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Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobernador de Aysén, Marcelo Santana, pidió investigar y sancionar actividades turísticas comerciales presuntamente no autorizadas en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Conaf recopiló antecedentes sobre el uso de motos acuáticas, una embarcación de lujo y un helicóptero, y ofició a organismos públicos para identificar a los responsables y determinar posibles incumplimientos. Santana advirtió sobre el riesgo para la flora y fauna del área protegida.

El gobernador regional de Aysén, Marcelo Santana, denunció la realización de actividades turísticas comerciales sin autorización en el Parque Nacional Laguna San Rafael y pidió que los responsables respondan ante la ley por el eventual impacto de estas operaciones en los ecosistemas del área protegida.

La autoridad manifestó su preocupación por el uso de embarcaciones de expedición, motos acuáticas y helicópteros en el parque nacional, luego de que la Corporación Nacional Forestal (Conaf) recopilara antecedentes sobre estas actividades.

Según informó la entidad, durante fines de 2025 y comienzos de 2026 se identificaron expediciones promocionadas por el operador Sledext, vinculadas al uso de motos acuáticas en sectores del parque.

Más recientemente, en octubre de 2026, se recibieron nuevos antecedentes relacionados con la embarcación de lujo La Datcha Expedition Yacht 77 y un helicóptero de matrícula extranjera. Entre los registros figuran la presencia de la embarcación en Laguna San Rafael los días 13 y 25 de octubre, sobrevuelos en sectores del parque y del Valle Exploradores, además de un aterrizaje en Puerto Río Tranquilo, con desembarque y traslado de pasajeros y equipaje.

Conaf precisó que no registra autorizaciones otorgadas por la administración del parque para el desarrollo de las actividades comerciales descritas. Por ello, ofició a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), la Gobernación Marítima de Aysén, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, con el objetivo de identificar a los operadores, reconstruir las actividades y determinar eventuales incumplimientos normativos.

“Esperamos que las acciones que ha denunciado Conaf se investiguen, y que los responsables de ejecutar actividades no autorizadas, y que muchas veces ponen en riesgo a la fauna y a la flora de las áreas silvestres protegidas y de nuestros parques nacionales, respondan ante la ley”, sostuvo Santana.

El gobernador agregó que quienes busquen desarrollar actividades económicas en estas áreas deben contar con los permisos y autorizaciones de los organismos competentes.