La organización no gubernamental, Amnistía Internacional, presentó la mañana de este miércoles, su informe sobre la situación de Chile respecto a los Derechos Humanos durante 2020, un año que estuvo marcado a nivel global por la pandemia de covid-19.
De acuerdo a AI, la pandemia puso en evidencia las desigualdades y la situación de vulnerabilidad en que viven la mayoría de las personas, que “están enraizadas en un sistema realmente destructivo para los más marginados”.
La directora de Amnistía Internacional Chile, Ana Piquer, sostuvo que en el último año se evidenció una falta de liderazgo por parte del presidente Sebastián Piñera, además de una falta de humanidad.
“Quienes protestaron se encontraron con oídos sordos, una tremenda represión y apoyo irrestricto al feroz actuar de las policías, lo que evidenció una enorme falta de liderazgo y humanidad por parte del gobierno del presidente Sebastián Piñera”, indicó Piquer.
En la presentación del informe, se destacó que durante la pandemia, al menos 80 trabajadoras y trabajadores de la salud han fallecido por covid-19, también se pudo constatar que durante el peak de la pandemia a mediados de 2020, trabajaron muchas veces en situaciones de colapso, inseguras y sin un apoyo efectivo.
“En el caso de Chile, si observamos sobre cómo estábamos hace un año, vemos que la situación está igual o peor. Además, tenemos al frente a un gobierno que actúa como si nada pasara. Que ha dicho incluso ante Naciones Unidas que Chile ya “volvió a la normalidad” después del estallido social (:..) Hay una defensa indignada y rabiosa tratando de convencernos de que todo está bien, persistiendo en un discurso exitista pese a los más de 7000 contagios nuevos diarios y más de 30.000 personas fallecidas en lo que va de la pandemia”, concluye Piquer.
“La crisis de derechos humanos y la crisis sanitaria continúan, están presentes todos los días, pero desde el gobierno esto no se reconoce. Tenemos un gobierno que actúa como si el estallido social nunca hubiera sucedido, que no escucha ninguna crítica, que persiste en hacer lo mismo de siempre pese a que no resuelve ninguna de las crisis”, agrega el informe.
Manifestaciones
La ONG destaca que las protestas han continuado en Chile durante la pandemia, aunque a menor escala, si se compara con antes de la pandemia, pero que igual el actuar de las policías revela “una intención de castigar a quienes se manifiestan”.
“Hemos visto el proceder ambiguo, inexplicable e incluso grosero de Carabineros que mientras reprimían algunas marchas, resguardaban otras. Esto es una muestra más de que los abusos y la discriminación siguen arraigados en nuestras instituciones y sociedad”, añade
Piquer.
El informe de AI destaca que la Fiscalía de Valparaíso investiga al menos 6 querellas por crímenes de lesa humanidad y que los casos de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai continúan investigándose.
También destaca que el caso de un adolescente que habría sido empujado al río Mapocho por un carabinero, criticando que sólo este funcionario esté formalizado y no otros, por no facilitar la investigación ni prestarle ayuda al adolescente una vez que vieron lo sucedido.
“Amnistía Internacional ha seguido recibiendo información sobre situaciones graves de violencia policial entre enero y marzo de 2021, tales como quemaduras causadas con gas pimienta afectando de manera indiscriminada a personas incluyendo niños, niñas y adolescentes; ataques directos y detenciones a observadores de derechos humanos, fotógrafos, periodistas y brigadistas de salud y detenciones con uso excesivo de la fuerza”, esgrime el informe.
Pueblos originarios
En su informe, AI valora que se haya reabierto el caso del Alex Lemún, tras una solución amistosa con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y la condena a los Carabineros que participaron en el asesinato de Camilo Catrillanca.
En este punto, cuestionan la detención de la hija de 7 años de Catrillanca, el día en que se conoció la sentencia. “Sufrió uso excesivo de la fuerza mientras iban a escuchar el veredicto en el juicio por el asesinato de su padre”, explican.
El informe también menciona otros episodios de menor violencia, como cuando un grupo de civiles expulsó a mapuches que se habían tomado la Municipalidad de Curacautín.
“Todas las personas mapuche fueron detenidas, pero ninguna instancia del gobierno ni de la policía actuó contra los particulares que habían participado en actos contra ellas”, cuestiona el documento.
