Son 168 páginas, las que conforman la querella que los tribunales acogieron este lunes en contra del Ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje Capdeville. El documento materializa la causa penal del conflicto que ha sido la piedra en el zapato de su administración: la polémica por la paralización de las obras y posible demolición de casas en El Olivar.
La querella fue presentada por la empresa Social Arquitectura Ltda., en que acusa a Poduje; al seremi de Vivienda de Valparaíso, Marcelo Ruiz y; al director (s) del Serviu regional, Rodrigo Muñoz, de haber desplegado una estrategia destinada a excluir a la entidad patrocinante y a la Constructora San Sebastián de los proyectos de reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024. Para ello, habrían utilizado resoluciones que en el documento se califican de ilegales.
El escrito imputa los delitos de prevaricación administrativa reiterada, falsificación ideológica de instrumento público, uso malicioso de instrumento público y fraude al Fisco. De acuerdo a lo argumentado por la abogada Erika Maira Bravo, las actuaciones denunciadas habrían afectado directamente a 356 familias damnificadas cuyos proyectos habitacionales estaban siendo ejecutados.
La controversia se arrastra desde marzo pasado, cuando el Ministerio de Vivienda resolvió paralizar las obras de viviendas construidas por la empresa San Sebastián en El Olivar, argumentando la existencia de graves deficiencias técnicas detectadas durante fiscalizaciones extraordinarias. Posteriormente se anunció la demolición de parte de las viviendas y la desvinculación de las empresas involucradas.
Desde entonces, Poduje ha defendido públicamente las medidas adoptadas, sosteniendo que las viviendas presentaban problemas estructurales incompatibles con los estándares exigidos por el Estado, que su obligación era proteger a las familias afectadas y que los informes técnicos disponibles justificaban tales decisiones.
Pero la querella sostiene exactamente lo contrario. Afirma que la decisión de la salida de las empresas de El Olivar había sido tomada por el ministro incluso antes de asumir la cartera, y que posteriormente se habría construído una cadena de actos administrativos destinados a cumplir con ese objetivo.
El escrito afirma que el ministro tenía resuelta desde antes de asumir la cartera la salida de las empresas de El Olivar y que posteriormente habría construido una cadena de actos administrativos destinados a materializar esa decisión.
Desde el Minvu rechazaron categóricamente la querella, calificándola como una acción sin sustento jurídico ni fáctico, y sostuvieron que responde a las medidas adoptadas por la cartera para resguardar a las familias afectadas por los incendios. Recordaron que en marzo presentaron una denuncia penal contra la entidad patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián por delitos como estafa agravada, fraude al fisco, uso de instrumento falso y tráfico de influencias, entre otros, además de antecedentes remitidos por la Seremi de Vivienda de Valparaíso por presuntas falsificaciones para acceder a más obras.
Asimismo, afirmaron que informes de IDIEM y DITEC acreditaron incumplimientos a normas antisísmicas y de resistencia al fuego en las viviendas en construcción, lo que habría expuesto a las familias a riesgos graves, razón por la que el Estado no podía permitir que continuaran viviendo en condiciones de precariedad e inseguridad.
A continuación, el detalle de las acusaciones que sostienen la tesis de la querella.
Una decisión tomada antes de llegar al ministerio
Uno de los ejes centrales de la querella apunta a que Poduje habría definido previamente su postura respecto de la reconstrucción de El Olivar.
El documento recuerda reuniones sostenidas con vecinos meses antes de asumir como ministro, en las que habría cuestionado el avance de las obras y anunciado que realizaría fiscalizaciones respecto de las viviendas construidas. La querellante sostiene que desde entonces comenzó un proceso de descrédito hacia Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián.
Según el escrito, el futuro ministro atribuía a las empresas la lentitud de la reconstrucción, cuando en realidad las demoras habrían obedecido a procesos administrativos del propio Estado. También se le acusa de haber difundido sospechas respecto de las empresas, insinuando incluso eventuales irregularidades financieras o conflictos que nunca habrían sido acreditados.
Estos antecedentes, demostrarían que existía una posición preconcebida respecto a las obras mucho antes que cualquier informe técnico elaborado durante su gestión.
También se acusa un proceso sistemático para deteriorar las relaciones entre las empresas y los vecinos, presuntamente liderado por el equipo del actual ministro.
Según Social Arquitectura, Poduje habría aprovechado reuniones con vecinos para desacreditar públicamente a la constructora y a la entidad patrocinante, calificando la reconstrucción como un fracaso y responsabilizando directamente a ambas empresas por el estado del proyecto.
La acción judicial sostiene que ello generó temor entre los damnificados y contribuyó a quebrar la confianza que existía entre las familias y las empresas contratadas. Incluso se afirma que dirigentes vecinales que defendían la continuidad de los proyectos fueron cuestionados o marginados de las conversaciones impulsadas por la nueva administración.
Para los querellantes, esta estrategia tenía un objetivo específico: crear las condiciones para que posteriormente los vecinos aceptaran terminar sus contratos y autorizar eventuales demoliciones.
Fiscalización y paralización
El núcleo técnico de la controversia se encuentra en la fiscalización extraordinaria realizada en marzo de 2026.
La querella relata que el 19 de marzo una comisión liderada por Alfred Richter —asesor cercano al ministro— visitó las obras junto a profesionales de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC). De esa inspección surgieron los informes R1 y R2.
Según la propia querella, el informe R1 concluyó que existía una calidad de ejecución “estándar” y que no se observaban aspectos particularmente críticos, destacando incluso que algunas terminaciones superaban exigencias técnicas del programa habitacional.
El informe R2 sí identificó observaciones importantes que requerían corrección, pero —según destaca la empresa— no habría recomendado paralizar obras ni demoler viviendas.
A juicio de los querellantes, este punto resulta crucial porque las decisiones posteriores habrían excedido ampliamente las conclusiones efectivas de dichos documentos.
La querella sitúa un punto de inflexión en el Ordinario N.º 245 del 24 de marzo de 2026. Mediante dicho acto administrativo, el ministro instruyó la paralización total de las obras y prohibió que funcionarios del Serviu autorizaran actuaciones que permitieran continuar los proyectos.
La empresa sostiene que esta decisión impidió seguir los mecanismos normales establecidos en los contratos, los cuales contemplaban que cualquier observación técnica debía ser comunicada al contratista para su corrección antes de adoptar medidas más severas.
Además, acusa que Poduje habría intervenido directamente en ámbitos que correspondían a organismos técnicos especializados, sustituyendo las competencias propias del Serviu y de los inspectores técnicos de obra.
Uno de los argumentos más reiterados en la querella es que la decisión de demoler ya estaba tomada antes de que existieran informes que la respaldaran.
La presentación sostiene que el mismo 24 de marzo, mientras aún se hablaba de peritajes y evaluaciones técnicas, Poduje ya comunicaba a vecinos que las casas serían demolidas, que la Constructora San Sebastián quedaría fuera del proceso y que se construirían nuevas viviendas con otras empresas.
La empresa afirma que estas declaraciones demostrarían que las decisiones posteriores no respondían a una evaluación progresiva de antecedentes técnicos, sino a una determinación previamente adoptada.
La querella también apunta contra el Ordinario N.º 263 y la posterior Resolución N.º 285. Según el relato de la empresa, ambas actuaciones permitieron poner término anticipado al convenio marco de Social Arquitectura sin desarrollar previamente el procedimiento administrativo contemplado para ese tipo de decisiones.
La medida no solo afectó los proyectos de El Olivar, sino también otros proyectos habitacionales que la entidad patrocinante desarrollaba en distintas comunas de la región. La empresa sostiene que ello implicó una exclusión práctica del sistema de vivienda social y produjo graves perjuicios económicos y reputacionales.
Presión sobre inspectores y documentos antedatados
Uno de los capítulos más delicados de la querella corresponde a la elaboración de informes de inspectores técnicos de obra.
Tal como contó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en su momento, la presentación sostiene que el Ministerio habría presionado a funcionarios para elaborar documentos que respaldaran la existencia de graves fallas constructivas. Según el relato, los inspectores inicialmente se habrían negado a firmar conclusiones que no compartían y finalmente emitieron informes fechados con anterioridad a su elaboración.
Sobre esta base, la empresa acusa la existencia de falsificación ideológica de instrumento público.
El informe IDIEM y la controversia sobre la demolición
La querella dedica varias páginas al informe elaborado por IDIEM.
Según sostiene, el documento detectó observaciones técnicas, pero estableció expresamente la factibilidad de reforzar las viviendas, descartando que la demolición fuera la única alternativa disponible.
La empresa argumenta que ninguna de las áreas evaluadas por IDIEM recomendó demoler las construcciones. A diferencia de los informes de la DITEC (organismo del propio Ministerio), que sí recomendaron demoler, tal como contó la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío en su momento.
Pese a ello, acusa que el ministerio presentó públicamente los resultados como respaldo para la demolición, generando alarma entre los beneficiarios y reforzando la idea de que las viviendas eran irrecuperables.
Será ahora el Ministerio Público quien deba determinar si los antecedentes expuestos por la querellante constituyen efectivamente delitos o si forman parte de una controversia administrativa y técnica derivada de uno de los procesos de reconstrucción más complejos que ha enfrentado el país tras el megaincendio de 2024.
Respuesta del Minvu
Contactados por Radio Bío Bío respecto a la querella, desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo comunicaron lo siguiente:
El Minvu rechaza en términos absolutos la querella cuyas imputaciones carecen de todo sustento fáctico y jurídico. Esta acción desesperada confirma que hacer las cosas correctas tiene costos, y este Ministerio está dispuesto a asumirlos. Esto nos compromete a trabajar aún más, tanto por las familias damnificadas por los incendios, como por la necesidad de marcar un precedente para que de aquí en adelante las empresas constructoras y entidades patrocinantes entiendan que deben cumplir con las normas técnicas y legales para que las familias tengan una vivienda segura y de calidad.
Fue el propio Ministerio que en marzo de este año presentó una denuncia penal por los delitos de estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco (art. 239 CP), coacción, amenazas y tráfico de influencias, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural, obtención fraudulenta de prestaciones estatales en relación con contratos por 709.143,09 UF de patrimonio fiscal. A ello se suma la denuncia interpuesta por la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, quien remitió antecedentes al Ministerio Público que permitirían advertir que habrían falsificado antecedentes en la emisión de su certificado de experiencia técnica y en la acreditación de proyectos habitacionales utilizados para aumentar su categoría en el Registro de Asistencia Técnica y así acceder a mayor cantidad de obras.
Lo anterior agrava en extremo lo ya constatado con los informes técnicos emitidos por IDIEM y DITEC que comprobaron sin duda alguna que las casas que estaban siendo construidas por la Entidad Patrocinante Social Arquitectura y la Constructora San Sebastián infringieron abiertamente las normas antisísmicas y de resistencia al fuego, entre otras, lo que exponía a las familias afectadas a serios riesgos sísmicos, y de incendio, lo que a su vez exponía la vida y la integridad física de las familias.
En consecuencia, el Estado de Chile no puede tolerar que estas familias, quienes llevan esperando más de dos años por una solución, continúen siendo expuestas a condiciones de tal precariedad y riesgo.
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