La diputada independiente Camila Musante, querellante en la causa por presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial, anunció que solicitará formalmente extender la acción penal para incluir a conservadores y notarios que habrían participado en una red de favores, pagos y presiones vinculadas a decisiones judiciales.
Según la parlamentaria, los nuevos antecedentes conocidos en reportajes e investigaciones periodísticas obligan a ampliar el alcance de la causa.
“Estoy anunciando una solicitud de extensión de la querella a propósito de la red de influencias que hemos visto entre el mundo judicial, el de los conservadores, el notarial y también el parlamentario”, señaló.
Musante citó como ejemplo el reportaje emitido este lunes por Chilevisión, donde una notaria denunció amenazas en el marco de presuntas gestiones para favorecer a determinados actores en procesos judiciales.
“Creo que es justo alzar la voz por ella y que se investigue penalmente hasta dónde llegan estas influencias. Lo digo porque entiendo de amenazas cuando una enfrenta al poder y hasta mafias de élite”, afirmó.
La diputada recordó que, tras presentar la querella original, ella misma ha recibido amenazas de muerte, las que fueron denunciadas ante las autoridades competentes.
En su declaración, Musante también apuntó al rol que habrían tenido autoridades políticas en esta supuesta red de presiones.
“Hoy conocemos casos de parlamentarios que han sido financiados y pagados por parte de conservadores en una red de favores que no comienza con Vivanco y ministros de la Corte Suprema, sino que termina precisamente aquí, en el Congreso Nacional”, sostuvo.
La legisladora cuestionó además la falta de avances en reformas clave, como el cambio al sistema de nombramientos de notarios y de ministros de cortes de Apelaciones y Suprema. “Aquí no se pudo llevar a cabo una reforma profunda. ¿Por qué? Parece evidente y claro”, dijo, apuntando a presiones externas.
Finalmente, Musante aseguró que “la red de influencias de Hermosilla y compañía también llegó al Congreso Nacional a través de una trenza que involucra a conservadores y notarios. Y eso tiene nombre y apellido: tráfico de influencias”.
La diputada adelantó que insistirá en que estos hechos sean investigados como una arista más dentro de la causa penal en la que participa como querellante.
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