede sentir incluso culpable. Y esto puede conducir al aislamiento de las personas. Entonces, en lugar de facilitar que busquen orientación, apoyo o alternativas de pago, esto hace que se paralicen mucho más. Por eso, creo que una política de cobro no puede evaluarse solo por su eficiencia administrativa. También hay que mirar su impacto en la salud mental”, plantea.

Con respecto a la forma en que esta medida fue adoptada e informada, también surgen reparos. Para el psicólogo y académico de la Universidad Andrés Bello, Nicolás Núñez, la forma en que el gobierno se comunicó con los deudores no tomó en cuenta criterios básicos de bienestar y salud mental.

“El gobierno ha sido claro en que no le interesa esa dimensión. Hace un tiempo atrás escuchamos unas declaraciones del ministro de Hacienda comentando que él no tenía el rol de ser simpático, que su rol era hacer que el país se moviera. Efectivamente, hay una declaración bien explícita de que no hay cuidado en la empatía, en cómo el mensaje lo reciben los grupos más vulnerables”, apunta en diálogo con BioBioChile.

“Esto genera una sensación de que el Estado no es un lugar seguro, y que la sociedad no es un lugar seguro para mí como individuo. Y claro, eso es lo que no permite que podamos funcionar psicológicamente a niveles óptimos para otras funciones. Las funciones más cognitivas se alteran si la sensación de alerta y de alarma está constantemente, porque resulta que el Estado me puede dañar cuando se supone que el Estado, lo que tiene que hacer, es protegerme: darme condiciones para que yo me desarrolle”, apuntó.

Vanetza Quezada, complementa: “Por eso, una política de cobro tiene que incorporar criterios explícitos que orienten a la persona, de manera clara, para que pueda buscar alternativas y salir de esta situación. El problema no es cobrar, el problema es cómo se está haciendo. Porque es una política que está aumentando el miedo, la vergüenza y la desesperanza, y lo que hace es poner en riesgo a las personas y también aumentar la probabilidad de no pago”.

Para Quezada Scholz, la ausencia de criterios de salud pública, en esta materia, son una total sorpresa.

“Uno no lo puede decir que una medida de cobro en sí misma, o por sí sola, produce una conducta suicida, porque el suicidio es un fenómeno complejo, multicausal. Pero sí uno puede decir que una persona que ya está en una situación de alta vulnerabilidad emocional, porque está ante una amenaza financiera que es repentina o que puede ser vivida como humillante, esto sí puede actuar como un detonante de una crisis”, asegura.

“He buscado evidencia respecto de esto, y evidencia internacional muestra una relación consistente entre el sobreendeudamiento, la depresión, la ansiedad, la desesperanza y la ideación suicida. La deuda problemática puede generar una sensación de que no hay salida, de que no hay futuro, de que uno puede dejar a la familia atrapada en el problema, y esta es una percepción clínicamente muy delicada”.

Quezada Scholz lo expone en palabras simples: “Cuando alguien llega a preguntarse si su muerte aliviaría una deuda, estamos frente a una señal de alarma. Y eso nos lleva a preguntarnos qué tipo de presión estamos instalando socialmente. Entonces, las instituciones públicas sí tienen una responsabilidad, y sus mensajes no pueden aumentar la desesperanza: no pueden ser mensajes de amenaza. Frente a políticas de cobro masivo, el Estado debe incorporar criterios explícitos de salud mental, comunicación no intimidante, derivación, apoyo psicosocial y orientación, además de alternativas de revisión y afrontamiento de la deuda”.

El académico Nicolás Núñez engloba el problema en una crisis generalizada de la salud mental en Chile: “Es importante considerar que hay factores ambientales, que se conocen como los determinantes sociales o los determinantes materiales de la salud mental. Y a veces tendemos a pensar que la salud mental tiene mucho que ver con la características intra-psiquicas de un sujeto, con lo que hay dentro de la mente, y nos olvidamos de que hay condiciones ambientales que en cualquier sujeto, incluso en el más sano, pueden gatillar síntomas de forma natural, porque son condiciones que no permiten funcionar adaptativamente”.

“La presión social, la presión económica, la sensación de alarma, generan aumento en una sociedad que ya está un poquito deteriorada en cuanto a salud mental, porque sabemos que tenemos la peor salud mental en la región. Ahora se suma este tipo de fenómeno. Por lo tanto, no me extrañaría que esto vaya a generar, en el mediano plazo, un aumento en los niveles de ansiedad, un aumento en los niveles de depresión, de estrés a nivel general en la población. La gente que está desarrollando un aumento de sus síntomas, o nuevos trastornos a partir de estos fenómenos, irá a buscar ayuda a un servicio de salud que ya está menos disponible, por la menos disponibilidad de recursos y por los recortes presupuestarios en programas de salud mental. Por lo tanto, es posible que esto genere un doble problema de salud mental en Chile: el hecho de no tener una oferta disponible para hacerse cargo de necesidades que, en el tiempo, se van cronificando”.