Controversia y discusión generó el anuncio del Gobierno respecto al levantamiento parcial del Informe Valech, pero ¿qué es? ¿cómo se originó y cuál es su objetivo?
En los últimos días se generó debate respecto a si se debe levantar, o no, el secreto del Informe Valech, tal como lo planteó recientemente el presidente Gabriel Boric.
Esta jornada el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, confirmó que el Gobierno propondrá un levantamiento parcial a fin de trazar trayectoria de los detenidos desaparecidos en dictadura.
Lo anterior, en el contexto de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y también en el marco del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia impulsado por el Ejecutivo.
De esta forma, según explicó el ministro Cordero, el levantamiento de la información se realizará de forma reservada y con el consentimiento de las víctimas.
Chile con memoria y con futuro para que nunca más🌹
A #50AñosDelGolpe de Estado, presentamos una agenda legislativa en derechos humanos para avanzar en verdad, justicia, reparación y no repetición. Cinco proyectos de ley para que Chile, las personas y sus familias vivan en… pic.twitter.com/yneRMZvzo2
— Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) September 5, 2023
Pero ¿qué es el Informe Valech?
La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, también conocida como Comisión Valech, se creó con la finalidad de esclarecer la identidad de las personas que sufrieron privación de libertad y torturas durante la dictadura encabezada por Augusto Pinochet.
Pero ¿cuál es el origen? A través del Decreto Supremo Nº 1.040, el pasado 26 de septiembre de 2003, el expresidente Ricardo Lagos dispuso la creación que tendría calidad de órgano asesor.
“Que, cualquier intento de solución del problema de los DD.HH en Chile obliga a dar una mirada global a las violaciones de los derechos esenciales de la persona humana y a reconocer a las víctimas de dichas violaciones”, se lee en dicho decreto.
Cabe mencionar que en el documento, que contiene más de 630 páginas, existe un título sobre el resguardo y confidencialidad de la información recibida.
Esto porque, entre los más de 35 mil testimonios, se detallan crímenes de lesa humanidad en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.
Entre los delitos cometidos por agentes del Estado está la tortura, secuestro calificado, homicidio, violación, desaparición forzada, inhumación ilegal, entre otros.
La postura divida entre oposición y oficialismo
El anuncio del Gobierno dejó distintas opiniones. Desde la oposición, el diputado Diego Schalper (RN) dijo que se ve “un riesgo muy latente de poder violentar la intimidad de ciertas personas que han prestado su declaración bajo la premisa de que va a ser secreto”.
Agregando que tiene “la sensación jurídicamente de que una voluntad de esa naturaleza no es heredable y no es delegable”.
Desde su par de oposición, el republicano Johannes Kaiser comentó que quien quiera hacer público su testimonio puede hacerlo y que “no existe una obligación de secreto para las personas que hayan testificado en Valech”.
“El Estado tiene que cumplir las promesas que le hace a la gente, no importa que cambien los gobiernos”, concluyó.
Por el contrario, desde el oficialismo, la diputada Carmen Hertz (PC) valoró lo anunciado por el Ejecutivo y aseguró que no es cierto “que a las víctimas se les haya garantizado secreto”.
Esto porque “tiene que ver con el conjunto de la sociedad y mantener secreto sobre esto es contrario a los estándares internacionales porque equivale a un verdadero pacto de silencio”.
En la misma línea, el senador y nuevo presidente del PPD, Jaime Quintana, sostuvo que el Gobierno lo planteó de buena manera “en el sentido que prevalezca siempre el respeto a la opinión de las víctimas”.
“El poder compartir esta información puede contribuir y alinearse con el Plan de Búsqueda y facilitar los procesos”, finalizó.
