SII defiende cobro de IVA a casas de apuestas ilegales: "No valida en caso alguno la actividad"

Continúa el debate legislativo sobre las casas de apuestas online ilegales y la decisión del Gobierno, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), de comenzar a cobrar IVA a las plataformas.

Pese a los fallos de la justicia, y a los sitios “espejo” para burlar a la Corte Suprema, el director del organismo, Jorge Trujillo, defendió ante la Comisión de Economía del Senado la decisión de cobrar este tipo de tributos.

SII vuelve a defender cobro de IVA a casas de apuestas ilegales

Trujillo reiteró que al SII no le corresponde determinar si una actividad es lícita o ilícita, sino aplicar los impuestos cuando existe un hecho económico gravado. Según dijo, cobrar IVA no significa autorizar ni legitimar a las plataformas.

Actualmente, hay 39 casas de apuestas inscritas en el régimen especial y el primer pago, previsto para octubre, podría superar los US$100 millones.

Pero justamente ahí apareció el cuestionamiento de los parlamentarios. El senador socialista Gastón Saavedra, presidente de la comisión, planteó que el problema no puede reducirse a cuánto recauda el Fisco.

¿Qué pasa si el cobro de impuestos termina entregando una señal de normalización sobre una actividad que otros órganos del Estado consideran ilegal? Saavedra fue más lejos y comparó el escenario con cobrar impuestos a cualquier actividad ilícita: a su juicio, el riesgo es que la recaudación termine confundida con validación.

“Lo peligroso de esto es que, si tuviera una farmacia y me pongo a vender droga, puedo decir que me cobren impuestos”, ejemplificó Saavedra.

Y hay otra pregunta todavía más sensible: Si ya se reconocen efectos nocivos asociados a estas plataformas, ¿por qué legalizarlas?

Los propios integrantes de la Comisión de Economía advierten sobre acceso descontrolado de menores, ludopatía, endeudamiento y falta de transparencia respecto de quiénes son los verdaderos propietarios de algunas empresas.

En una declaración conjunta, los senadores plantearon control biométrico, prohibición de acceso a menores, mecanismos de autoexclusión y límites de gasto.

También proponen restringir publicidad, impedir apuestas de deportistas, entrenadores y árbitros en competencias donde puedan incidir y destinar parte de la recaudación a prevención y tratamiento de la ludopatía.

El senador del movimiento Demócratas, Matías Walker, reconoce que el objetivo no es promover el negocio, sino regular una actividad que ya existe. Además, defendió un impuesto específico elevado, conocer a los beneficiarios finales y seguir la ruta del dinero.

Otra medida que propuso Walker fue “establecer un control biométrico que hoy no existe, para prohibir el acceso a menores de edad”.

Inconsistencias

Desde una posición más crítica, el senador del PPD Ricardo Celis sostiene que existe una inconsistencia del Estado: mientras tribunales y organismos sectoriales consideran ilegales estas plataformas sin autorización, el SII les permite incorporarse a un régimen tributario.

Celis también plantea que una futura regulación debe asegurar recursos para enfrentar la ludopatía y aportar al deporte, además de establecer controles financieros más estrictos: “Si bien es cierto, no le compete al SII hacer la calificación de la legalidad o ilegalidad, otros órganos del Estado sí han dicho que es ilegal. Entonces, ahí hay una inconsistencia”.

En paralelo, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) explicó que comenzó el bloqueo judicial de sitios de apuestas ilegales.

La primera nómina incluyó 42 dominios, aunque reconoció que las plataformas pueden abrir nuevas direcciones y que ningún sistema de bloqueo es completamente infalible.

El proyecto que hoy se discute intenta resolver varias preguntas al mismo tiempo: quién podrá operar, cómo proteger a menores y personas vulnerables, quiénes están detrás de estas empresas, cuánto deberán tributar y cómo impedir que el negocio sea utilizado para lavado de dinero o crimen organizado.

La apuesta del Senado, por ahora, es regular antes que prohibir. Pero la discusión de fondo sigue abierta: cómo permitir una actividad que el propio Congreso reconoce que puede generar daños sociales y de salud, sin convertir su legalización en un incentivo para expandirla.