Los diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por Frank Sauerbaum y los integrantes de la Comisión de Vivienda, Marcia Raphael y Juan Carlos Beltrán, presentaron un proyecto de ley con el objetivo de prevenir que los extranjeros en situación migratoria irregular puedan formalizar contratos de arriendo de bienes raíces.
Esta medida busca poner un freno a la migración irregular y desalentar la llegada de nuevos extranjeros irregulares por pasos no habilitados.
Para este efecto, los arrendatarios extranjeros, al momento de firmar un contrato, deberán adjuntar la certificación que acredite su situación migratoria con una vigencia no superior a los 30 días.
Aquellos que no acaten la nueva normativa podrían enfrentar multas mensuales que oscilan entre 5 y 100 UTM (entre $65.770 a $6.770.000). Respecto de los notarios, se establecen sanciones disciplinarias e incluso la suspensión o exoneración de su empleo.
Esta iniciativa se fundamenta en diversas estadísticas, especialmente las proporcionadas por la PDI. De acuerdo con sus datos, en los dos últimos años, 90 mil migrantes ilegales han ingresado al país.
Además, la Encuesta Casen indica un crecimiento sostenido de la población migrante, que alcanza los 200 mil al año, representando un aumento del 8,7% en relación con la población total.
Según los diputados, se han intentado contrarrestar estas circunstancias otorgando más recursos normativos al Servicio Nacional de Migraciones. Sin embargo, este organismo ha mostrado escaso interés en la expulsión de extranjeros irregulares, enfocándose, en cambio, en sus esfuerzos para regularizar su situación, acusan.
En este contexto, argumentan los diputados RN, los extranjeros en condición irregular se transforman en una preocupación para el Estado, especialmente los que ingresaron por pasos no habilitados.
Esto último, según detallan, se traduce en una “cifra negra cuya magnitud comienza a causar complejidades tanto desde la perspectiva de la construcción de políticas públicas como para enfrentar la penetración de organizaciones criminales transnacionales de alta peligrosidad a nivel mundial”.
Finalmente, los diputados RN afirman que la iniciativa se enmarca en un esfuerzo más amplio por fortalecer las políticas migratorias y de seguridad del país, y no de atentar con los derechos o estigmatizar a los extranjeros.
“Nosotros creemos que hay que ir terminando con estos flancos abiertos que tenemos en el país que son simplemente motivación y argumento para que otras personas sigan llegando al país de manera regular y que no tengan ningún incentivo para poder hacer su ingreso al país a través de los mecanismos que el país ha establecido”, enfatizó el diputado Frank Sauerbaum.
“Quienes no hacen este proceso de acreditación de su estadía en Chile, tenemos la serie sospecha de que evidentemente vienen a delinquir o vienen simplemente a causar daño al país”, agregó el jefe de bancada RN.
“No estamos en condiciones de seguir aceptándolo y hay que terminar con toda esta industria que hoy día está detrás, no solamente trayendo a personas por pasos irregulares sino que también otorgándoles incluso posibilidades de empleo, posibilidades de arriendo en lugares para que se queden y, por lo tanto, tenemos que ir impidiendo que esas situaciones sigan motivando el ingreso clandestino y la llegada de irregulares al país”, concluyó.
En tanto, la diputada Marcia Raphael señaló que “los chilenos queremos que la inmigración sea regular y controlada. Muy distinto a lo que vemos hoy, que es una frontera totalmente descontrolada y expulsiones administrativas inexistentes”.
“La enorme ola migratoria sin duda incide en la política habitacional y en el desorden que se da en ella cuando migrantes irregulares celebran contratos de arriendo. Es por eso que con este proyecto esperamos controlar esta situación y dejar claro que Chile no está disponible para seguir siendo terreno fértil para los inmigrantes irregulares”, fustigó.
Por último, el diputado Juan Carlos Beltrán mostró su confianza en que “creemos que este proyecto de ley ayudará a combatir la migración irregular y el arriendo ilegal. Son innumerables los casos en que hemos visto bandas organizadas que tienen sus centros de operaciones en inmuebles ocupados ilegalmente o bien que obviamente no cuentan con un contrato formal”.
“Este proyecto busca regular este vacío legal y establecer reglas claras para el migrante que desee arrendar, entregando su situación migratoria al día, y también advertirle a los notarios, que si no cumplen con toda la legalidad de los requisitos legales, pueden incluso ser suspendidos de sus funciones”, cerró.
