Perivancich defiende investigación en caso SQM: "No puedo tirar por la borda el trabajo hecho"

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, se refirió al fallo absolutorio dictado este martes por el Tribunal Oral en lo Penal de Santiago en el caso SQM, que eximió de responsabilidad a los ocho imputados por delitos tributarios y cohecho, entre ellos, Patricio Contesse, Pablo Longueira y Marco Enríquez-Ominami.

“No hablaría de derrota para la Fiscalía ni, en particular, para la Fiscalía Regional de Valparaíso. Con esto termina un capítulo con el deber cumplido”, afirmó la persecutora a la salida del Centro de Justicia.

Aunque la resolución de la justicia constituye quizás el mayor revés de la Fiscalía en su historia reciente, Perivancich defendió el trabajo realizado durante más de una década de investigación:

“Desarrollamos una indagatoria seria, responsable y con una mirada objetiva, que nos llevó a la convicción de presentar una acusación. El Ministerio Público hizo todo lo que estuvo a su alcance para agilizar el desarrollo del procedimiento. ¿Qué interés podría tener el Ministerio Público en retardar la llegada del juicio oral?”, replicó.

Críticas del tribunal y defensa de la fiscalía

El extenso análisis —leído por la magistrada María Teresa Barrientos— incluyó cuestionamientos al trabajo de la Fiscalía Regional de Valparaíso, apuntando a incongruencias, falta de pruebas suficientes y la vulneración del principio de plazo razonable, entre otros aspectos.

Y es que el proceso se extendió por casi una década, con un juicio oral que duró cerca de mil días y 560 audiencias, en las que declararon alrededor de 100 peritos y mil testigos, de los cuales 14 fallecieron durante el proceso. Se presentaron más de 16 mil documentos y dos mil medios de prueba. Aun así, no hubo condenas en uno de los casos más emblemáticos y costosos de la historia del Ministerio Público.

Perivancich, sin embargo, rechazó las críticas sobre la extensión del juicio, atribuyendo las demoras a estrategias de las defensas:

“En particular, puedo recordar la defensa de los señores Marco Enrique-Ominami y Cristián Warner, se opusieron a que se desarrollara en forma remota la audiencia de preparación de juicio oral, incidentaron el inicio de la misma en reiteradas oportunidades. Luego, cuando por fin se inicia, la mayor parte de las defensas sostienen una alegación de incompetencia”. “Es decir, después de 3 años de investigación, estimaron que ese tribunal no era el competente”, criticó.

Respecto de la gran cantidad de antecedentes presentados como prueba en el juicio, la fiscal señaló que “fueron debidamente acreditados y así lo recogió el fallo de minoría (…) se dio por establecido la existencia de los delitos tributarios de prácticamente todos los acusados, menos uno de ellos en el ámbito del delito tributario”.

Perivancich por SQM: “No es el mejor resultado”

Consultada por la resolución del tribunal -integrado por las magistradas María Teresa Barrientos, Carolina Paredes y Claudia Santos- la fiscal reconoció que no era el desenlace que esperaban:

“No es el mejor resultado, no es el que esperábamos, y eso lo lamentamos. Pero no puedo tirar por la borda todo el trabajo que se ha hecho en estos años. Convencimos a una magistrada de que se rindió prueba suficiente para acreditar la existencia de cientos de documentos tributarios falsos incorporados maliciosamente a la contabilidad de SQM”, argumentó.

Perivancich adelantó que esperarán la lectura de sentencia —programada para agosto de 2026— para evaluar nuevas acciones:

“Vamos a tener que revisarla íntegramente para estimar si corresponde deducir algún recurso. Por cierto, es un análisis que debe realizarse una vez que tengamos el texto definitivo de la sentencia”, explicó.

En cuanto a los altos costos del juicio, la fiscal defendió la inversión: “Hay un costo asociado a la tramitación, a la gestión del aparato público y al desarrollo de las audiencias. Pero también es importante señalar que durante este proceso se recuperó parte de lo defraudado”.

Y concluyó: “Entendemos que esos montos superan incluso los recursos que se han debido gastar en la ejecución de la tarea de la fiscalía, que es investigar. Es un costo que va asociado a la persecución penal misma, nunca va a ser un costo cero.”