El fiscal nacional, Ángel Valencia, dijo que no va “a privar” a Fiscalía Nacional de la contratación -como asesor- de José Roa Ramírez, cuñado de su compadre, Álvaro Elizalde, defendiendo sus aptitudes para el cargo.
En diálogo con radio Infinita, el jefe del Ministerio Público fue consultado por la reciente contratación del exdirector del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y de Estadio Seguro, quien venía de ser coordinador de la reforma a las policías en el Ministerio del Interior. Al respecto, apuntó: “No hay reproche de ilegalidad alguno, yo entiendo que tampoco hay reproche ético alguno”.
“José Roa, aparte de ser abogado de la Universidad de Chile, tiene tres maestrías, tiene tres másters. Uno de esos másters es Estrategia de Calidad, y estamos (trabajando con él) en el ámbito de atención a víctimas y testigos de la Fiscalía Nacional”, explicó.
Así, fundamentó la contratación del ahora asesor, quien de acuerdo con datos de Transparencia revisados por BBCL Investiga, se hará con $3 millones al mes por un trabajo de 22 horas semanales.
Finalmente, Valencia aseguró que “yo no voy a privar a la institución, y a consecuencia a todos los chilenos, del aporte de un profesional valioso para una tarea específica, solo porque tiene relación de parentesco con una persona con la que tengo un vínculo de amistad”.
“Si no hay ningún reproche legal ni ético en una contratación de ese tipo, no lo voy a excluir por esa razón, más aún si puede ofrecernos un servicio valioso”, cerró.
Valencia anuncia informe del Ministerio Público por estallido social
Por otra parte, en la entrevista, el fiscal nacional fue consultado por las posibles responsabilidades tras los hechos ocurridos durante el estallido social.
Sobre esto, acotó que “hay investigaciones abiertas respecto de los delitos cometidos en esa época hasta el día de hoy, probablemente se mantengan abiertas durante mucho tiempo”. Agregando que desde la institución preparan un informe al respecto, el que deberá estar listo este año.
“Algo que no he comentado y que puedo anticipar es que la unidad especializada de derechos humanos está realizando un informe, acerca de los hechos ocurridos entre octubre de 2019 y marzo de 2020. Porque nos parece relevante que haya un reporte de toda la actividad realizada por el Ministerio Público durante ese tiempo y cuáles fueron los resultados de las causas iniciales”, explicó.