Este episodio también deja una lección relevante: en un escenario global cada vez más competitivo e incierto, el liderazgo exportador no puede darse por sentado.

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) publicó recientemente una lista de 54 economías que, a juicio de dicho organismo, no contarían con mecanismos suficientemente explícitos para prohibir el trabajo forzoso a lo largo de las cadenas de suministro de bienes destinados al comercio internacional. Entre esos países aparece Chile.

Es importante precisar que esta clasificación no implica automáticamente la aplicación de nuevos aranceles ni constituye una sanción comercial. Sin embargo, sí abre la posibilidad de que determinados países o sectores puedan quedar expuestos a mayores niveles de escrutinio, investigaciones o revisiones respecto de sus mecanismos de prevención y control del trabajo forzoso en sus cadenas de valor.

Para comprender el origen de esta discusión, es necesario remontarse al denominado “Liberation Day” del 5 de abril de 2025, cuando el presidente Donald Trump anunció una serie de medidas arancelarias dirigidas a una amplia cantidad de economías alrededor del mundo.

Posteriormente, parte importante de ese paquete fue objeto de cuestionamientos judiciales en Estados Unidos. En ese contexto, el debate comercial comenzó a desplazarse hacia otros instrumentos contemplados en la legislación norteamericana, entre ellos aquellos vinculados al cumplimiento de estándares laborales y a la prevención del trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro.

Es así como surge esta lista de 54 economías, en la que conviven países con realidades institucionales, regulatorias y laborales muy distintas entre sí. Por lo mismo, resulta difícil sostener que todos enfrentan un mismo nivel de riesgo o presentan similares desafíos en esta materia.

La situación de Chile debe analizarse a partir de antecedentes objetivos. Nuestro país cuenta con una institucionalidad laboral sólida, ha ratificado los principales convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo y dispone de mecanismos de fiscalización, control y sanción plenamente vigentes. Asimismo, durante los últimos años ha fortalecido sus herramientas de cumplimiento y trazabilidad en diversos sectores exportadores.

Por ello, existe convicción de que Chile cuenta con fundamentos robustos para acreditar el cumplimiento de sus compromisos internacionales y demostrar que dispone de instrumentos adecuados para prevenir, detectar y sancionar cualquier vulneración a los derechos fundamentales en el trabajo.

Ahora corresponde que el Estado de Chile, a través de la Cancillería y los organismos competentes, continúe aportando los antecedentes necesarios para respaldar la posición del país, apoyándose también en el trabajo que distintos sectores exportadores han venido desarrollando en esta materia.

Desde el Consejo del Salmón observamos este escenario con atención y sentido de responsabilidad. Se trata de una discusión relevante para Chile y para todos quienes participamos de actividades exportadoras que compiten en los mercados más exigentes del mundo. Por lo mismo, además de preocuparnos, nos ocupa seguir fortaleciendo las prácticas que contribuyen a una mayor transparencia, trazabilidad y cumplimiento.

La salmonicultura chilena ha avanzado sostenidamente en materias laborales, de debida diligencia y derechos humanos. La industria opera bajo exigentes estándares nacionales e internacionales, participa en procesos permanentes de auditoría y certificación, y trabaja activamente con organismos especializados para fortalecer las capacidades de prevención y gestión de riesgos en toda la cadena de valor.

Nuestra presencia en mercados altamente regulados no sería posible sin el respaldo de estándares laborales, sanitarios y productivos que son permanentemente evaluados por clientes, certificadores independientes y autoridades de distintos países. Esa experiencia constituye también una fortaleza para enfrentar adecuadamente cualquier proceso de revisión internacional.

Chile tiene fundamentos para defender con convicción la calidad de sus instituciones, la fortaleza de su sector exportador y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. Pero este episodio también deja una lección relevante: en un escenario global cada vez más competitivo e incierto, el liderazgo exportador no puede darse por sentado. Fortalecer la competitividad, generar certezas regulatorias y crear condiciones para el crecimiento de sectores estratégicos seguirá siendo la mejor forma de proyectar el desarrollo regional, la creación de empleo y la presencia internacional de Chile.

Loreto Seguel
Presidenta Ejecutiva del Consejo del Salmón

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