El aumento del costo del pasaje de Metro en Santiago provocó evasiones masivas que derivaron en un gran estallido social en Chile, que sacó a flote todos los descontentos acumulados: el sistema de pensiones, los bajos sueldos, el endeudamiento y el alto costo de vida en general, en un país donde el 50% de los trabajadores gana menos de $400.000 (US$550, aproximadamente).
A lo anterior, -que constantemente genera debate en la agenda social y política-, durante el último tiempo se sumaron hechos irregulares que evidencian un clasismo imperante en el país, en el que los sectores de más privilegio acceden a beneficios que a toda luz no parecen lícitos o razonables en términos morales.
Esa élite, por ejemplo, es la que tras escándalos de corrupción ha sido condenada a asistir a clases de ética; y la que en el pasado verano se tomó las portadas por tener casas en sectores turísticos con acceso directo y privado a playas, las cuales por ley deben ser abiertas a todo público.
Esos “cariños” a los más acomodados también han sido foco de críticas de la clase media y media emergente, en un país en donde la ciudadanía lucha por tenerle un poco más de fe a la meritocracia y a la justicia.
“Mi playa”
El verano pasado despertó otra realidad asociada con la situación socioeconómica: la de personas con residencias con acceso privado a playas, lo que provocó el pronunciamiento del Ministerio de Bienes Nacionales que fue enfático en aclarar que en nuestro país todos esos accesos son públicos.
Ello destapó una serie de irregularidades y regalías para quienes gozan de propiedades de descanso o veraneo; y el proceso de venta de inmobiliarias que ofrecían dicho acceso como gancho de venta.
Los primeros días de febrero se viralizó por redes sociales un video que graficó esta situación.
En el registro se apreciaba cómo Matías Pérez Cruz -vestido sólo con traje de baño- llegaba hasta un lugar en que tres mujeres se encontraban descansando y resguardándose del sol, a un par de metros de la orilla del Lago Ranco en la región de Los Ríos.
Con tono prepotente, el presidente de Gasco les pidió que se retiraran del lugar, argumentando que se trataba de su “jardín”, que su terreno deslindaba con el lago y que era su propiedad.
“Ustedes se me van”, les dijo, añadiendo que si no acataban volvería a sacarlas “de manera no tan pacífica”.
Una de las afectadas intentó defenderse: “¿Esto es un fundo acaso, donde usted llega, manda y ordena?”. Seguidamente, Pérez Cruz al notar que estaba siendo grabado intentó quitarles el teléfono móvil.
Otra de las mujeres también intervino y le explicó que era primera vez que visitaba el lago, que le dolía el trato.
“Yo soy abogado, no me van a discutir a mí”, les respondió el ejecutivo de Gasco.
¿Qué dice la ley?: dice que los chilenos tienen derecho a acceder a playas de río, mar o lago, desembocaduras de ríos, cascadas o glaciares, considerados todos como bienes nacionales de uso público. Los propietarios de terrenos colindantes con playas de mar, ríos o lagos deberán facilitar gratuitamente el acceso a éstos, para fines turísticos y de pesca cuando no existan otras vías o caminos públicos.
Este caso llegó a oídos del Gobierno, a través del Ministerio de Bienes Nacionales, el cual inmediatamente comenzó una campaña a nivel nacional para fiscalizar las denominadas “playas privadas”.
Decenas de casos similares salieron a la luz pública, instalando una sensación de injusticia en la comunidad, envuelta de un sentimiento de que con dinero hasta una playa se puede tener en Chile.
Colusión y corrupción
Penta
En 2015, durante el segundo gobierno Michelle Bachelet, se destapó el primer gran caso de corrupción de las últimas décadas en Chile: el caso Penta, que implicó financiamiento ilegal de la política y delitos tributarios.
Sin embargo, nadie terminó tras las rejas, instalando en la opinión pública una sensación de “injusticia”, con cárceles a la que sólo llegan los más pobres y no los empresarios, pese a cometer delitos.
Los dos controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, fueron en primera instancia condenados a libertad vigilada por cuatro años y al pago de 1.700 millones de pesos entre ambos, correspondiente a la mitad de lo defraudado.
Posteriormente, la justicia les sumó como condena el asistir a “clases de ética”, lo que fue recibido como “una burla” por representantes de la política y por actores del mundo social.
El 5 de abril, Délano y Lavín tuvieron su primera clase en la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI), ubicada en la acomodada comuna de Las Condes.
Los módulos finalizarán en diciembre y contemplan materias como “Ética General Aplicada”, “Responsabilidad Social Empresarial” y “Ética de los Negocios”.
El papel
El jueves 17 de mayo de 2018, la justicia dio luz verde a una compensación que recibirían todos los chilenos: $7 mil por la denominada “colusión del papel tissue”.
Este caso se venía estudiando desde 2015, aproximadamente, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia a CMPC Tissue del grupo Matte; y SCA Chile, empresa sueca que perteneció a Gabriel Ruiz Tagle, de coludirse en sus precios desde el año 2000 al 2011.
BioBioChile publicó el texto íntegro de la delación compensada de CMPC, en el que reconoció haberse coludido con sus competidores en los mercados del tissue y sanitario.
El documento reveló una tercera extensión del cartel empresarial: de cómo el acuerdo contemplaba también el segmento de clientes institucionales (licitaciones con hospitales y otros organismos públicos, además de clínicas, restaurantes, hoteles y grandes empresas).
La FNE dijo haber investigado esa arista, pero no se querelló por esos hechos y quedaron sin sanción.
Pese a todo lo anterior, la papelera CMPC registró sus utilidades más altas en 7 años durante el primer semestre de 2018, las que alcanzaron los US$239,9 millones, superando de gran manera los US$9,5 millones del mismo período en 2017.
Colusión de los pollos
En septiembre de 2014, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) determinó que las empresas Agrosuper, Ariztía y Don Pollo se coludieron, en un hecho conocido como “Caso Pollos”.
En un fallo unánime el tribunal estableció que las tres empresas, por medio de la Asociación de Productores Avícolas de Chile A.G. (APA), se coordinaron para mantener un determinado nivel de producción de carne avícola “y de esta forma influir en la fluctuación de los precios de la misma”.
Agrosuper y Ariztía fueron condenados a pagar cerca de US$25 millones y Don Pollo fue multado con US$10 millones.
Cuatro años después, la justicia puso sus ojos en las cadenas de supermercados: el TDLC acogió una acusación formulada en enero de 2016 por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), que señaló que SMU, Walmart y Cencosud mantuvieron, a través de sus proveedores, un acuerdo para fijar precios mínimos de venta de los pollos al menos entre 2008 y 2011, restringiendo la competencia en ese sector.
En su sentencia, el TDLC impuso una multa de 5.766 Unidades Tributarias Anuales (UTA) a Cencosud; 4.743 UTA a Walmart; y 3.438 UTA a SMU, además de ordenar a las requeridas la adopción de un programa de cumplimiento en materia de libre competencia.
Previo a ello, las cadenas de supermercados se defendieron diciendo que habían sido víctimas del “cartel de los pollos”, argumentando que los productores fueron quienes ejercieron una posición dominante contra ellas por medio del control de stock de pollo para estabilizar sus cuotas de producción.
¿Y cuál fue la percepción de los consumidores chilenos?: que una vez más fueron ellos las víctimas producto de una irregularidad cometida “por los grandes, por la élite”, y que se les traspasó un precio de venta que no era el que correspondía.
Octubre de 2019 será una fecha que pasará a la historia de Chile, en especial el viernes 18: ese fue el día en que los chilenos dijeron “basta”, salieron a las calles a manifestarte para cambiar estas y otras situaciones que se transformaron casi en costumbre, provocando un sentimiento generalizado y extendido de que el país no opera de la misma forma cuando se trata de las clases sociales medias o vulnerables.
