Este viernes, el Pleno de la Corte Suprema acordó implementar un mecanismo de recopilación de información respecto de procesos en que se investigan hechos constitutivos de violación a Derechos Humanos perpetrados por agentes del Estado desde octubre de 2019 a la fecha.
Para tales efectos, este deberá considerar los antecedentes que otros actores del sistema de justicia con injerencia en este ámbito tienen al respecto, como el Ministerio Público, la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“Este iniciativa se enmarca en el documento ‘propuestas de acciones posibles de adoptar por el Poder Judicial respecto a casos de violaciones de Derechos Humanos cometidos en el contexto del estallido social’, elaborado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema”, indicaron desde el máximo tribunal.
“Desde inicios de las protestas sociales de octubre de 2019, diversas instituciones e instancias han mostrado su preocupación por los hechos de violencia y, en particular, sobre situaciones vinculadas a violaciones a los Derechos Humanos”, comentó por su parte la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, al dar a conocer esta resolución.
“La Corte decidió implementar la iniciativa propuesta considerando las recomendaciones dadas por los organismos mencionados, coherente con la postura que el Poder Judicial ha asumido como órgano preocupado por la visibilización y prosecución de dichas causas judiciales”, añadió la ministra.
La decisión se adoptó con prevenciones y un voto en contra, cuyos términos están contenidos en la resolución.
