La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) solicitó a la Contraloría General de la República una auditoría al concurso público dispuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), luego de conocer antecedentes que cuestionarían la creación y provisión de un nuevo cargo directivo al interior del servicio.
El oficio fue ingresado por los diputados Frank Sauerbaum, Carla Morales, Paula Labra y Eduardo Durán, quienes pidieron revisar el concurso establecido mediante la resolución exenta N° 385, así como el procedimiento mediante el cual se definió el nivel jerárquico, grado directivo y calidad de planta del cargo.
Según se expone en el documento, el concurso estaría vinculado al actual jefe de la División Jurídica del Ministerio del Medio Ambiente, Ariel Espinoza, y apunta a proveer la jefatura del Departamento de Denuncias y Experiencia Usuaria, unidad creada recientemente por decisión de la Superintendenta de la SMA.
Los parlamentarios advierten que la creación de este departamento ha sido objeto de cuestionamientos, ya que “la tramitación de denuncias ambientales se realiza actualmente a través de las oficinas regionales de la Superintendencia”, por lo que la nueva unidad tendría “en los hechos, un carácter predominantemente administrativo o de control de gestión, sin una justificación clara en términos de eficiencia, necesidad institucional o mejora sustantiva del servicio a la ciudadanía”.
En esa línea, también manifestaron preocupación por el rango asignado al cargo, señalando que se le habría otorgado calidad de planta y grado 4 directivo, el nivel más alto de jefatura dentro del servicio.
Las advertencias de los RN por supuesto “amarre”
Asimismo, en el oficio se advierte que esta situación “supone la consolidación de una posición directiva de alto rango mediante un diseño orgánico reciente, con impacto permanente en la estructura del servicio y en el gasto público asociado”.
Planteando que los hechos descritos, de ser efectivos, “podrían constituir un uso instrumental de las facultades administrativas para asegurar la continuidad de determinadas personas en cargos estratégicos del Estado, desnaturalizando los principios de mérito, igualdad de oportunidades y transitoriedad que deben regir el acceso y permanencia en la función pública”.
De esa manera, los parlamentarios solicitaron al órgano contralor dirigido por Dorothy Pérez que evalúe los antecedentes del concurso público dispuesto por la Superintendencia del Medio Ambiente, revisando también el procedimiento mediante el cual se definió el nivel jerárquico y grado directivo del cargo a proveer; y las razones para asignarle calidad de planta.
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