La Contraloría respaldó la interpretación que realizó la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) a la Ley de Educación Superior, y confirmó que los procesos de certificación que desarrollaban agencias privadas no son válidos, según la nueva normativa.
El presidente de la CNA indicó que son 181 los programas que quedarán en la incertidumbre, si el Gobierno no corrige el problema a través de un proyecto de ley.
El pasado 8 de junio -por medio de un oficio- la CNA informó a todas las instituciones de educación superior del país, que los procesos de certificación que se hayan iniciado formalmente en una agencia privada antes del 28 de mayo (y cuya acreditación no haya sido resuelta) no culminará en una certificación válida.
El problema se presenta por que la ley establece sólo a CNA como organismo para acreditar carreras o instituciones, algo que comenzó a regir una vez que se promulgó la iniciativa, a fines de mayo pasado.
Ante la controversia, el Ministerio de Educación, junto con la Universidad de Chile y algunas agencias privadas, recurrieron ante la Contraloría para su pronunciamiento, dándole la razón a la CNA.
Así lo señaló su presidente, Alfonso Muga, que recalcó la indicación de la nueva ley.
En total, son 181 los programas que quedarán a la deriva, pues si bien una institución pudo haber iniciado el proceso de certificación con la agencia privada, los resultados no serán válidos para la CNA.
Muga sostuvo que el camino más factible para solucionarlo, es que el Gobierno envíe un proyecto de ley para corregir este problema, y otros más que se podrían presentar.
Dentro de los programas en proceso de algunas casas de estudio, que hoy la CNA no reconoce, está la Universidad de Chile con 19 programas (12 de ellos en magíster, 6 en especialidades de la salud y uno en pregrado); la Universidad de Concepción con 17 programas; la U. de la Frontera con 14; la U. Andrés Bello con 13; y el Instituto Profesional AIEP con 11.
