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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago ha declarado admisible la querella presentada contra Sebastián Salazar, exsocio del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, en una demanda interpuesta por Polla Chilena de Beneficencia. La querella, patrocinada por el abogado Isidro Solís, acusa a nueve personas vinculadas a plataformas de apuestas online de asociación criminal y lavado de activos. Salazar, identificado como dueño de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, conocida como Pagadoor, es uno de los acusados. Según La Tercera, se habría instalado una organización para cometer delitos de apuestas, utilizando una estructura jerarquizada. Se señala que los PSP (proveedores de servicios de pago) debitarían y acreditarían dinero en cuentas chilenas siguiendo instrucciones de los sitios de apuestas. La estatal alega que los fondos recaudados por el juego ilegal eran procesados y enviados a entidades extranjeras.

La tarde de este martes, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella presentada contra Sebastián Salazar, exsocio del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, en el marco de una demanda interpuesta por la empresa estatal Polla Chilena de Beneficencia.

La querella, patrocinada por el abogado Isidro Solís, apunta contra nueve personas vinculadas a plataformas de apuestas online y les imputa los delitos de asociación criminal y lavado de activos. Entre los acusados figura Salazar, a quien se identifica como representante y dueño de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, conocida comercialmente como Pagadoor.

Según detalla La Tercera, en el libelo acusatorio se indica que los imputados habrían instalado “una verdadera organización que gira en torno a la comisión de otros delitos, cuales son justamente los relativos a la conducta del juego y la apuesta”, operando mediante una estructura jerarquizada con distribución de funciones y contratos tanto publicitarios como financieros para viabilizar el negocio.

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En ese esquema, los denominados PSP (proveedores de servicios de pago) se comprometían a seguir instrucciones de los sitios de apuestas para acreditar o debitar dineros en cuentas bancarias en Chile. Para la estatal, el sistema no sería autónomo, sino que estaría sujeto a contratos que permitirían canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.

Respecto del presunto lavado de activos, Polla Chilena sostiene que los montos recaudados a través del juego ilegal eran procesados por estas plataformas de pago y luego remitidos a entidades extranjeras que dirigirían el mercado, además de pagar premios a apostadores chilenos con fondos que, a juicio del querellante, deberían caer en comiso.

Además, desde el citado medio se pudo confirmar que, tras ser admitida la querella, el caso fue derivado al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Oriente, que es liderada por la fiscal regional Lorena Parra, aunque aún no tiene un persecutor a cargo.