Este jueves, la Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios del Ministerio del Interior y Servicios Afines (Fenaminsa) culminó su asamblea 27.

Tras ello, a través de una declaración pública, le exigieron a la cartera que las futuras delegaciones presidenciales regionales (DPR) “no constituyan un premio de consuelo para quienes pierdan las elecciones de gobernador regional”.

“Del mismo modo exigimos que los nuevos departamentos y unidades de la futura DPR tampoco constituyan una bolsa de trabajo para los equipos de quienes pierdan” en los comicios del 13 de junio, añadieron.

Sumado a lo anterior, Fenaminsa emplazó al subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, para que se respeten los acuerdos adoptados con las asociaciones de base en regiones respecto de la conformación de las futuras DPR.

“Recomendamos a nuestros socios de base no participar del proceso de movilidad interna ya que este los expondrá en un proceso que no tiene sustento jurídico. Por el contrario, exigimos que, de una vez por todas, se modifique el DFL que regula la planta del Servicio de Gobierno Interior, lo que permitirá emprender un proceso real de mejora de las condiciones laborales de los funcionarios y funcionarias del servicio, postergados por años”, complementaron.

Además, ante “incumplimientos a la normativa constitucional que implica el diseño de las futuras DPR”, en el sentido que el texto constitucional no establece la absorción de las actuales gobernaciones provinciales por parte de la futura DPR, Fenaminsa respaldó su presentación ante la Contraloría General de la República al respecto.

“Exigimos que se termine el secretismo y opacidad en la conformación del cuerpo directivo y de la dotación del nuevo Servicio de Migración y Extranjería. Es imprescindible generar una mesa de trabajo entre Fenaminsa y el Director del nuevo servicio”, agregaron en su documento, donde dijeron “no al amiguismo y cuoteo político”.

Finalmente, Fenaminsa anunció en el texto que a partir de este jueves dará inicio a un proceso de movilización ascendente y creativa para visibilizar los problemas ocasionados a funcionarios por la implementación de las futuras DPR y el Servicio Nacional de Migraciones y Extranjería.

“Anomalía de poder”

La elección popular de gobernadores regionales en Chile, y con ello el fin de los tradicionales intendentes designados por quien sea Presidente, generará “anomalías” en la distribución del poder en nuestro país.

“Chile va a entrar al conjunto de países donde uno pudiera decir que existen anomalías en el poder territorial” en tanto el delegado regional, designado por el primer Mandatario, “tendrá atribución de gestión y coordinación. Esa es la anomalía”, explicó a EFE en mayo Egon Montecinos, doctor en ciencias políticas y director del Centro de Estudios Regionales y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral.

Según el académico, la trampa está en que si bien la ciudadanía elegirá a la máxima autoridad política de cada región, será el delegado quien podrá coordinar la inversión fiscal en el territorio, en tanto mantendrá contacto directo con los ministerios de acuerdo a lo estipulado en la ley.

“Lo que no va a estar en el gobernador es el poder de gestión y administración, esa es una anomalía que puede resultar en zonas de conflicto o de no cooperación”, afirmó Montecinos.

Así, los máximos presupuestos seguirán en manos de instituciones ancladas a Santiago, esto porque, a juicio del cientista político, “existe una tradición centralista que tienen tanto partidos de izquierdas como de derecha, y este delegado presidencial resultó de ella y del escaso apoyo que tuvo el proyecto descentralizador en el Congreso”.

A la fecha todavía se tramitan en el Parlamento dos iniciativas de ley que abordan competencias y límites de cada cargo, por lo que las nuevas gobernaciones regionales asumirán en medio de una incertidumbre respecto a sus competencias y autonomía presupuestaria.