En julio de 2020, 22 víctimas de daños oculares tras las protestas de octubre de 2019 presentaron una demanda en contra del Fisco, patrocinada por Libertades Públicas, por “falta de servicio” de parte del Estado.
Dentro de todas sus demandas pidieron indemnizaciones que suman $720 millones. La acción se tramita en 15º Juzgado Civil de Santiago.
Como organismo que representa los intereses públicos ante la justicia, el Consejo de Defensa del Estado presentó su contestación en enero.
Según La Tercera, la entidad liderada por Juan Antonio Peribonio criticó la demanda, indicó que a su juicio esta debería ser rechazada con costas y catalogó las cifras solicitadas como “desproporcionadas”.
Sumado a ello, defendió a Carabineros de Chile, principal institución a la que apunta la demanda como responsable detrás de las pérdidas parciales o totales de visión.
“Carabineros de Chile actuó correctamente, apegado a sus facultades normativas y con una intensidad ajustada a la proporcionalidad del contexto de ataques de los que los funcionarios de la institución fueron objeto”, dijo el CDE en su respuesta.
Sin embargo, el consejo reconoció que ha habido algunos casos donde ha existido exceso del uso de la fuerza o brutalidad policial.
“En algunos casos la respuesta de las fuerzas policiales no se ha ajustado a derecho y la reacción ha sido desproporcionada y antirreglamentaria”, señalaron.
Críticas contra el estallido social
El levantamiento ciudadano posterior a esa noche del 18 de octubre fue bautizado como “estallido social”. De acuerdo al CDE, ese fenómeno tuvo una mezcla de reivindicaciones sociales y delincuencia.
Por ello, según el organismo, las lesiones oculares serían un ejemplo “de la situación crítica por la que atravesó el país a la época en que se desarrollan los hechos relatados en la demanda” y que “al legítimo debate democrático y social sobre mejoras en las condiciones económicas de la población y sobre modificaciones al estado de derecho imperantes en aquel momento se adosaron un conjunto de actos delictuales y de violencia pocas veces visto antes en nuestro país”.
“Producto de estos actos vandálicos – repudiados por todos los poderes del Estado, por las autoridades democráticamente elegidas y por los partidos políticos con representación popular – se destrozaron, quemaron o saquearon un sinnúmero de infraestructuras públicas y propiedades privadas a lo largo de todo el país”, añadieron en su respuesta desde el CDE.
En línea con la gran cantidad de detenciones por alteración al orden público y los miles de carabineros que resultaron lesionados, el CDE aseveró que, “contrariamente a lo sostenido por los demandantes, no estamos en presencia de manifestaciones pacíficas, la realidad fue totalmente distinta y estuvo dominada por la agresividad y la violencia”.
Aparte de lanzar dardos contra los montos solicitados, el CDE también fustigó que la demanda exija que Carabineros publique disculpas públicas por su actuar en dos diarios de circulación nacional del país.
A juicio de la entidad, eso “no se condice en forma alguna con una acción de indemnización de perjuicios y carece de todo fundamento legal, tanto es así que no se invoca ninguno en la demanda”.
