La Contraloría General de la República resolvió abrir un sumario por el safari que realizaron en Kenia altos funcionarios de la institución, en horario laboral, reportando millonarios viáticos.

En agosto pasado, cuatro funcionarios del ente contralor se encontraban en Nairobi ejecutando una auditoría financiera a los fondos que entrega la Organización de Naciones Unidas (ONU) a programas humanitarios en ese país.

Lo anterior, debido a que la Contraloría resultó escogida en noviembre del 2017 para ser miembro de la Junta de Auditores de las Naciones Unidas, que integran además los organismos fiscalizadores de India y el Tribunal de Cuentas de Alemania.

Pero mientras desarrollaban la misión, los cuatro profesionales involucrados realizaron un paseo al parque nacional Masái Mara, el 7 de agosto de 2018.

Si bien en un principio señalaron que el safari lo habían realizado fuera del horario de trabajo, la reserva realizada por la jefa del Departamento de Auditoría Externa, Junta de Auditores ONU-CGR, María Francisca del Fierro Vensprezmy, evidenció que el periplo comenzó a eso de las 13:00 horas, en jornada laboral, hecho que además les reportó a los funcionarios hasta 30 mil dólares por viáticos, es decir, poco más de 20 millones de pesos.

Funcionarios que participaron del polémico safari en Kenia
Funcionarios que participaron del polémico safari en Kenia

Junto a Del Fierro, hicieron el recorrido turístico dos funcionarias a su cargo, Cristel Bustos y Aracelli Ahumada, además del abogado Alejandro Valenzuela Marín, asesor directo del contralor Jorge Bermúdez.

Este último, según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, tiene un rol más cercano al contralor, pues lo acompaña en viajes al extranjero y mantiene contactos políticos con asesores de diputados y senadores.

Los cuatro funcionarios pudieron disfrutar de los paisajes de la reserva nacional Masái Mara, ubicada al sudoeste de Kenia, cerca de la frontera con Tanzania, donde se pueden ver leones, elefantes, cebras, jirafas y otros animales por las llanuras y colinas que atraviesan los ríos Mara y Talek.

El caso quedó al descubierto luego que el 21 de octubre de 2018 llegara a Kenia Macarena Martínez, una nueva auditora, cuya labor sería fiscalizar la revisión que se estaba realizando.

Ahí detectó que las labores de control financiero eran ejecutadas por abogados, administradores públicos o personal no calificado, lo que afectaba directamente la calidad de los trabajos.

En el caso del abogado Alejandro Valenzuela, en documentos requeridos vía Ley de Transparencia, el asesor aparece con 62 viajes en total entre 2016 al 24 de octubre del año pasado. De estos, 16 han sido al extranjero, a destinos tan diversos como Kenia, Alemania;, Paraguay, República Dominicana, Argentina, Perú, Colombia y El Salvador.

No obstante, en el currículum de Valenzuela no figuran aspectos académicos relacionados con este tipo de trabajo de carácter transnacional.

Tras entregar su reporte a Eduardo Díaz, jefe de la División de Auditoría de la CGR, Macarena Martínez denunció que Del Fierro estaba actuando autoritariamente y que ejercía conductas de acoso laboral.

Finalmente, el 17 de diciembre, Macarena Martínez comunicó a sus superiores que Del Fierro la había destituido del equipo de Kenia y de paso les informó que se había enterado del safari, realizado en horario laboral.

Tras destaparse el caso, el Consejo de Integridad del organismo fiscalizador, presidido por la subcontralora, Dorothy Pérez, y compuesto por dos contralores regionales y 4 jefes de División -incluido Eduardo Díaz- propuso al contralor Bermúdez iniciar un sumario administrativo.

El objetivo es establecer si efectivamente el safari a Kenia se realizó en horario laboral y por la contratación de un profesional que no cumplía el perfil, con el gasto en viáticos asociado.

Según confirmó posteriormente la Contraloría en un escueto comunicado, esta indagatoria administrativa se encuentra en curso.

De acuerdo al texto, el 27 de diciembre pasado la institución “instruyó un sumario administrativo para aclarar los hechos, verificar la veracidad de la denuncia y determinar las eventuales responsabilidades”.

En la misma línea, la CGR se limitó a decir que “reafirma que el cuidado y buen uso de los recursos públicos, así como la integridad de todos sus funcionarios son valores fundamentales” y que, “por lo tanto, está tomando todas las medidas necesarias para elevar los estándares de probidad en la institución”.