“No quiero hablar mal de los giles, pero el ministro Gil los representa muy adecuadamente”. Así de contundente fue la respuesta del exministro de Relaciones Exteriores de Michelle Bachelet, Mariano Fernández, al canciller venezolano tras sus polémicas declaraciones.
Las desavenencias entre Chile y Venezuela se recrudecieron este lunes, luego que Yvan Gil negara la existencia del Tren del Aragua —peligrosa banda criminal con presencia en nuestro país y otras zonas del continente— y asegurara que sus presuntos integrantes aparecen en videos “con acento chileno”.
Estos dichos provocaron la ira no sólo de la oposición, que incluso pidió romper las relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro, sino también de La Moneda. La ministra del Interior, Carolina Tohá, los calificó como “un insulto al pueblo de Chile y a los pueblos de Latinoamérica”.
Pero la molestia del Gobierno fue más allá de las palabras. El presidente Gabriel Boric decidió llamar a consultas al embajador en Venezuela, Jaime Gazmuri, para recabar mayores antecedentes y “tomar todas las acciones necesarias ante el gobierno venezolano y ante organismos internacionales”.
Y cuando la tensión desbordaba el escenario político, otro golpe fue acertado a la relación bilateral entre ambos países. El fiscal Héctor Barros, al mando de la investigación por la muerte del exteniente Ronald Ojeda, afirmó que todo apunta a que el crimen fue orquestado desde Venezuela.
Tras ello, Boric exigió toda la colaboración a su homólogo —con quien no ha hablado personalmente durante sus dos años de mandato— para capturar a los sospechosos del secuestro y posterior homicidio del exuniformado venezolano.
La provocación a Chile
Sorpresa generó hace casi un año el nombramiento de Jaime Gazmuri como embajador en Venezuela, ya que desde 2018 sólo había un encargado de negocios en aquel país.
Si bien Gabriel Boric conservó su línea crítica respecto al gobierno de Nicolás Maduro, la relación diplomática dio algunos pasos adelante. Esto se tradujo en un convenio para intercambiar información policial, el cual fue firmado por el subsecretario Manuel Monsalve en enero pasado.
Sin embargo, un hecho de sangre frenó abruptamente este vínculo: el asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda en suelo chileno. Las teorías eran varias, desde una intervención del crimen organizado hasta la planificación del régimen chavista, aunque esta última ha tomado mayor fuerza en medio de la investigación.
Y si esto fuera poco, dos meses después se volvería a tensar el ambiente producto de una controvertida declaración. “El Tren de Aragua es una ficción creada por la mediática internacional”, señaló el canciller Yvan Gil, desconociendo los crímenes de una organización que ha cometido brutales delitos en Chile y otros rincones de Latinoamérica.
Siguiendo la misma línea, la autoridad venezolana indicó que existen videos de personas que dicen pertenecer a esta agrupación “con acento chileno”, lo que fue la gota que rebalsó el vaso.
Samuel Fernández, analista internacional de la Universidad Central, sostiene que “resulta extemporáneo, temerario y distrae la atención de lo principal, que es la elección presidencial. Maduro no tiene adversarios y está haciendo lo que todos sabemos para asegurarse el poder. Es una maniobra distractiva para centrar la discusión en otro tema”.
Cabe recordar que el próximo 28 de julio se llevarán a cabo los comicios para el período 2025-3031 en Venezuela. La principal carta opositora, María Corina Machado, fue vetada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que se han levantado serias sospechas sobre las condiciones democráticas del proceso.
Por su parte, Gilberto Aranda, académico del Instituto de Estudios Internacionales (IEI) de la Universidad de Chile, asevera que los dichos de Gil son “una manera de provocar a Chile, porque el Gobierno ha manifestado que no está de acuerdo con el desarrollo de la convivencia política al interior de Venezuela”.
Asimismo, explica que hay una serie de condiciones que permiten este tipo de cuñas incendiarias. “Venezuela está menos frágil que hace cinco o seis años. La inflación ha retrocedido, las sanciones de Estados Unidos se han relajado y las relaciones con Rusia e Irán se han fortalecido”, enumera.
El llamado a consultas por Gil
La teoría de Gil no dejó indiferente al presidente Boric, quien la tildó de “un grave insulto” a las víctimas de la banda originaria de Venezuela. En ese sentido, decidió llamar a consultas al embajador Gazmuri, por lo que el representante chileno debió aterrizar en nuestro país este viernes.
Esta medida ya la había tomado en octubre del año pasado con el embajador en Israel, Jorge Carvajal, tras condenar la arremetida militar del gobierno de Benjamín Netanyahu en la Franja de Gaza.
Gilberto Aranda esclarece que en el lenguaje diplomático hay distintas formas de manifestar molestia con otro país. La primera manera sería llamar al representante chileno en su lugar de trabajo y decirle que no se está conforme con una determinada actitud de las autoridades locales.
“Una segunda manera más fuerte que la anterior es llamar a consultas, con lo cual dejo la embajada sin el titular de la misión diplomática durante un tiempo. Esto puede extenderse por un tiempo no muy largo o algo más, pero claramente es una señal de diferencia política”, describe el experto, agregando que la última instancia es romper relaciones diplomáticas.
La decisión del mandatario fue aprobada íntegramente por el Congreso. El diputado Tomás De Rementería (PS), presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, aseguró que Venezuela se ha convertido en un problema para la seguridad de Chile.
“No aceptan los vuelos de repatriación, no aceptan entregar información y no firman el convenio que se comprometieron a firmar”, detalló. Con esto último apunta a que aún no se nombra a la contraparte venezolana en el acuerdo policial, por lo que el documento suscrito no se encuentra vigente.
En tanto, la diputada Carmen Hertz (PC) declaró escuetamente que “ante los dichos temerarios del canciller de Venezuela de negar la existencia del Tren de Aragua, es una decisión absolutamente correcta”.
Desde la oposición, Diego Schalper (RN) celebró el llamado a consultas a Gazmuri, pero reprochó que “se llega tarde. Se lo planteamos hace una semana, cuando se suscitó el episodio del teniente Ojeda en un canal colombiano y cuando se ha venido suscitando el verdadero fraude electoral que está llevando adelante el régimen de Maduro”.
¿Romper relaciones con Venezuela?
A pesar de la decisión de Gabriel Boric, algunos parlamentarios pidieron evaluar derechamente cortar toda relación de carácter diplomático con Venezuela tras los dichos del canciller Yvan Gil.
Y los cuestionamientos no sólo provinieron de la oposición, sino también de las huestes oficialistas. El diputado Raúl Soto (PPD) pidió al subsecretario Monsalve que “tome ese acuerdito que no ha servido para nada que firmó con Venezuela, lo rompa y lo bote a la basura, o que nos demuestre para qué ha servido”.
“Se acerca el momento donde el Gobierno tendrá que evaluar si es conveniente o no para los intereses de Chile mantener relaciones diplomáticas abiertas con un régimen que no es democrático y que miente al continente respecto a sus delincuentes”, añadió.
El académico Gilberto Aranda afirma que cada decisión debe tomarse en forma proporcional al agravio del otro país. Por ejemplo, comparó la situación con la invasión de la policía ecuatoriana a la Embajada de México para detener al exvicepresidente Jorge Glas, explicando que en ese caso “se superó el derecho internacional de una forma tan evidente que se cortaron las relaciones”.
“Me parece que el Gobierno ha sido cauto en dejar muy en claro la desavenencia que hay con Venezuela sin llegar a cortar relaciones. Es proporcional a lo que ha estado pasando. Si esto ocurre de nuevo o si escala en decibeles, se podría pensar en eso, pero es importante hacer la gradación”, opina respecto a Chile.
Ahora, la escalada podría darse con el caso del exteniente Ronald Ojeda. A dos meses del crimen, el fiscal Héctor Barros sostuvo que la tesis más plausible es que todo se haya planificado desde Venezuela, lo que podría poner la lápida a la relación bilateral que se ha mantenido en el último año.
“No puede ser que la solución sea conversar con los asesinos. No puede ser que la solución de esto sea seguir insistiendo en vías diplomáticas donde Venezuela le está viendo la cara al gobierno chileno”, apuntó el senador Javier Macaya, presidente de la UDI.
Desde el Partido Socialista, el diputado De Rementería pidió que los sospechosos del homicidio sean extraditados y que el Ministerio Público venezolano entregue toda la asistencia judicial posible. Si no se dan estas condiciones, enfatizó que “el único camino a seguir que tiene Chile es romper relaciones y expresar su molestia en cada foro internacional”.
Finalmente, ante estos dos hechos que se apoderaron de la agenda pública esta semana, se pone en duda la firma de nuevos convenios con Venezuela.
El exministro del Interior de Michelle Bachelet, Jorge Burgos, considera que el acuerdo firmado por el subsecretario Monsalve en enero pasado “se hizo de parte de Chile de buena fe. Si no ha servido para nada, hay que denunciarlo unilateralmente, pero no haría un juicio de reproche por la decisión del Gobierno se hacer buscado alternativas jurídicas contra el delito”.
Para el analista Samuel Fernández la cosa es clara. “Difícilmente se puede confiar como país en que nuevos acuerdos van a ser cumplidos. hay que ver si ese acuerdo empieza a cumplirse y, a partir de ahí, evaluar si vale la pena o si hay capacidad de pactar nuevos acuerdos. Si este no funciona, tampoco van a funcionar los que vengan”, cierra.
