La Corte Suprema dejó pendiente los recursos de amparo presentados por el ex comandante en jefe del Ejército, el general en retiro Humberto Oviedo, detenido y procesado por malversación de caudales públicos.
El ex titular castrense se encuentra en esa condición desde el 25 de junio pasado, apuntado por malversar 4.500 millones de pesos provenientes de los gastos reservados del Ejército.
La Sala Penal de la Corte Suprema votó, pero dejó pendiente la resolución, la que se conocería en esta jornada. Sin embargo, algunas versiones indican que le habrían concedido la libertad al ex jefe militar.
En los alegatos, la integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), la abogada María Inés Horvith, cuestionó al Tribunal Constitucional por la falta de claridad al suspender la indagatoria contra Oviedo y respaldó a la ministra a cargo de la investigación, Romy Rutherford.
Dijo que este general retirado y el otro ex comandante en jefe del Ejército detenido, Juan Miguel Fuente-Alba, afectaron la seguridad nacional por hacer mal uso de los gastos reservados dispuestos para la defensa del país.
“Son delitos graves. Reiterados. Por personas que ejercieron abusivamente su poder al mando del Ejército, respecto a fondos que debían ser destinados a tareas de inteligencia y contra inteligencia. Por lo tanto, al ser destinados a otros fines, más bien personales, evidentemente afecta a la seguridad nacional”, remarcó.
A sus dichos se sumó el documento ingresado por el CDE al TC, firmado por la titular María Eugenia Manaud, en el que el consejo pide al tribunal revisar lo antes posible el fallo en que se paralizaron las indagatorias en contra de Oviedo.
El documento indica que “se ha producido una grave inconsecuencia al mantener la medida cautelar de suspensión decretada sobre la base de la falta de acceso a la investigación del imputado, único fundamento del requerimiento en comentario, en circunstancias que no existe tal supuesto impedimento de acceso a la investigación que afecta al requirente”.
“En base al principio de proporcionalidad entre el interés al esclarecimiento de los delitos y la garantía de los derechos de los imputados, esta parte solicita a V.S.E. que, habiendo dispuesto, en definitiva, la paralización total de la investigación, se otorgue preferencia a la vista del requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por la defensa del Sr. Oviedo, y así evitar perjudicar la investigación en curso”, agrega el texto.
A contramano, la defensa del general (r) Oviedo, el abogado Gonzalo Rodríguez, criticó a la jueza Rutherford por realizar diligencias, interrogar y detener a su cliente, estando impedida por orden del Tribunal Constitucional.
“La causa está suspendida y eso está claro desde el 9 de enero. Y eso lo reiteran por última vez el 5 de julio. Cuando mi representado es citado y detenido y sometido a proceso por una ministra que no entiende eso y que no respeta esa resolución, no tengo otra alternativa que de facto pedirle resoluciones: le pedí que se declarara incompetente y además nulidad de todo lo obrado”, detalló.
Con todo, para zanjar el manto de dudas que dejó la determinación del TC, el lunes la ministra en visita envió un oficio a dicha instancia para que aclare si la causa queda suspendida respecto a todos los militares inculpados en su investigación y si afecta esta suspensión a los arrestos preventivos, como el de Oviedo y Fuente-Alba.
El escrito será resuelto este miércoles por la primera sala del TC, según las fuentes consultadas.
En tanto, el general (r) Fuente Alba, detenido desde el 14 de febrero como presunto autor de malversación de caudales públicos y lavado de activos, sumó una querella del CDE por estos delitos.
En el escrito el organismo estatal pidió a la Fiscalía investigar a la esposa e hijos del ex alto uniformado que sumó a su defensa al abogado Miguel Chávez.
