El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte arribó este miércoles al centro de detención de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, tras ser deportado a Países Bajos desde su país.
Quien fuera la máxima autoridad filipina está acusado de presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos durante su “campaña contra las drogas” entre 2011 y 2019.
A través de un comunicado, el fiscal de la CPI, Karim Khan, señaló que en base a sus investigaciones “independientes e imparciales”, la fiscalía del tribunal internacional denuncia que Duterte “es penalmente responsable del crimen de lesa humanidad de asesinato”, primero como alcalde de la ciudad de Davao y luego como presidente de Filipinas.
El escrito afirma además que el exgobernante de 79 años “cometió estos crímenes como parte de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil”.
Si bien desde 2019 Filipinas no es parte del Estatuto de Roma, tratado fundamental de la CPI, sí lo era en la época en que Duterte cometió los presuntos crímenes, por lo que su caso “es competencia de la Corte”.
“El arresto del Sr. Duterte constituye un avance importante en la labor de la Fiscalía para lograr la rendición de cuentas en la República de Filipinas por los presuntos delitos cometidos en el contexto de la llamada ‘guerra contra las drogas"”, señaló la CPI.
“Este es un paso crucial en nuestra labor continua para garantizar la rendición de cuentas de las víctimas de los crímenes más graves bajo la jurisdicción de la CPI”, añadió.
En el centro de detención de la CPI, en donde lo esperaban decenas de adherentes, Duterte pasará por una entrevista sobre sus necesidades, situación médica y temas legales protocolarios, instancia en la que también podrá hablar con su equipo legal.
Posteriormente la CPI programará una audiencia de comparecencia inicial para confirmar la identidad del sospechoso e informarle de sus derechos.
Los jueces indicaron que “existen motivos razonables” para creer que los miembros del Escuadrón de la Muerte de Dávao (DDS) y el personal de las fuerzas del orden filipinas “atacaron a un gran número de personas que supuestamente estaban involucradas en actividades delictivas”, al menos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019.
Estos “actos violentos” se cometieron, señala la CPI, como parte de “una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato”.
La orden tiene su origen en la guerra contra las drogas que Duterte emprendió durante su mandato, en la que murieron unas 6.000 personas en operativos antidroga y debido a ejecuciones extrajudiciales, según las cifras de la Policía, mientras ONG locales elevan la cifra a más de 30.000 fallecidos.
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