La polémica entre el Contralor General de la República Jorge Bermúdez y la ex Subcontralora y Juez de Cuentas Dorothy Pérez, ha dejado en evidencia graves actuaciones de quienes han estado y están al mando de la entidad encargada de fiscalizar el buen uso de los recursos públicos.
De hecho, la segunda investigación que hizo la entidad a Carabineros, que comenzó el 2013 a raíz del correo electrónico de Pérez, determinó que uniformados entregaban pagos irregulares por un total 1.628 millones de pesos, la cual terminó siendo sobreseída y sin sancionar a los responsables, como consta en los documentos firmados por el propio Contralor, Jorge Bermúdez, en enero del 2016.
Pero no es lo único, Bermúdez, pese haber heredado esa causa de la gestión de Ramiro Mendoza, no instruyó ningún sumario interno para identificar a los responsables de no haber, primero, agilizado su tramitación dentro de los plazos para que no prescribiera, y segundo, no haber denunciado a la Fiscalía los delitos graves que se determinaron, como lo obliga la propia Ley. Actuación de Bermúdez que está en conocimiento del fiscal Eugenio Campos y de la Cámara de Diputados.
La teleserie que se vive en la Contraloría General de la República abrió en los últimos días un capítulo poco conocido pero que es sustantivo sobre la forma en que en los últimos años ha venido trabajando la Contraloría General de la República.
El mejor ejemplo de ello es lo que ocurrió con el sumario al Departamento de Remuneraciones de Carabineros, que comenzó el año 2013 y que en enero del 2016 fue sobreseído por el contralor Jorge Bermúdez, sin sanciones para los responsables dentro de la institución, sin sanciones dentro de la Contraloría por haber dilatado por tres años el proceso, y lo más grave, sin denunciar al Ministerio Público los hechos detectados en la investigación administrativa.
La cadena de situaciones que ocurrieron desde el inicio de la indagatoria a Carabineros hasta su sobreseimiento, que están documentadas, es a la cual tuvo acceso Radio Bío Bío y que detallamos a continuación:
Tras abrirse la investigación durante el 2013, la entidad tuvo resultados como consta en el informe final de auditoría Nº215/2013, que se evacuo el 20 de junio de 2014, donde se determinó que 1.628 millones en remuneraciones fueron mal pagadas por parte de los funcionarios de Carabineros.
Indagatoria que fue firmada por la jefa de la División de Auditorias de esa época, María Isabel Carril. En ella se instruye una orden de ejecutar un sumario contra Carabineros que producto de la detección de los “malos pagos desarrollados”.
Ya en esa oportunidad, junio del 2014, debió Carril y por ende la Contraloría que dirigía Ramiro Mendoza, haber denunciado a la fiscalía los hechos para que se abra una arista penal paralela a las acciones administrativas que se supone tomarían.
Pero algo pasó, como consta en las fechas del expediente, ya que la fiscal de la Contraloría de esa época, la abogada Ruth Israel, debió haber confeccionado a la brevedad la resolución que daba inicio a ese sumario. Sin embargo, ese paso partió recién el 26 junio de 2015, como consta en la resolución 3708, es decir, con un año de atraso.
5 meses después, y estando en curso esa acción instruida tardíamente por la abogada Israel, asumió el actual Contralor Jorge Bermúdez, el cual transcurrido un mes en su puesto terminó por instalarle una lápida al proceso. Esto ocurrió el 11 de enero de 2016 con la resolución 110, en que se propuso a Carabineros sobreseer el sumario sin sanción, es decir, sin responsables, ya que estaba todo prescrito.
Este punto se vuelve clave, ya que el Contralor Jorge Bermúdez, al tomar conocimiento de ese documento, se entera oficialmente que el proceso tuvo una demora en su tramitación, lo que generó la prescripción. Por ende y lo extraño es que Bermúdez, conociendo la Ley, no instruyó indagar la responsabilidad administrativa de la Unidad de Sumarios en ese momento, ni de la fiscal de Contraloría, como tampoco remitió los antecedentes del proceso al Ministerio Público.
Antecedentes que, si los hubieran remitido, habrían contribuido a la investigación que meses después inició el Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, ya que se trataba de la misma repartición de Carabineros donde se han robado 28 mil millones de pesos.
Posible omisión de denuncia de la Contraloría General de la República que incluye a todo aquél que haya participado de la tramitación del sumario, entre estos el Contralor y su exfiscal a cargo, Ruth Israel.
Lo anterior no habría prescrito penalmente, por ende, existen interrogantes sobre qué hará la Fiscalía al respecto.
Rumas de sumarios prescritos
Quienes trabajan o han trabajado en la Contraloría General de la República saben que en las bodegas del piso 10 existe un desorden, y conocen la demora que tienen los equipos de trabajo en emitir las resoluciones de inicio de los sumarios.
Incluso el propio contralor Bermúdez el 2016 diseñó un programa donde contrataron actuarios que tenían experiencia en tribunales, todo esto para ver si se mejoraba el sistema de trabajo de los equipos, aunque a la luz de los hechos, esto no generó grandes cambios y no se persiguieron responsabilidades.
Y es en ese punto que la exsubcontralora, Dorothy Pérez, se ha detenido para sustentar el porqué fue removida de su cargo por parte del Contralor Bermúdez.
En entrevista con el diario El Mercurio del 3 de septiembre, Pérez explicó que según ella la pérdida de confianza pasó luego que se negó a firmar 6 sumarios prescritos, los cuales estaban obviamente sin sanción y sin que se hubiese investigado el retardo que dio origen a ese estado de las causas.
Esto se produjo mientras Jorge Bermúdez estaba de visita en Nueva York, por ende, le había instruído a su abogada asesora Loreto Valenzuela que fuese la Contralora subrogante la que debía firmar los documentos, a lo que Drothy Pérez se negó.
Retrasos que sin embargo, desde la Contraloría han advertido en más de una oportunidad que se debe a la falta de personal e incluso recursos que le dispone Hacienda año a año.
