En su segundo intento y por una notoria mayoría, el Congreso peruano apoyó la remoción del ahora expresidente, Martín Vizcarra. Sin embargo, esto no tuvo nada que ver con la crisis del coronavirus.
Cuando un país tiene tres presidentes en un período de cinco años, con justa razón se puede hablar de una profunda crisis política. Perú vive una, porque esta semana, en medio de la crisis del coronavirus, el Congreso removió de su cargo al ahora expresidente, Martín Vizcarra, quien alcanzó a estar sólo dos años y medio en el poder.
El lunes pasado, 105 congresistas votaron a favor de destituir al jefe de Estado por su “incapacidad moral permanente”. Sólo 19 se opusieron y cuatro se abstuvieron. Para que Vizcarra dejara el cargo se necesitaban 87 votos a favor.
Al día siguiente, el presidente del Congreso, Manuel Merino, juró como su sucesor, no porque la mayoría del parlamento estuviera de acuerdo con él, sino porque la Constitución establece una línea de sucesión. De acuerdo con ella, el cargo de presidente habría sido para el vicepresidente en funciones. Así fue también como Martín Vizcarra llegó al poder en marzo de 2018. Sin embargo, el puesto de vicepresidente estaba ahora vacante.
En este caso, sin vicepresidente, quien debe asumir el poder es el presidente del Congreso, cargo que ocupaba Manuel Merino. Según la Constitución, él debe convocar nuevas elecciones inmediatamente, las cuales están programadas para el 11 de abril de 2021. Ni Vizcarra ni Merino podrán presentarse como candidatos a estas elecciones presidenciales.
Acusaciones de corrupción
Martín Vizcarra asumió el poder en 2018 después de que Pedro Pablo Kuczynski renunciara a la presidencia por acusaciones de corrupción. Vizcarra, que se había mostrado como un luchador en contra la corrupción en el país, terminó tropezando con el mismo problema. En septiembre ya había sobrevivido a un primer juicio político.
A Vizcarra se le acusa de haber aceptado sobornos de una empresa constructora por un monto de 2,3 millones de soles (equivalentes a unos 488 millones de pesos) durante su mandato como gobernador de la región de Moquegua, entre 2011 y 2014. Vizcarra ha rechazado las acusaciones y las ha calificado como “infundadas” y “falsas”.
Raúl Tecco, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES) en Lima no está muy convencido de la solidez de las acusaciones: “No pongo las manos al fuego por Martín Vizcarra en lo que se refiere a las acusaciones de soborno”, dijo a Deutsche Welle, pero hasta ahora hay solo una investigación judicial preliminar sin cargos.
Las acusaciones se basan en el testimonio de dos personas que buscan un indulto. Por lo tanto, la destitución resulta haber sido un instrumento puramente político en la lucha de poder entre el presidente y el Congreso.
“Es realmente difícil explicárselo a una persona que vive afuera. No sólo estamos sufriendo los efectos de la pandemia, sino que también tenemos una crisis económica y una crisis de moral política, aunque la crisis política en Perú es casi una constante”, afirmó Raúl Tecco.
“Los grupos políticos emergen en las elecciones y luego vuelven a desaparecer”, agregó. Además, los candidatos al Congreso pueden ser sobornados por los partidos y no es raro que los cupos sean subastados.
La popularidad de Vizcarra
Martín Vizcarra dejó el mando con una alta popularidad entre los peruanos. Una encuesta elaborada por Ipsos en septiembre reveló que el 79% de los peruanos estaban a favor de que Vizcarra respondiera a las acusaciones después del fin de su gobierno, mientras que el 72% rechazó su destitución. El índice de aprobación personal de Vizcarra fue de un considerable 57%.
Según los analistas políticos, Vizcarra obtuvo esta popularidad principalmente por su constante lucha contra el Congreso, al que él describía frente a la población como el origen de la corrupción.
Incluso en su último discurso como presidente, poco antes de ser destituido, dio un último golpe de gracia: Vizcarra señaló que 68 de los congresistas están siendo investigados por la justicia. “¿Tendrían también que dejar sus cargos por ello (las investigaciones)?”, preguntó irónicamente.
COVID-19 y la economía
Perú está sumido en una profunda crisis política en medio de una pandemia global.
Con casi un millón de casos confirmados, es uno de los países más afectados por el coronavirus en todo el mundo. Sus 34.000 muertes lo convierten en uno de los países donde más mueren personas a causa del virus en relación con el total de población.
A esto se suman las graves consecuencias económicas y sociales de la pandemia, que difícilmente pueden ser manejadas por un gobierno provisional. La economía peruana se derrumbó en un 45,5% en abril, en el punto más alto de la primera ola. Tras un estricto confinamiento, la actividad económica en Perú se está reactivando gradualmente.
El presidente interino Manuel Merino tendrá hasta abril de 2021 para demostrar su capacidad moral y política.
