Un escudo que no protege, pero oprime

El pacto político de la derecha de América

José Antonio Kast, sin haber asumido el mando, viajó a Estados Unidos para la ceremonia de Trump sobre el “Escudo de las Américas” y aunque lo dejaron en una esquina de la segunda fila, se sintió protagonista de un pacto político que lo interpretaba perfectamente.

Como presidente, aprovechando su viaje a las Naciones Unidas, participó en una nueva reunión en la que anunció –no sé si en inglés o en castellano– que su gobierno adhiere a ese pacto. No se lo dijo a nadie antes, simplemente lo hizo, dejando estupefactos a los integrantes de la delegación nacional a la ONU.

Muchos nos oponemos a esta alianza política, porque su aplicación conlleva peligros, riesgos y afectaciones severas a la soberanía.

Cuando Chile votó contra la petición de Estados Unidos para invadir Irak mostró su dignidad. Eso hoy se olvida y Chile acepta ser el último rincón del patio trasero.

El contenido del pacto

¿En qué consiste este pacto y por qué nos oponemos?

Se nos ha dicho que es un pacto para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado ligado a esa faceta “empresarial”. Si todo quedara allí, en una especie de acuerdo policial para detener a los productores, comercializadores y distribuidores al detalle de las drogas, podría pasar suavemente incluso en una discusión en el Congreso Nacional. Pero sabemos que no es así. Y por eso muchos nos oponemos.

Esos pactos a los que aluden, ya existen y lo han recordado muchos analistas. Hay conexión entre las policías, acuerdos fronterizos, pactos de extradición, coordinación de las fiscalías. De hecho, pandilleros organizados, responsables del asesinato de Ojeda, el militar venezolano, ya han sido extraditados.

El compromiso adquirido con otros países es un intento de coordinar acciones en variados sentidos, lo que ha sido explicado por los creadores del pacto y refrendado por los demás adherentes políticos. No es un acuerdo para combatir el delito. Es un acuerdo económico, militar, político, diplomático, para combatir a quienes a juicio de Donald Trump y las cúpulas del poder establecido en Estados Unidos, ponen en peligro la soberanía del continente.

Definido como un “marco de coordinación voluntaria entre gobiernos americanos que permitirá combatir con mayor eficacia el crimen organizado transnacional”, se calla toda la “letra chica” que va junto a eso.

Riesgos evidentes

Indudablemente, eso significa poner los sistemas de inteligencia de cada país en un esquema centralizado, manejado desde el país del norte. Entre otras cosas, eso implicará un diferente control de fronteras que, si bien puede ser más eficiente, obligará a poner a las fuerzas armadas y policiales a disposición de un “coordinador” común.

Me pregunto si es necesario ese acuerdo al amparo de Estados Unidos para tomar decisiones de coordinación con los países limítrofes. El cuidado de las fronteras comunes podría hacerse sin necesidad de un patrón externo, bastaría con disponer mecanismos comunes de control, cautelando la soberanía territorial de cada uno.

Los chilenos tenemos derecho a preguntarnos si acaso los procedimientos seguidos por el gobierno de Trump serán los que se aplicarán en el combate a la delincuencia vinculada al narcotráfico. Estoy aludiendo a los ataques a lanchas y embarcaciones de otro tipo que fueron atacadas –destruidas– por la Armada de EE.UU., simplemente “bajo la sospecha” de estar traficando drogas. Decenas, tal vez cientos de muertos en ejecuciones completamente ilegales, sin ninguna prueba de la existencia de delitos y sin ninguna proporcionalidad en las medidas que se tomó.

¿Eso es lo que viene ahora? ¿A ese esquema ético se suma Chile? ¿Actuar bajo una autogenerada sospecha de que otro es peligroso y puede ser impune y salvajemente asesinado?

Expertos del mundo han dicho que, mientras más se usan estos métodos de violencia sin límite, más se fortalecen las organizaciones criminales. Los hechos de México en estos últimos años van en abono de este argumento.

Los temas del acuerdo

Mientras el gobierno de Chile entrega este comunicado de tonos policiales, el Departamento de Estado (equivalente a nuestra Cancillería) de Estados Unidos informa del acuerdo alcanzado, aludiendo a aspectos que Kast calla, como “el control de inversiones, la salvaguarda de cadenas de suministro de minerales críticos y normativa sobre provisión de infraestructura digital”. 

Para mayor claridad, leamos las palabras de Marco Rubio: “Pero no se trata únicamente de la delincuencia transnacional. Sin duda, esa es la piedra angular de lo que estamos haciendo juntos. Se trata también de las oportunidades de colaborar en los ámbitos económico y diplomático para hablar con una sola voz, al unísono, sobre cuestiones que nos unen, y para poder, por ejemplo, votar de forma coordinada en los foros internacionales y aunar nuestros recursos diplomáticos con el fin de actuar de manera concertada en defensa de los intereses comunes que compartimos”.

Es decir, condicionar las decisiones soberanas de cada país a acciones definidas políticamente por otros. Así, se limita la soberanía nacional a lo que otros puedan decidir.

Chile, encabezado por Kast, acepta someterse a las decisiones de otros Estados y otros gobernantes, dejando en claro que son más importantes las alianzas de intereses políticos y la defensa de un sistema económico y social que garantiza el poder real a ciertos sectores de la sociedad, que los intereses reales de una comunidad viva y activa.

Los partidos derecha hoy, como ayer lo hicieron los partidos ligados a acuerdos amparados por Moscú, olvidan la importancia de las personas y de las comunidades de cada país, para dar paso a consensos sectoriales internacionales que no cautelan la soberanía sino las ideologías e intereses.

¿Cuáles serán las reglas y los límites de este pacto político?

La pregunta tiene sentido cuando los gestores del acuerdo se refieren específicamente a la aplicación en relación con el “Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca” de 1947, un acuerdo militar nacido en el marco de la Guerra Fría y que tiene como objetivo la protección de las ideologías gobernantes en aquel entonces, con “el comunismo”, o la intromisión de potencias extracontinentales en los asuntos propios de América.

Tal tratado propone y valida la intervención militar en cualquier país americano cuando se corran los riesgos temidos, como ha sucedido con las invasiones de Estados Unidos a varios países de América Central y el Caribe. Lo mismo vale para las acciones políticas usadas para desestabilizar y en definitiva derrocar al gobierno de Salvador Allende. Ese tratado, sustentado en la doctrina de la Seguridad Nacional, fue el marco ético y jurídico de las dictaduras militares de América Latina, que se iniciaron en la década de los años 50 en Paraguay y Argentina, para luego extenderse e imponerse en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador. El mismo pacto sirvió para validar el acuerdo colombiano que aseguraba alternancia entre los partidos de la derecha.

¿Se trata ahora de reactivarlo? Trump lo dejó en claro al señalar que, con este acuerdo, se vuelve a la formación de militares del continente por parte de Estados Unidos, como ha ocurrido durante años, primero en Panamá y luego en West Point. A buen entendedor, pocas palabras: “Estados Unidos entrenará y movilizará las fuerzas militares de naciones aliadas para lograr las más efectivas fuerzas de combate”.

Las dudas que surgen

El tema es el sometimiento de los gobiernos y el riesgo que representaría para el país -actual firmante- que un futuro gobierno decida retirarse.

Cito a Edgardo Riveros, experto internacional y exsubsecretario de Relaciones Exteriores de Chile: “Los detalles también ayudan a comprender bajo que parámetros actúa Estados Unidos y la subordinación impuesta a quienes participan en el acuerdo. El texto en idioma español entregado por el Departamento de Estado, no obstante ser ese el idioma oficial de doce de los quince Estados que concurren al acuerdo, deja establecido expresamente que es una traducción oficiosa (una cortesía) y que el texto fidedigno es la fuente original en inglés”.

No hay respeto ni consideración, ni siquiera formal, para con los que adhieren a tan pesado escudo.

La duda que me asalta es si acaso Kast no sabía lo que firmaba porque el documento estaba en inglés, no entendía de qué se trataba o simplemente miente cuando expone la versión limitada que entregó a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Y qué dijeron sus asesores? ¿No tienen nada que aportar? ¿No le hicieron ver todo lo que significaba lo que estaba firmando tan contento? ¿Chile, entonces, va a defender la mentada “soberanía hemisférica” o la soberanía nacional?

Si es que Kast entendió lo que leyó (supongo que al menos lo leyó) cabe preguntarse a quién cree que puede engañar con sus palabras, cuando para casi todos resulta perfectamente clara la naturaleza de este acuerdo, que, por si alguien no entendía, Rubio lo ha dicho con total precisión.

¿A dónde va el pacto?

La aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca que he mencionado, exigirá alejar del continente a países de otras latitudes que quieran invertir o profundizar sus relaciones comerciales, económicas, diplomáticas, académicas, científicas o militares, más aún si en esos países hay gobiernos que sostienen ideologías que se consideran peligrosas. Por ejemplo, debemos entender, China gobernada por el Partido Comunista.

Todo esto significa excluir inversiones de otros países –en especial de China– en áreas sensibles, vetar a proveedores como China y entregar acceso privilegiado a todos los minerales, incluidos el cobre, el litio y las llamadas tierras raras a Estados Unidos.

Se trata, entonces, de establecer una relación de privilegio e incluso de exclusividad con Estados Unidos, aceptando los términos que nos imponga esa potencia, para la que no valen ni los tratados. Está a la vista con la grosera violación que comete contra el Tratado de Libre Comercio suscrito en época de Ricardo Lagos, al establecer aranceles unilateralmente.

¿Cómo opera este pacto en la vida interna de los países? ¿Chile deberá pedir permiso cada vez que haya una solicitud de inversiones extranjeras en el país? ¿A quién? ¿A Estados Unidos o a todos los firmantes del pacto?

¿Se requerirá unanimidad o bastarán mayorías? ¿No es esto afectar la soberanía del país en beneficio de la mentada seguridad hemisférica? ¿No significa esto llegar al argumento ridículo de crear más burocracia para los inversionistas, ahora incorporando a otros Estados? Tan pesado escudo tal vez no se pueda portar por sus usuarios y termine aplastándolos.