El candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami presentó este lunes una denuncia administrativa ante la Fiscalía Nacional contra los fiscales que llevaron la investigación del caso SQM, proceso en el que fue absuelto de los delitos de cohecho tras casi once años de tramitación.
La semana pasada, durante la lectura del veredicto, el tribunal cuestionó la falta de pruebas, los errores procesales y la extensión del juicio, marcando un duro golpe para la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Ahora, la acción de Enriquez-Ominami busca que el fiscal nacional determine si existió negligencia, abuso de poder o manipulación institucional durante la investigación.
“Era el político más creíble de Chile, y pasé a ser el más impopular”, señaló tras ingresar la denuncia.
Marco Enríquez-Ominami busca responsabilidades al interior del Ministerio Público
La acción, de 47 páginas, fue ingresada por los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz, y está dirigida al fiscal nacional Ángel Valencia.
En ella, se pide abrir una investigación para determinar posibles responsabilidades de las fiscales Claudia Perivancich —actual Fiscal Regional de Valparaíso— y Paola Castiglione, además de otros exintegrantes del Ministerio Público que participaron en la causa.
“La Fiscalía tiene que hacerse responsable. Quiero saber quiénes inventaron el caso, que entreguen los e-mails y comunicaciones internas”, dijo Enríquez-Ominami.
En el escrito dirigido al fiscal nacional se enumeran ocho hechos concretos que, según la defensa, evidencian irregularidades y falta de objetividad en la investigación:
Filtraciones de información reservada.
Decisiones arbitrarias y discriminatorias.
Formalización sin querella del Servicio de Impuestos Internos.
Deficiente redacción de la acusación.
Falta de control jerárquico.
Dilación y engaño al tribunal.
Desproporción entre esfuerzo fiscal y resultados.
Persecución dirigida y sesgo político.
“Los fiscales de la República buscan la verdad. Yo quiero la verdad de los fiscales”, afirmó el excandidato, en alusión a lo que consideró como una persecución judicial con motivaciones políticas.
En el documento, además, junto con criticar la designación de fiscales con dedicación exclusiva durante casi una década y una prolongación “injustificada” del juicio oral, que —según la defensa— habría operado como una forma de castigo anticipado, también se apunta al rol del exfiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, a quien se acusa de haber conducido la investigación de manera “discrecional” y de haber dejado fuera a dirigentes políticos que enfrentaban situaciones similares.
Solicitud al fiscal nacional
Marco Enríquez-Ominami pidió al fiscal nacional, Ángel Valencia, ordenar una investigación administrativa formal para esclarecer los hechos, identificar posibles infracciones disciplinarias y adoptar medidas correctivas dentro del Ministerio Público.
El objetivo, según la presentación, es determinar si existió un uso arbitrario del poder persecutor y si las actuaciones de los fiscales comprometieron la confianza ciudadana en la labor del órgano investigador.
“Los fiscales sabían que no había delito. Sin embargo, prolongaron la causa por más de una década, afectando no solo mis derechos, sino también la confianza de los chilenos en la justicia”, concluyó el candidato presidencial.
Esta es la primera ofensiva de ME-O tras el veredicto en el caso más emblemático por supuesto financiamiento ilegal de política. Anunció que el próximo jueves, presentará una segunda acción.
Mira aquí la presentación:
Enviando corrección, espere un momento...
