General Abdel Fattah al Burhan, jefe del ejército regular sudanés | France 24
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Sudán rechaza informe de expertos de la ONU que recomienda desplegar una fuerza "imparcial" para proteger a civiles en medio de la guerra civil que inició en abril de 2023, calificando al Consejo de Derechos Humanos como un "órgano político e ilegal". El Ministerio de Relaciones Exteriores sudanés acusa a Naciones Unidas de violar su mandato, mientras que la ONU alerta sobre crímenes de guerra y contra la humanidad en el país africano. La guerra enfrenta al ejército regular y a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), con miles de muertos y millones de desplazados.
Sudán criticó un informe reciente de expertos de la ONU en el que piden el despliegue de una fuerza “imparcial” para proteger a los civiles, y calificó al Consejo de Derechos Humanos de “órgano político e ilegal”.
“El Gobierno sudanés rechaza en su totalidad las recomendaciones de la misión” de la ONU, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, acusando a Naciones Unidas de “violación flagrante de su mandato”.
Los expertos de la ONU abogaron este viernes por el “despliegue sin demoras” de una fuerza “independiente e imparcial” que proteja a los civiles en el país africano, donde se están cometiendo “crímenes de guerra y contra la humanidad”.
Sudán está sumido en una cruenta guerra civil desde abril de 2023, un conflicto que ya ha dejado decenas de miles de muertos y más de 10 millones de desplazados, según la ONU.
La guerra opone al ejército regular, dirigido por el general Abdel Fattah al Burhan, y a los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), comandadas por Mohamed Hamdan Daglo. Ambos bandos han sido acusados de crímenes de guerra, en especial de bombardeos indiscriminados en zonas habitadas.
“La protección de los civiles sigue siendo una prioridad absoluta para el Gobierno sudanés”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores, que acusó a “las milicias de atacar sistemáticamente a los civiles y a las instituciones civiles”.
Para el ministerio, el “papel” del Consejo de Derechos Humanos tendría que ser el de “apoyar el proceso nacional, más que buscar imponer un mecanismo exterior diferente”.
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