El Gobierno boliviano acusó este lunes al exembajador argentino en Bolivia Normando Álvarez y a dos excomandantes por “tráfico de armas” en el caso del material antidisturbios que al parecer llegó desde Argentina en la crisis de 2019, la que presuntamente fue alentada por Estados Unidos.
“Lo que ha cometido el señor Yuri Calderón es tráfico de armas”, aseveró el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo.
El ministro boliviano hizo esa aseveración tras una exposición en la que también estuvo presente el actual embajador de Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro.
De la instancia además participó el comandante general de la Policía, Jhonny Aguilera.
Material legal e irregular
El inicio, según Del Castillo, fue una nota diplomática que Álvarez envió a la Cancillería boliviana. En esta se pidió “la autorización de ingreso” al país de personal, material y equipamiento de una unidad especial de la Gendarmería Argentina.
Esto, horas después de que asumiera el mando interino del país la expresidenta Jeanine Áñez.
“Hay dos tipos de materiales que ingresaron ese 13 de noviembre al país, uno de manera legal, que fue autorizado para la Cancillería. El otro, con armamento antidisturbios que no fue autorizado”, señaló el ministro boliviano.
Parte de ese material fue a la residencia de la embajada de Argentina en La Paz y otro tanto a la Policía y las Fuerzas Armadas. “Sin ningún tipo de documentación”, mencionó.
Además de otra cantidad “que aún se encuentra en investigación”, señaló el ministro sobre el material que el Gobierno cree que se usó en Sacaba y Senkada, donde unos días después una veintena de civiles murió en protestas contra el Ejecutivo interino.
En su informe, Del Castillo mencionó que en depósitos de la Policía se halló 26.900 cartuchos de perdigón de goma. A lo anterior se sumó varias unidades de gas lacrimógeno en aerosol MK-4, granadas de gas CN, H y CS 2, que estaban guardadas como otro material.
Del Castillo asoció esto con un “tráfico ilícito de armas” que está penado en Bolivia con hasta treinta años de presidio.
Por ello “presentará la denuncia correspondiente” contra miembros de la Policía y Fuerzas Armadas. Esto, además “del cuerpo diplomático” que trajo esa carga “ilegal”.
Un “plan continental”
El ministro de Gobierno relacionó este hecho, cuando llegó a Bolivia una carga similar otorgada por el Gobierno ecuatoriano.
Del Castillo asoció estos hechos con las masacres de Sacaba y Senkata, cuando las “municiones extranjeras” estaban en Bolivia.
Bolivia vivió una crisis política y social tras las fallidas elecciones de 2019 que derivaron en la renuncia de Evo Morales a la Presidencia denunciando que fue forzado por un supuesto “golpe de Estado”.
“Hasta aquí podemos ver de que había un plan continental para reprimir al pueblo boliviano”, aseguró.
El funcionario estableció una relación con un supuesto “manual” para un “golpe de Estado”. A su juicio, salió a la luz cuando Kevin O’Reilly, se refirió a un “fraude electoral sin pruebas” antes de los comicios anulados de ese año.
Incluso, Del Castillo mencionó que el funcionario estadounidense llegó a Bolivia y “se reunió con personeros de la embajada de Perú, Argentina, Brasil, la OEA y la Unión Europea”. Esto, para “insinuar la posibilidad de un fraude en Bolivia”.
