Polémica ha causado una indicación, firmada por la presidenta Michelle Bachelet y el ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre, enviada al Congreso en el marco de la discusión que el Senado tendrá respecto la Ley de Presupuesto 2018. La iniciativa busca dejar sin efecto las modificaciones que los diputados efectuaron a los requisitos para que los médicos extranjeros puedan trabajar en Chile.

Esto a raíz de lo ocurrido hace dos meses, cuando la Superintendencia de Salud modificó los certificados de registro de los médicos, asegurando que el Examen Único de Conocimientos de Medicina, Eunacom, los habilitaba sólo para trabajar en el sistema público. Según los facultativos foráneos esta decisión provocó despidos masivos -principalmente de venezolanos- desde las clínicas.

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En busca de cambios

A partir de ese episodio, parlamentarios de distintas bancadas propusieron una indicación a la partida de Salud en la Ley de Presupuesto, que fue aprobada hace dos días en la Cámara por unanimidad, que permitirá a los médicos trabajar en el sistema privado de salud, únicamente habiendo rendido el Eunacom y sin necesidad de revalidar su título universitario ante la Universidad de Chile, como se les exige en la actualidad.

Es esta indicación la que el Gobierno busca dejar sin efecto mediante una modificación firmada por la Presidenta y el ministro Eyzaguirre.

Según Manuel Araneda, vocero de la Agrupación de Médicos Extranjeros, esta propuesta del Gobierno continúa con la discriminación hacia los facultativos extranjeros.

La situación resulta inentendible para la diputada independiente Karla Rubilar, quien cree que el Gobierno podría no haber sopesado el conflicto que ocasionaría la eliminación de esta indicación aprobada por unanimidad. También llamó al Colegio Médico a incentivar el arribo de estos profesionales capacitados.

Para el diputado independiente, Sergio Aguiló, el Ejecutivo comparte el espíritu de la indicación de los diputados, y cree que por ello retiraría o modificaría la indicación que envió.

Se espera que desde el Gobierno se aclare la situación o se entreguen los fundamentos para el envío de la polémica indicación.