“95 casos de sobreproducción de salmones en reservas nacionales sin sanción (parte I y II)”, es el nombre de un reciente reportaje publicado por el medio CIPER, en el que señala una supuesta ausencia de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) en relación a la fiscalización y sanción de los centros de engorda de salmones (CES) que operan en el sur de Chile. En particular, respecto a sus niveles de producción, considerando ciclos entre los años 2012 y 2023.
Al respecto, se hace imperativo relevar y clarificar que la SMA desde el inicio de sus competencias plenas ha fortalecido sus capacidades en materia de fiscalización y de cumplimiento ambiental, siendo el sector acuícola un ejemplo claro de ello. El avance ha sido constante y, lo más importante, ha sido efectivo.
¿Cómo se expresa esto? Para responder es necesario, previamente, dar algunas características propias de estos proyectos que permiten dimensionar el desafío y complejidad de la labor de la SMA.
El sector dispone de más de 2000 Resoluciones de Calificación Ambiental, que comprenden diversas obligaciones asociadas a ensilaje, mortalidad, residuos y producción, respecto de CES ubicados en lugares de difícil acceso -dificultad de fiscalización in situ-, y que requiere de información certera para efectos de la toma de decisión. En particular para determinar niveles de producción.
Las dificultades señaladas fueron abordadas como oportunidades para avanzar en una estrategia que combinara elementos de riesgo ambiental, cobertura y eficacia en los resultados hacia el cumplimiento ambiental, todo ello sobre la base de herramientas tecnológicas e inteligencia de datos.
Un pilar central en esta estrategia es el trabajo conjunto con el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca). Este comienza en 2015 y se consolida en 2020, mediante un acuerdo de colaboración que comprende, entre otras materias, el traspaso de información. Lo anterior permite obtener datos asociados a mortalidad y cosecha recibida por las plantas de procesos.
En materia de fiscalización
Todo ello generó un mejor conocimiento de la actividad y, por ende, mayor certeza para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones. Esto significó, en un proceso permanente de mejora, el aumento significativo de la fiscalización del sector acuícola.
En concreto, a la fecha, se ha logrado la fiscalización de la totalidad de las instalaciones productivas de salmones que cuentan con RCA, lo que ha llevado a un avance sustantivo en cobertura de la fiscalización, pasando de 78 informes de fiscalización ambiental (IFA) el año 2014, a más de 1000 en el año 2021, en consonancia con el inicio de la estrategia, hasta alcanzar 1.868 IFA en el año 2023.
En materia de sanciones
En línea con el fortalecimiento evidente en fiscalización, la gestión de la Superintendencia en materia de procedimientos sancionatorios iniciados por sobreproducción en centros de engorda, también se ha incrementado a contar de la puesta en marcha de la estrategia de fiscalización.
Esto se puede ver reflejado en el hecho de que pasamos de 1 procedimiento en 2015, o 9 en el año 2022, a 52 entre los años 2023 y 2024, de los cuales, más del 50% corresponden a centros emplazados en áreas protegidas, materializando el enfoque de riesgo ambiental, los cuales se han mantenido activos en su tramitación, a fin de arribar a una pronta resolución.
Un aspecto que considera esta estrategia de cumplimiento ambiental es el enfoque correctivo, que, en materia de niveles de producción, se inició el año 2023, a través del envío de reportes masivos a titulares de la industria sobre su producción estimada a la fecha, con relación al límite máximo de producción autorizado en sus respectivas RCA.
De esta forma, en septiembre del año pasado, se enviaron 237 reportes.
En enero de este año se envió un nuevo reporte a 223 centros y están planificados otros dos envíos más para 2024. Estos reportes corresponden a otra vía a través de la cual la SMA ejerce sus competencias en cuanto a orientación al cumplimiento normativo y despliegue territorial de la fiscalización.
Es decir, hoy se fiscaliza más y mejor, se avanza en eficiencia y eficacia, todo ello bajo un principio de coordinación activa con Sernapesca.
Estos avances indiscutibles no serían posible si no fuera por las y los funcionarios de la SMA que, en un trabajo permanente, riguroso y comprometido con los objetivos institucionales, han logrado avanzar significativamente en la fiscalización y cumplimiento ambiental del sector acuícola.
Ciertamente la SMA seguirá fortaleciendo el ejercicio de sus competencias, ojalá con más recursos, pero también con mejoras a la Ley de la SMA, que permita dotar de más y mejores herramientas de fiscalización ambiental. La reforma a la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente que se tramita hoy en el Congreso Nacional es una gran oportunidad para ello.
