La Asociación Nacional de Abogados y Funcionarios del Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de una carta abierta, criticaron duramente la designación del exministro de Defensa, Alberto Espina, como abogado consejero del organismo, que debe defender los intereses del Fisco.
Nombramiento que fue oficializado hoy por parte del Presidente Sebastián Piñera.
“Sepulta la promesa meritocrática”, dijeron los funcionarios y juristas.
“La Asociación Nacional de Abogados y la Asociación Nacional de Funcionarios del CDE, nuevamente hacemos presente nuestra preocupación y desazón por la designación de un Consejero para esta Institución, desconociendo la carrera funcionaria
pero, sobre todo, desatendiendo criterios técnicos en la provisión del cargo”, dice al inicio la misiva.
Agregan que durante los últimos años, han visto cómo se ha cuestionado públicamente la designación de funcionarios de alto rango del CDE, y que “esta nueva designación deja en entredicho la consideración de razones técnicas para la elección de los miembros del Consejo y da pie a acrecentar las críticas respecto de la conformación de este organismo”.
Asimismo, destacan que sin desconocer la actual facultad legal del Presidente de la República para nombrar a los abogados consejeros, estiman que debe ser ejercida respetando aspectos esenciales.
Organismo técnico y no político
“El Consejo de Defensa del Estado es un servicio netamente técnico. En esta línea los Abogados Consejeros, atendida sus tareas y perfil de cargo, deben estar capacitados para asumir personalmente la defensa judicial de aquellas causas de mayor relevancia para el Estado y Fisco de Chile”, dice la carta.
En la misma línea, explicaron que la Ley Orgánica del Consejo, en su artículo 38, exige que los Abogados Consejeros deben tener el título de abogado y una experiencia profesional de 15 años, a lo menos.
“Dicha experiencia profesional no puede ser otra que la de abogado/a litigante o destacado académico/a, siendo estas competencias indispensables para ostentar el cargo, a fin de asumir ya sea las funciones de litigio o de asesoría técnica de manera seria, competente y desprovista de consideraciones ajenas a lo jurídico, en las modalidades establecidas en la propia Ley Orgánica del CDE”, detallan.
“Si bien es dable que, el ejercicio de la facultad entregada al Presidente de la República, importe la selección de un profesional que responda a ese perfil y que no sea miembro actual de la Institución, nos parece a lo menos cuestionable que tal nombramiento recaiga en quien fuera recientemente miembro de su equipo político; ello fomenta las aprensiones y reparos de la ciudadanía en orden a que las designaciones se orientan hacia una retribución de la lealtad política, y no la selección por méritos, que es la que esta Institución exige y merece”.
También, acotan que lo anterior denota que “este nuevo nombramiento se muestra inequívocamente como un gesto destinado a sepultar la “promesa meritocrática” de la que tanto se habla y con la que -como es habitual- en tiempos de campaña se busca conquistar la ilusión y esperanza de los electores”
Finalmente, los funcionarios del CDE señalan que ven con preocupación la politización de la nuestra institución, el desconocimiento del mérito de los profesionales que la conforman y el desdoro del Servicio en el ejercicio de sus funciones y de cara a la ciudadanía.
Lea la carta de abogados y funcionarios del CDE:
