La defensa de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó la inhabilidad de 15 ministros para conocer la apelación de la querella de capítulos en su contra.
Se trata de aquellos que votaron a favor de la destitución de la exmagistrada el 10 de octubre de 2024, cuando se vio en el máximo tribunal el cuaderno de remoción también en su contra.
Los ministros recusados son el presidente de la Corte, Ricardo Blanco; la ministra Andrea Muñoz; la próxima presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich; el ministro Arturo Prado, así también Mauricio Silva, María Angélica Repeto, Leopoldo Llanos, María Cristina Gajardo, María Soledad Melo, Mireya López, Jessica González y la ministra suplente, actual ministra del tribunal de alzada de Valparaíso, Eliana Quezada.
Defensa de Vivanco pide inhabilitar a 15 supremos
Con ello solo quedaron habilitados dos ministros; los actuales del máximo tribunal Omar Astudillo y Gonzalo Rus.
Esta acción de la defensa de Vivanco surge luego de la apelación que la misma realizó ante el máximo tribunal por el fallo que declaró admisible la querella de capítulos.
Según recoge La Tercera, el documento ingresado en la Corte de Apelaciones de Santiago cuestiona que los ministros mencionados pretendan resolver la admisibilidad y fondo de la querella penal.
Lo anterior pues anteriormente se pronunciaron respecto al cuaderno de remoción, y participaron de igual forma en el proceso en contra de Vivanco en la Comisión de Ética.
El medio citado consigna que el escrito de la defensa de la exmagistrada plantea que “los mismos ministros que ya formaron convicción en contra de la exministra, al punto de destituirla y exponerla públicamente, serían quienes evalúen si corresponde encausarla penalmente y, llegado el caso, juzgarla“.
“Esta superposición de funciones desborda los principios elementales de justicia y sitúa el proceso en una condición institucionalmente insostenible”, sentencian en el documento.
Asimismo, subrayaron que la sospecha se sembró sobre Vivanco “antes de que ella pudiera siquiera conocer detalladamente de qué se le acusaba”, lo que implicó un “quiebre en las garantías de imparcialidad y legalidad”.
Cabe recordar que según el fallo que declaró admisible la querella de capítulos, existirían “indicios graves, precisos y concordantes” de que la exministra habría aceptado retribuciones económicas de abogados vinculados a la empresa chileno-bielorrusa CBM, con el objetivo de favorecer a dicha firma en su litigio judicial con Codelco durante los años 2023 y 2024.
Asimismo, se sostuvo que la exmagistrada habría infringido el principio de probidad administrativa y sus deberes de inhabilitación, además de incurrir en eventuales maniobras para ocultar el origen ilícito de los dineros presuntamente recibidos.
Enviando corrección, espere un momento...
