Que Briones crea que las organizaciones sindicales del sector público son un obstáculo, da cuenta de su limitada visión.
Una vez más, esta vez, en Radio Bio Bio, el ex Ministro de Hacienda del Gobierno de Sebastián Piñera sostiene: “No puedes sacar a nadie del Estado. No hay progresión por mérito, no hay ni evaluaciones”. Con dichas declaraciones Briones retoma sus ataques a las y los funcionarios públicos, al empleo y la función pública. Esta actitud no es nueva, pues el año 2023, en su columna titulada “¿Modernizar el Estado?, declara una serie de afirmaciones que, como Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, ANEF, rechazamos categóricamente.
Su tesis ya desarrollada en la columna antes citada, parte de la errónea premisa de que la principal dificultad del proceso de modernización del Estado chileno, es la supuesta rigidez de la legislación estatutaria que regula a las y los funcionarios públicos y que impide removerlos de su cargo.
Es más, atribuye a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República y la Excelentísima Corte Suprema el hecho de que “han extendido, de facto, a los trabajadores a contratas y honorarios”, refiriéndose a la duración de su relación laboral.
Por supuesto, lo que Briones no menciona, es que el criterio para instaurar el Principio de Confianza Legítima, por parte de la jurisprudencia, dice relación con la enorme precariedad laboral que las y los funcionarios a contrata sufren, al tener que renovarse año a año su empleo.
Fue por este motivo que la Contraloría y la Corte Suprema aumentaron el estándar de desvinculación y fijaron el plazo de dos años paras entender que dicha relación laboral se entendía indefinida y que, de mediar una falta de renovación, el acto administrativo debía estar debidamente fundado.
A su vez, la jurisprudencia judicial que ha condenado a cientos de servicios al pago de indemnizaciones por años de servicio y sustitutiva del aviso previo mediante la tramitación, a través del procedimiento ordinario laboral, dan cuenta del reconocimiento del vínculo laboral indefinido de cientos de trabajadores que, no obstante su calidad de supuestos honorarios es en realidad, la de trabajadores dependientes del Estado.
Si a estos criterios se suma la aplicación del Procedimiento de Tutela de Derechos Fundamentales también regulado por el Código del Trabajo, cuya aprobación por parte del Congreso fue transversal a fin de que los trabajadores y trabajadoras del Estado tuvieran un procedimiento para denunciar la vulneración de sus derechos fundamentales, esto da cuenta y demuestra que, a diferencia de lo que plantea Briones, en términos de la supuesta inamovilidad de las y los funcionarios en su empleo, como piedra de tope, es totalmente incorrecta.
Un mal empleador
Todo lo contrario, tuvo que ser la jurisprudencia y luego el legislador (en el caso de la Tutela) los que establecieran mecanismos de protección para las y los funcionarios públicos, lo que evidencia una conclusión inequívoca: el Estado no ha sido un buen empleador.
Esta conclusión se sustenta, a su vez, en el pago de miles de millones de pesos en indemnizaciones o cientos de reincorporaciones donde la Contraloría o las Cortes han dejado sin efecto desvinculaciones por vulneración de normas esenciales del derecho en perjuicio de sus trabajadores.
Por supuesto, Briones ignora u omite esta realidad, a fin de responsabilizar al precario modelo de empleo público, como principal obstáculo de su visión de modernización del Estado y una inamovilidad inexistente.
Un verdadero proceso de modernización, efectivamente debe tener por objeto la gestión de un Estado más eficiente al servicio de sus ciudadanos.
Sin embargo, dicho objetivo choca con la visión de Briones donde el Estado debe ser lo más pequeño posible, y que su concepto de modernización es sinónimo de flexibilidad laboral y aumento de la precariedad en el empleo, sumado a la falta de valoración que la función pública significa para el desarrollo del país.
A su vez, Briones debe reconocer que en Chile existe un proceso de desvinculación de las y los funcionarios públicos, el cual ha sido regulado e interpretado por la jurisprudencia como ya se ha señalado, de acuerdo a estándares mayores que la simple arbitrariedad del criterio subjetivo de un jefe de servicio.
Que Briones no lo quiera reconocer, o derechamente invisibilizar, es otra cuestión y responde a intereses ajenos al fortalecimiento del Estado, la estabilidad en el empleo, y la función pública.
Modernizar el Estado sin reducirlo
La modernización del Estado, en definitiva, no se realiza a costa de jibarizar el Estado, privatizar servicios públicos o precarizar el empleo de sus funcionarios, sino todo lo contrario.
La evaluación de los resultados de los programas sociales y de sus servicios, debe realizarse integrando a sus funcionarios, y no a espalda de los dirigentes de sus asociaciones, como Briones hizo, al llevar a cabo un proceso de consulta insuficiente, ignorando a la ANEF, su representatividad y el rol que cumple.
Que Briones crea que las organizaciones sindicales del sector público son un obstáculo, da cuenta de su limitada visión. Ignora así el camino que los países desarrollados han avanzado en materia de políticas públicas, crecimiento económico y mejor distribución de los ingresos, a través de mecanismos eficaces, estructurales, y democráticos, como por ejemplo la negociación colectiva.
Dicha visión ideológica obsoleta, donde los sindicatos son el enemigo, tal como se planteó en el Plan Laboral en dictadura, al final del día nubla su razón y lo ciega, como garante del desarrollo y progreso de una nación.
