Desde la CPC cuestionaron la permanente judiaciliazación de este y otros proyectos que impulsarán, aseguran, la economía regional.
Hasta el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) llegaron diversas organizaciones del mundo civil, esto con el objetivo de presentar dos recursos administrativos en contra del proyecto minero de tierras raras que se emplazará en Penco, región del Bío Bío.
El primero de ellos es de reclamación por la respuesta realizada por el titular del proyecto a las observaciones ciudadanas, mientras que el segundo es de inviabilidad, por la falta de rigurosidad técnica del SEA y los servicios públicos pertinentes al aprobar este proyecto.
Camila Arriagada, vocera de la campaña Penco-Lirquen Libre de Minería, sostuvo que la instalación de las faenas a 1 kilómetro de las personas tiene peligro para ellos.
“El gobierno de turno, la administración de este Estado, ha aprobado esta minería sin considerar los riesgos a la población de instalar una minera a menos de 1 km de la población. También en estos recursos están participando asociaciones campesinas del sector rural de Penco, Lirquén y de Tomé, tal como Primer Agua, Agua Amarilla, El Espino, El Durazno, muchas localidades de Tomé que quieren defender su vocación agrícola, quieren defender sus territorios, quieren defender el agua porque estarían muy cercanas a las faenas mineras”, sostuvo Arriagada.
Por su parte, el alcalde Penco, Rodrigo Vera, explicó que los vecinos se encuentran en su derecho de expresar su pensamiento a través de manifestaciones o actos administrativos, como los recursos.
“Nosotros hemos tenido comunicación directa con todas las organizaciones, con las juntas de vecinos. Es un proyecto que obtuvo su RCA y hoy día diferentes organizaciones han visto acciones de índole administrativo que están dentro del Estado de derecho y dentro de un proceso democrático de la libertad que tiene cada vecino, cada organización para tomar las medidas que estime pertinentes”, sostuvo Vera.
Mientras que desde la Cámara de Producción y el Comercio (CPC), su presidente, Álvaro Ananías, puso en tela de juicio estas acciones dado que, aseguró, son contraproducentes a lo que la zona necesita como empleo, inyección de liquidez y competitividad regional.
“La permanente judicialización a proyectos que ya han cumplido exhaustivamente con la evaluación técnica e institucional, como el proyecto de tierras raras en Penco, no contribuyen en absoluto a lo que hoy necesita con urgencia la región del Bío Bío. Necesitamos volver a crecer, atraer inversión y generar empleos de calidad en nuestra región. Desde CPC Biobío creemos que estas acciones profundizan la incertidumbre económica y es el momento de pasar a la acción”, aseveró Ananías.
Desde la empresa Aclara, fueron enfáticos en señalar que el proyecto considera altos estándares técnicos y ambientales junto con una inversión superior a 130 millones de dólares, lo que se traduce en la creación de 2.200 empleos de manera directa.
Puedes leer la declaración completa de Aclara a continuación:
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