Tras el fallo del Tribunal Constitucional, que dejó sin mutualización a la ley corta de isapres, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, insistió en que el Gobierno no considera válido el mecanismo. Mientras tanto, la oposición hizo énfasis en que el Ejecutivo debe reintegrar la mutualización o buscar otro mecanismo que le de viabilidad al sistema.

Esta semana se sumó una nueva discusión en torno a la ley corta de isapres. Esto, porque el Tribunal Constitucional (TC) acogió el requerimiento que hizo un grupo de senadores oficialistas para impedir la aplicación de la mutualización en dicho proyecto.

Recordemos que se trataba de un mecanismo que reducía el cálculo de la deuda de las isapres con sus asegurados a US$451 millones, menos de la mitad de lo que ha aproximado la Superintendencia de Salud.

El TC determinó que la mutualización es una materia de seguridad social, por lo que se trataría de una iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Esto abrió un debate en La Moneda: incluir o no una indicación para mitigar el efecto del fallo.

Ante eso, la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, insistió en que el Ministerio de Salud no considera válido el mecanismo y que esperarán el avance legislativo de la ley corta.

Mutualización de riesgo en ley corta de isapres

Sin embargo, en la oposición han insistido en que el Gobierno debe entregar una solución, ya sea a través de la reincorporación de la mutualización -mediante una indicación- u otro mecanismo.

En esa línea, el diputado republicano e integrante de la comisión de Salud de la Cámara, Agustín Romero, llamó al Ejecutivo a “hacerle caso a los expertos”, haciendo referencia al grupo de expertos convocados por la Comisión de Salud del Senado.

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El senador de la comisión de Salud, Juan Luis Castro, indicó que -en lo que resta de la tramitación de la ley corta- hay dos oportunidades “claves” para la contención de costos en el sistema de las isapres.

Según informó La Tercera, el Gobierno estaría evaluando otras opciones. Una de ellas iría en línea con una propuesta planteada por la diputada de Demócratas, Joanna Pérez, que consiste en que a los afiliados se les pueda pagar la deuda en acciones de isapres, y si es que no las tienen, en bonos.