El querellante en la causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende, Raimundo Palamara, criticó en duros términos al fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, por no perseverar en la investigación por presunto tráfico de influencias y fraude al fisco.
Según el Ministerio Público, la determinación se adoptó por no contar con antecedentes que permitan sostener una imputación en el caso.
El abogado, Raimundo Palamara, explicó a BioBioChile que, a su juicio, faltaron diligencias por realizar. En particular, sostuvo que aún deben declarar todos los integrantes del equipo de gabinete de la exsenadora Isabel Allende, ya que solo lo ha hecho Claudio Hurtado.
En ese contexto, lanzó una dura crítica al trabajo del fiscal Patricio Cooper: “Le pesaron más los poderes fácticos que lo jurídico”.
Además, anunció que presentará una ampliación de querella.
Críticas a Patricio Cooper
La causa por la fallida compraventa de la casa del expresidente Allende, ubicada en Guardia Vieja 392, Providencia, se inició de oficio el 8 de enero de 2025 por parte de la Fiscalía Regional de Coquimbo, encabezada por el fiscal Patricio Cooper. Un día después, el 9 de enero, se sumaron las denuncias y acciones de los querellantes.
Pero todo terminó ayer, cuando el Ministerio Público informó este lunes la decisión de no perseverar, argumentando que no existen antecedentes suficientes para formular imputaciones.
“Reunida y analizada la información recopilada durante la investigación, a la fecha no se disponen por ahora de antecedentes que permitan sostener una imputación en contra de sujetos determinados, sin perjuicio de otras informaciones que pudieran surgir”, indicó la fiscalía a través de un comunicado.
El abogado Raimundo Palamara, representante de la Fundación Fuerza Ciudadana y querellante en la arista penal, discrepó de la resolución y acusó falta de trabajo investigativo, además de cuestionar el actuar del fiscal Cooper, a quien responsabiliza de “garantizar impunidad ante hechos graves de corrupción”.
“Nos deja con las manos atadas. Está garantizando (Cooper) la impunidad ante estos hechos graves de corrupción, sepultando sistemáticamente causas relacionadas con la clase gobernante, que a todas luces tienen caracteres de delitos, ratificando el descontento y desconfianza que la ciudadanía tiene respecto a cómo funcionan las instituciones”, afirmó.
“Le pesaron más los poderes fácticos que lo jurídico”
Palamara confirmó a BioBioChile que ya están redactando una ampliación de querella y que recurrirán al fiscal nacional, Ángel Valencia, para solicitar que evalúe el desempeño del fiscal regional.
“Hay antecedentes graves que dan cuenta de un fiscal que no está actuando con la objetividad deseada, pesándole más los poderes fácticos que los jurídicos. Por eso recurriremos ante el fiscal nacional para que, como superior jerárquico, revise la decisión del fiscal Cooper, a fin de agotar todas las instancias que nos otorga la ley”.
“Contrataron un abogado especialmente para que negociara la compraventa de la casa (…) la exsenadora utilizó a su gabinete para presionar esta compraventa que era de carácter personal; presionó hasta al portero del Ministerio”, criticó.
Precisamente, Claudio Hurtado, exjefe de gabinete de la destituida senadora Isabel Allende, alcanzó notoriedad luego de ser señalado por el actual jefe de la División de Función Pública de la Contraloría, quien declaró ante el fiscal regional de Coquimbo que recibió presiones para agilizar el trámite en el ente fiscalizador.
Según esa declaración, las presiones habrían provenido del propio Hurtado, a través de mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas, antecedentes que estarían respaldados por pantallazos incorporados a la investigación penal.
Reacción de la familia Allende
La polémica estalló en enero, luego de conocerse las inhabilidades legales que afectaban a la exsenadora Isabel Allende y a su sobrina, la exministra de Defensa Maya Fernández, para celebrar contratos con el Estado. Ambas enfrentaron consecuencias administrativas, siendo destituidas de sus cargos.
Tras conocerse la decisión de la fiscalía, la familia Allende expresó su conformidad y calificó el proceso como “doloroso”, aunque reafirmó su inocencia:
“Este proceso ha sido doloroso, pero como familia estamos conformes porque la investigación reafirma lo que siempre hemos dicho: que no cometimos ningún delito, que jamás hemos recibido ningún pago y que apoyábamos el proyecto del gobierno de la casa museo Salvador Allende”, señalaron en un comunicado.
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