Fue en enero de 2019 cuando el Gobierno y el Congreso modificaron los requisitos para que los condenados puedan optar a la libertad condicional, beneficio carcelario que no modifica la duración de la pena interpuesta, sino que permite cumplirla en libertad, siendo monitoreado por un delegado de Gendarmería.
Para poder postular a este, los sentenciados deberán cumplir la mitad de la pena y, en el caso de los delitos más graves -incluyendo los crímenes de lesa humanidad-, hay que cumplir dos tercios de la pena y requisitos más exigentes, como por ejemplo haber colaborado sustancialmente al esclarecimiento del delito o confesado su participación en el mismo.
Según estipula la Ley, son dos veces en el año en que la Comisión de Libertad revisa las solicitudes de los reos: la primera es en abril y la segunda en octubre.
Por ese motivo, este lunes, la Comisión de Libertad Condicional de Santiago sesionó a partir de las 09:00 horas, instancia que es presidida por un ministro de la Corte de Apelaciones de la ciudad y diez jueces de Juzgados de Garantía y de Tribunales Orales en lo Penal, que son elegidos por votación en el pleno del tribunal de alzada capitalino.
En la ocasión se comenzaron a estudiar 681 solicitudes presentadas por personas que se encuentran privadas de libertad en los establecimientos penitenciarios de la jurisdicción.
Las peticiones provienen de los penales Santiago Sur (244 solicitudes), de Colina 1 y 2 (400 peticiones), desde el Centro de Rehabilitación Abierto Manuel Rodríguez, donde solo un reo fue postulado, y del Centro de Estudio y Trabajo Metropolitano, que llevó 18 casos.
Una de las solicitudes que marcó la jornada fueron las tres que provenían de la Cárcel de Alta Seguridad donde uno de los solicitantes es Pablo Undurraga, condenado a 5 años por el delito de homicidio calificado de un recién nacido en el caso “Secta de Colliguay”, la misma que lideró Antares de la Luz.
Pero no solo eso, sino que también se revisarán esta semana las 15 solicitudes de condenados por crímenes de lesa humanidad que cumplen sentencia en Punta Peuco y que fueron presentadas por Gendarmería, situación que fue dada a conocer la semana pasada por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío.
En esas peticiones se encuentra el exjefe operativo de la Central Nacional de Informaciones (CNI), Álvaro Corbalán; y Miguel Estay, conocido como “el Fanta”.
Lo anterior provocó que Gendarmería abriera un sumario, suspendiera al alcaide y que agrupaciones de Derechos Humanos solicitaran la renuncia del director nacional de la institución.
La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, quien está a cargo de la comisión en cuestión, enfatizó que recibieron antecedentes de Gendarmería por los internos de Punta Peuco.
En esa misma línea, reveló que este proceso trajo una leve alza en comparación a los casos que recibieron durante el primer semestre y que deben analizar el cumplimiento de las exigencias establecidas en la normativa vigente.
El abogado de varios internos de Punta Peuco, Raúl Meza, llegó hasta la Corte de Apelaciones de Santiago para presentar una solicitud en representación de Corbalán, Estay y Herrera para que sean escuchados en audiencia pública en la comisión antes que se resuelva la concesión o rechazo del beneficio
Tema que fue rechazado por el abogado experto en Derechos Humanos, Francisco Ugas. El jurista señaló que hay más requisitos, entre ellos que su libertad no afecta a la seguridad de la ciudadanía.
El doctor en Derecho, profesor de Derecho Penal y autor del libro “Cárceles y Pobreza”, Silvio Cuneo, planteó nuevamente el debate, -que venía hace años atrás-, sobre si la libertad condicional es un beneficio o un derecho.
Se espera que la comisión trabaje en esta materia hasta el 30 de octubre: en el caso de que se rechacen, los condenados, a través de un abogado, podrán interponer un recurso de amparo en la Corte de Santiago.
De no tener éxito allí, podrán acudir a la Corte Suprema, resolución que deberá ser revisada por la Segunda Sala del máximo tribunal.
