En abril del presente año, el Consejo para la Transparencia (CPLT) cumple 15 años de existencia, y ello hace relevante recordar para qué contamos con este organismo autónomo en el Estado, qué nos ha aportado y cuáles son sus principales desafíos.
En simple, el CPLT tiene la misión de garantizar y promover el derecho de acceso a la información pública, fiscalizar a los órganos de la administración y aplicar las sanciones que correspondan.
Pero en la práctica ¿Cómo garantiza este derecho? Conociendo y decidiendo los casos de amparos y reclamos que las personas le presentan (sin necesidad de contar con abogado), cuando un servicio de la administración deniega o contesta parcialmente una solicitud de acceso a información (SAI), o bien, cuando no cumplen las obligaciones de transparencia activa, respectivamente.
Portal de transparencia y procesos sancionatorios
Al respecto, se hace interesante observar algunos datos obtenidos en su mayoría desde el Portal de Transparencia del Estado. Esta herramienta fue creada el 2013 y administrada por el CPLT desde un inicio, y ha sido fundamental en la implementación de la Ley de Transparencia y la masificación de su uso.
Ello por cuanto es una ventanilla en la que se centraliza el ingreso de SAI, amparos, reclamos y en la que se puede consultar transparencia activa, que no siendo de uso obligatorio para los órganos de la Administración, es usada por la inmensa mayoría de estos.
De hecho, el año 2023 fue visitada en más de 7,5 millones de ocasiones por la ciudadanía, cifra que alcanza los más de 40 millones si se considera desde la fecha de su creación.
En 2013, las SAI que se dirigieron a los órganos de la Administración fueron 2834, cifra que en 2018 ascendió a 207.348, lo que significa un aumento de más de un 7000% en 5 años.
Más tarde, en 2023, se realizaron 302.948 SAI, lo que implica una crecida de casi un 50% en los siguientes 5 años. Además, si sumamos todas las SAI realizadas desde 2013 a 2023, llegamos a la exorbitante cifra de 1.835.616 en 11 años, lo que refleja una avidez creciente de la ciudadanía por información.
Si analizamos los casos de amparos y reclamos en el mismo período de tiempo, veremos una evolución similar. En 2013 se recibió un total de 2320 casos, cifra que, en 2018, alcanzó los 6.679, triplicando el número de casos en 5 años.
En 2023, los casos presentados ante el CPLT fueron 13.782, es decir, un aumento de más del doble pasados 5 años. Adicionalmente, si consideramos que entre 2013 y 2023 se conocieron por el CPLT 82.829 casos, se confirma lo dicho: el sistema se usa cada vez más.
Ahora, respecto de los procesos sancionatorios iniciados por el CPLT por infracción a la Ley de Transparencia, observaremos que en 2013 fueron 96, cifra que en 2023 ascendió a 143, lo que significa un aumento de casi un 50% en 11 años. Asimismo, si atendemos al período 2013-2023 el total de procesos sancionatorios iniciados fue de 576.
Cómo el CPLT promueve el derecho de acceso
Nuevamente vamos a los datos: entre ciudadanos y funcionarios públicos en 2013 capacitó a 881 personas, cifra que en 2023 ascendió a 12.566, significando un aumento de más de un 1300% en 11 años. A su vez, la cifra agregada para el período 2013-2023 es de 79.738 personas, lo cual es destacable considerando el presupuesto y número de funcionarios acotado del CPLT.
Son justamente estos datos, los que hoy, 15 años después, nos permiten hacer una evaluación de la Ley de Transparencia, evidenciando un creciente uso de sus mecanismos de acceso a la información y reafirmando la necesidad de contar con un órgano garante como el CPLT.
Sin embargo, hay desafíos pendientes, muchos de los cuales pueden abordarse en el proyecto de ley de “Transparencia 2.0” que se tramita en el Congreso Nacional desde el 2018.
Debemos proteger la autonomía del CPLT; incorporar al régimen general de transparencia a todos los órganos del Estado, acabando con los regímenes especiales y atenuados de los poderes legislativo y judicial y ciertos órganos autónomos constitucionales; incorporar nuevos sujetos obligados, especialmente, entidades de derecho privado que reciben fondos públicos; fortalecer la transparencia activa, propendiendo a transformarla en el mecanismo principal para el acceso a la información pública; entre otros.
Hacia allá tenemos que avanzar en los próximos 5 años.
No hay que olvidar que gracias a la transparencia se han podido descubrir muchos de los casos de corrupción que el país ha sufrido. No esperemos que llegue otro que nos lo recuerde.
