El Ministerio de Bienes Nacionales informó que en lo que va de 2022, han recibido 27 denuncias por problemas en el acceso o cobros de estacionamiento en las playas del país. Por su parte, el año pasado se registraron 338, donde la mayoría es en la región de Coquimbo, particularmente en Playa Blanca. Le sigue Los Lagos, Bío Bío, La Araucanía y Valparaíso.
Las playas, lagos y ríos son los destinos favoritos para capear las altas temperaturas y disfrutar de actividades al aire libre en la temporada estival, pero, pese a la normativa vigente, aún hay quienes impiden su libre acceso.
De acuerdo a lo informado por el Ministerio de Bienes Nacionales, en lo que va de 2022 se han ingresado 27 denuncias por problemas en el acceso a las playas.
Las más recurrentes son: Playa Blanca de Coquimbo con 4 denuncias; Playa Tunquén de Valparaíso con 2; Camping El Aliwen de Ñuble con 2; y Playa Punta de Parra en Bío Bío con 2.
En tanto, en 2021 fueron 338 los reclamos que derivaron en 140 fiscalizaciones en terreno para garantizar el cumplimiento de la ley.
Tal como queda en evidencia (ver en la siguiente imagen), desde 2020 Playa Blanca de Coquimbo es la que suma el mayor número de quejas por dificultades en el acceso. Al respecto, el ministro (s) de Bienes Nacionales, Álvaro Pillado, aseguró a BioBioChile que “las denuncias son realizadas por cobro de estacionamiento, pero el acceso peatonal y en bicicleta está liberado”.
“Una situación similar a la que ocurre en Playa La Virgen de Atacama, por la distancia entre el acceso y la orilla de la playa. Los antecedentes fueron enviados a la Delegación Presidencial Regional para su evaluación y permitir un acceso vehicular”, agregó la autoridad.
Cobro de estacionamiento que también se repite en Punta de Parra, en la región del Bío Bío.
También aclaró que en el caso del Lago Tinquilco -en La Araucanía-, que se encuentra en un Parque Nacional, por tanto, es un área silvestre protegida y administrada por Conaf, el cobro que se realiza por ingreso está en regla.
Coquimbo lidera reclamos
Por región, Coquimbo es la que lideró las denuncias con 68; seguido por Los Lagos con 41; Bío Bío con 38; La Araucanía con 37; y Valparaíso con 25.
La autoridad destacó que los reclamos han ido a la baja desde 2019, cuando se registró el mayor número de denuncias con 1.789. En 2020 fueron 647.
“En los últimos años, el número de denuncias por acceso a las playas han disminuido y en 2021 recibimos 338 denuncias, esto se ha logrado gracias al trabajo colaborativo de las diferentes Instituciones y la comunidad. En la actualidad existen 54 playas con acceso público fijado en todo Chile, de las cuales 14 han sido establecidos por esta administración”, reforzó.
¿Qué dice la normativa?
El Decreto de Ley 1939 establece que todas las personas en Chile tienen derecho a acceder a playas de mar o lago, desembocaduras de ríos, cascadas o glaciares porque son considerados bienes nacionales de uso público.
Por tanto, los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos “deberán facilitar gratuitamente el acceso a estos”.
Desde 2019 comenzó a regir Ley Playas Abiertas que aplica multas desde 10 a 100 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) a quienes prohíban el acceso libre y gratuito. En el caso de infractores reincidentes, las sanciones podrían duplicarse.
“Es importante señalar que se pueden realizar las denuncias en las Seremis de Bienes Nacionales del país, las municipalidades, Carabineros y Juzgados de Policía Local, quienes tienen la obligación de derivar los requerimientos de los ciudadanos a Bienes Nacionales”, complementó Pillado.
Casos emblemáticos
“Es mi jardín”
Polémica generó el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, cuando el 6 de febrero de 2019 expulsó de “mi jardín” a tres mujeres en Lago Ranco.
En el registro viralizado se aprecia al empresario -vestido sólo con traje de baño- increpando a las mujeres que descansaban a un par de metros de la orilla del lago.
De manera prepotente, les pide que se retiren del lugar, argumentando que se trata de su jardín, ya que su terreno deslinda con el lago Ranco y que se trata de propiedad privada.
Tras el caso, el Gobierno anunció la delimitación de las líneas de playa para establecer el espacio público y privado.
Playa Mónaco y destrucción de candados
No fue en una sino en dos oportunidades en que el empresario Renato Jaramillo fue captado echando a familias del camino para acceder a la Playa Mónaco en Pichilemu, en la región de O’Higgins.
En la primera oportunidad, registrada en febrero de 2019, la ministra subrogante de Bienes Nacionales de la época, Alejandra Bravo, con compañía de funcionarios de Carabineros, se presentó en el lugar y abrió al menos 5 portones de madera que impedían el acceso, rompiendo los candados que aseguraban la imposibilidad de acceso vehicular.
Unos meses más tarde, el mismo empresario interpeló en duros términos a una familia y con un arma de fuego en su bolsillo les impidió el paso.
“No es camino público, estás en mi casa”, gritó Jaramillo.
Este fue el primer caso en que se cursó una infracción por impedir el acceso a las playas.
Pingueral y adiós a garita
En agosto de 2019, el ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, en compañía de autoridades locales, llegó hasta el exclusivo sector de Pingueral en Tomé, en la región del Bío Bío, para habilitar el acceso a los visitantes.
Si bien, la autoridad de Gobierno tildó de “histórico” el momento, la medida causó malestar en los vecinos del sector, quienes temían problemas de seguridad tras la destrucción de la garita de control. Y es que con una retroexcavadora se eliminó la estructura.
Dicha acción derivó a que los vecinos interpusieran acciones legales en la Corte de Apelaciones y la Suprema en contra del entonces ministro, donde argumentaban que la instalación de barreras y la garita estaba permitido por una ordenanza municipal.
