Emilio Sutherland entrevistó al empresario que ha sido acusado de prohibir el acceso a una playa en Pichilemu, incluso portando un arma. Según afirma Renato Jaramillo, se trata de una zona privada cuyo dueño es él.
Emilio Sutherland viajó hasta la región de O’Higgins para conversar con el empresario que ha sido acusado de impedir el paso hacia la playa Mónaco en Pichilemu.
Se trata de Renato Jaramillo, quien en varias ocasiones ha prohibido el ingreso al balneario a diferentes visitantes, acceso que se encuentra ubicado cerca de su casa.
Incluso, en uno de los videos que fue grabado por turistas, Jaramillo aparece portando un arma, la cual aseguró que se trataba de fogueo.
“La fiscalía me tiene acusado de supuesto porte de arma, lo cual es una falsedad, lo que porto es un arma de fogeo”, indicó en entrevista con Sutherland para el programa Tu Día.
“Si el Estado estima que tienen que pasar por ahí, tienen que expropiar con una ley como corresponde y pagar lo que deban pagar”, enfatizó.
“Yo no tengo por qué darle la pasada a nadie”, indicó Jaramillo, afirmando que “lo que se trazó fue una resolución de paso peatonal a pescadores. Peatonal. Ahora, el argumento que son muchos kilómetros, eso es otro problema”.
“Son 17 kilómetros”, mencionó, ante lo cual Sutherland le hizo ver la enorme distancia que tendrían que caminar los pescadores. “Me importa un coco que camine 40 kilómetros para ir a pescar”, puntualizó.
“Señor Jaramillo, ¿por qué usted desconoce la resolución de 1984 que determina un acceso a la playa?”, insistió el periodista.
“Cuando se determina eso era una sola propiedad. Posteriormente la dueña, mi madre, fallece, y obviamente esto pasa a la sucesión, la cual se dividió en diez predios, ninguno de los cuales tiene acceso al mar directamente ni limita con ningún bien de uso público en el cual se vea obligado a dar la pasada”, contestó.
Es importante tener presente que, tal como indica el Ministerio de Bienes Nacionales, todos tenemos derecho a acceder a las playas del país. “Los propietarios de terrenos colindantes deben facilitar gratuitamente el acceso a ellas cuando no existan otras vías o caminos públicos para ello”, remarca la cartera.
En caso de que se identifique una restricción para ingresar a una playa, se debe denunciar ante la Intendencia Regional, Secretarías Regionales del Ministerio de Bienes Nacionales, Gobernaciones o Municipalidades.
“Cualquier persona natural, organización social o gremial puede reclamar el libre acceso a una playa y hacer uso de ella”, establece Bienes Nacionales.
