El proyecto considera, hasta ahora, que el delito de toma o usurpación de propiedad, se considerará como de ejecución permanente.

Esta jornada se discute el proyecto de ley de Usurpaciones, la que podría ser enviada por el oficialismo al Tribunal Constitucional si se aprueba tal como está, advirtió la diputada del Partido Comunista, Alejandra Placencia. Incluso, el Ejecutivo podría aplicar veto presidencial.

Y es que en sectores de izquierda no ven con buenos ojos algunos detalles que incluye el proyecto, como que el delito de usurpación tenga la calidad de delito en ejecución permanente -como es el caso del secuestro- por lo que la flagrancia de la apropiación de una casa, terreno o departamento no caducaría.

Esta característica, según parlamentarios oficialistas, significaría que la legítima defensa privilegiada, que es la capacidad de la persona que está afectada por esta usurpación de defenderse, se pueda aplicar durante todo el periodo que dure dicho delito. Elementos que configuran la llamanda autotutela, es decir que los propietarios podrían defender sus terrenos por mano propia, lo que podría derivar en enfretamientos armados y eventuales asesinatos entre civiles.

Preocupación que se tomó urgencia durante las últimas horas, luego de que en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados -de mayoría opositora a Gobierno- se alcanzara el acuerdo de trabajar hasta despachar el proyecto, lo que fue explicado por el diputado de Renovación Nacional, Arturo Longton.

“El lunes va a quedar listo para ser despachado a la sala (el proyecto de ley de usurpaciones) para que pueda ser votado. No se llegó a acuerdo con el Ejecutivo, principalmente porque ellos están por mantener todo más o menos igual a lo que está hoy día, con penas de multa. Nosotros estamos por mantener las penas de cárcel que dejó el Senado y la flagrancia permanente para que los carabineros y las policías puedan ir a desalojar los terrenos que están usurpados”, aseguró el parlamentario de oposición.

Otra de las materias que preocupa a los parlamentarios de oficialismo es la aplicación de la norma en diferentes territorios, considerando que la ley nació en respuesta a la toma de terrenos que se vive en la macrozona sur. Precisamente Alejandra Placencia aseguró que la norma necesita cambios y que de no existirlos, incluso el Ejecutivo podría aplicar veto presidencial.

“Hasta ahora no ha sido posible aunar criterios con la derecha en la ley de usurpaciones. Están empecinados en criminalizar la pobreza y propiciar la violencia entre civiles. Como parlamentarios y parlamentarias no descartamos acudir al Tribunal Constitucional. Es materia del Ejecutivo resolver si corresponde ingresar un veto“, aseguró la parlamentaria comunista.

Por otro lado, el diputado independiente PPD, Jaime Araya, no estan pesimista respecto de la discusión parlamentaria y asegura que aún hay espacio para que en la última sesión de la Comisión de Seguridad se puedan destrabar algunas diferencias fundamentales.

“Yo espero que sea una señal clara de que se va a arribar a un buen acuerdo para solucionar el grave problema que está generando la tramitación de la ley de usurpaciones. Hasta ahora se ha probado la flagrancia y la legítima defensa y eso, la verdad de las cosas, hay que decirlo con claridad, es el arribo de la autotutela y la consideración de la autotutela en nuestro ordenamiento jurídico y eso me parece que es absolutamente inaceptable”, comentó Araya.

Con todo, el espacio para llegar a acuerdo pareciera haber pasado y los parlamentarios de oposición responsabilizan a la ministra del Interior, Carolina Tohá y a su equipo de asesores por llegar tarde, y no propender al diálogo.