El expresidente sudafricano Jacob Zuma se entregó la madrugada de este jueves a la policía para cumplir una sentencia de 15 meses de prisión por desacato al máximo tribunal del país. A sus 79 años, fue condenado la semana pasada por la Corte Constitucional, en una decisión sin apelación, por negarse a declarar a investigadores anticorrupción.

Los llamamientos urgentes de su equipo jurídico no fueron suficientes para evitar la orden de detención del Tribunal Constitucional. Jacob Zuma aceptó finalmente entregarse a las autoridades.

De todos los escenarios barajados, tuvo lugar el menos impresionante. Eran alrededor de las 23:30 locales cuando, en la opaca noche del campo zulú, Jacob Zuma salió de su residencia en Nkandla para ir a la policía.

Escondido tras los cristales tintados de un convoy de todoterrenos a toda velocidad, nadie lo vio entregarse a las autoridades. No fue humillado, ni glorificado. El ex presidente, que había ignorado un primer ultimátum el domingo pasado, optó en un primer momento por reunir a unos cuantos miles de partidarios frente a su casa para prometerles que nunca se rendirían.

La policía tenía hasta la medianoche del miércoles para ir a buscarlo. Caravanas de camiones de la policía esperaban en los alrededores en caso de que se produjera un levantamiento popular. Pero en realidad, aparte de unos pocos partidarios que bloqueaban la entrada a su residencia, nadie se opuso a su detención.

No había ningún escudo humano, ningún argumento legal lo suficientemente fuerte como para evitar que Jacob Zuma durmiera en la cárcel. A sus 79 años, comienza una condena de 15 meses de prisión.

El lunes 12 de julio, el Tribunal Constitucional aceptó revisar su sentencia.

El hecho marca un momento histórico para África, por ser la primera vez que un exgobernante es encarcelado por negarse a responder en una investigación sobre corrupción.

Zuma también ha sido acusado de participar en un caso de soborno de hace más de 20 años.

Enfrenta 16 cargos de fraude, corrupción y crimen organizado por la compra en 1999 de aviones de combate, lanchas patrulleras y equipo militar de cinco firmas europeas por 30 millones de rand, que entonces equivalía a 5.000 millones de dólares (6.000 millones de euros).