SOS en Mejor Niñez: la explotación sexual en residencias femeninas

Este reportaje fue realizado por los estudiantes Mario Ortiz y Makarena Poblete en la sección del profesor Boris Bezama del curso Taller de Periodismo Avanzado de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

“Ya cumplió un año (…) y aún no llega”, dice la madre de una adolescente desaparecida desde una residencia vinculada al sistema Mejor Niñez en la Región de Valparaíso. Aunque hoy la joven tiene 16 años, la última vez que durmió en el hogar tenía 14. Desde entonces, familia y amigos han intentado contactarla para que vuelva a Limache, luego de haber sido vista por última vez en Providencia. Hasta hoy, su nombre aparece en los registros de la residencia donde vivía.

Funcionarios del hogar aseguran que la adolescente formaba parte de un grupo de niñas fuertemente expuestas a redes de explotación sexual en la zona. En una breve conversación con este medio, la madre de la menor acusa abandono institucional y cuestiona el actuar de la residencia y de la fiscalía. Además, asegura conocer el paradero de la joven, quien se rehusaría a volver a la residencia por temor a las condiciones que enfrentaba allí.

Su caso no es aislado. Según antecedentes reunidos en esta investigación, al menos cinco de las residencias femeninas administradas directamente por el Estado en las regiones de Valparaíso y Metropolitana presentan casos activos de explotación sexual.

Un fenómeno normalizado

En enero de este año, el Servicio Nacional de Menores (Sename) cerró sus puertas definitivamente. Las funciones del servicio pasaron por completo a dos organismos: el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más conocido como Mejor Niñez, y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.

Sin embargo, Mejor Niñez sigue marcado por las falencias del pasado. La gravedad de esto fue expuesta por el presidente José Antonio Kast, quien afirmó en su primera Cuenta Pública que “nos debemos activar contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes”. Ante esto, en mayo se implementó una estrategia nacional que opera mediante un Circuito de Protección Integral. Este sistema activa protocolos de detección temprana, atención reparatoria y pesquisas digitales, además de obligar al servicio a generar estadísticas y coordinarse con la justicia y las policías para acelerar la persecución penal de los agresores.

Sin embargo, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, al ser consultado por el detalle de este plan prefirió no dar respuesta a este medio. Ya en 2013 una investigación por parte del Poder Judicial reveló graves vulneraciones a los derechos de niños y jóvenes que estaban bajo alero del Sename. La jueza, Mónica Jeldres, quien encabezó esta indagatoria afirmó a este medio que en Arica existía “una red de colectivos que buscaba a las niñas [para explotación] (…) y era una dinámica diaria”.

Según la magistrada, el principal error radica en la invisibilización de la menor como víctima de explotación sexual. Jeldres indicó que, a pesar de que se redujo la cantidad de jóvenes que viven en las residencias, el actual sistema mantiene problemas estructurales. “Que una niña tenga que estar esperando un diagnóstico por seis meses, porque tenga que estar esperando para iniciar un programa para maltrato y en ese intertanto puede ser víctima de diversas situaciones de abuso, negligencia o maltrato es problema nuestro también”.

Mejor Niñez comenzó a operar el 1 de octubre de 2021 y se convirtió en el sucesor del Servicio Nacional de Menores, bajo el mandato de proteger a niños, niñas y adolescentes (NNAs) derivados a sistemas de cuidado alternativo. En marzo de 2022, entró en vigor la Ley 21.430, que instaura la responsabilidad estatal, a través de un grupo de organismos, de garantizar los derechos de menores de edad.

En el discurso de inauguración del Servicio Mejor Niñez, el expresidente Sebastián Piñera afirmó que el nuevo sistema venía a “pagar la deuda” que el Sename había dejado con los niños del país. “Le hemos fallado a nuestros niños”, afirmó el 2 de diciembre de 2021. “Tenemos la obligación moral, humana de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir y recuperar el tiempo perdido”, agregó.

Sin embargo, el compromiso del expresidente aún no se ha materializado en el ámbito de la explotación sexual. De hecho, el temor de la adolescente de Limache a regresar al sistema no es infundado, porque solo durante el año 2026, se han registrado 183 presuntas víctimas bajo el cuidado de Mejor Niñez. Al analizar el periodo comprendido entre 2021 y la fecha actual, el total de casos registrados alcanza las 1.656 personas.

Tabla 1. Niños, niñas y adolescentes, registrados como posibles víctimas de ESNNA en proyectos residenciales entre el 2021 y abril de 2026.

Por su parte, la Defensoría de la Niñez constató que, entre 2022 y 2024, años posteriores a la instauración del servicio, la tasa de victimización creció un 73%.

En cuanto a casos judicializados, el Programa Mi Abogado –que entrega representación jurídica a niños, niñas y adolescentes bajo la tutela de Mejor Niñez– constató a este medio que desde 2024 hasta hoy han interpuesto 48 querellas por explotación sexual a menores en la Región Metropolitana.

Durante el mismo período, la Defensoría de la Niñez presentó siete querellas por hechos que afectaron a menores en programas residenciales y ambulatorios, de administración directa o de organismos colaboradores, en las regiones Metropolitana y de Valparaíso. Solo una de esas acciones penales obtuvo condena contra los perpetradores.

El problema de las salidas no autorizadas

El caso anteriormente descrito refleja directamente uno de los problemas más profundos del sistema de protección: las salidas no autorizadas. Cuando la joven, de entonces 14 años, cruzó la puerta de la residencia en Limache, los funcionarios se encontraron con las manos atadas. “No es un centro de privación de libertad”, afirmó Gabriela Muñoz, exdirectora de Mejor Niñez. “Hay muchas estrategias para evitar que eso pase, pero son inefectivas”, agregó.

Por protocolo, los residentes deben solicitar permiso para circular fuera de la casa y, si no lo hacen, se considera una salida no autorizada. Cuando el personal se da cuenta de que algún niño o niña va a salir de la residencia, sólo puede aplicar contención verbal, pero no física.

Como parte de una serie de decretos que buscaban regular esta situación, se estableció recientemente en la resolución N° 1500 que, al momento de la partida del niño, los monitores interpongan una denuncia por presunta desgracia en la comisaría más cercana.

Tras el regreso del residente, generalmente por su cuenta, este es acompañado por un tutor a Carabineros para levantar la presunta desgracia. En caso de delito o explotación sexual, se comunica al tribunal y a la Fiscalía en un plazo máximo de 24 horas.

De acuerdo con los trabajadores, un porcentaje significativo de estos abandonos no autorizados deriva en redes de explotación sexual. Al ser consultados sobre el número de denuncias por presunta desgracia de niños, niñas y adolescentes bajo la protección de Mejor Niñez, Carabineros señaló que no cuenta con dichos datos sistematizados y rechazó dar una entrevista a este medio.

Las zonas rojas y las dinámicas ocultas

En la Región de Valparaíso, funcionarios de una residencia denuncian que existe un patrón repetitivo entre los perpetradores de estas dinámicas. “Siempre se repite que son micreros, camioneros o narcotraficantes [quienes vienen a buscar a las niñas]”, afirmó uno de los entrevistados. En una ocasión, una menor llegó bajo los efectos de las drogas, lo que significó su hospitalización. Durante este período, encontraron en su teléfono fotos de drogas e intercambios de mensajes con un facilitador de nacionalidad haitiana.

En esta misma residencia, funcionarios denuncian que hay al menos tres casos activos de explotación, aclarando que, debido a los egresos y entradas constantes de nuevas niñas, siempre “van rotando”.

En dicha región, se han identificado diversos puntos críticos. Entre las zonas de mayor vulnerabilidad se encuentran el Barrio Puerto y las inmediaciones del supermercado Jumbo ubicado en la avenida Argentina, el sector del Cerro Macaya en la comuna de Quillota; así como en la realización de eventos masivos (parcelazos) en Cabildo u otros sectores de las comunas de Olmué y Limache.

En uno de los centros femeninos más críticos, ubicado en el suroriente de la Región Metropolitana, funcionarios afirmaron que hay al menos tres residentes que son víctimas de explotación sexual por parte de hombres que viven en rucos bajo la línea del metro cercano al hogar.

Según denuncias de trabajadores de las residencias, un sujeto de 40 años en situación de calle va a buscar a una de las chicas de esta casa que tiene 18 años. La joven, cuentan, lo considera su pareja, y cuando necesita dinero, acude a él a cambio de favores sexuales. Al respecto, uno de los funcionarios que ha presenciado esta situación mencionó que “se han hecho un montón de denuncias. (…) Pero no ha habido respuestas ni acciones concretas (…) el sistema es lento”.

Los trabajadores de este mismo hogar confirmaron que una de las niñas de 16 años que se fugó del centro ha actuado como captadora de las jóvenes que continúan en el recinto para atraerlas a focos de explotación sexual como el Barrio Yungay, La Legua y Bellavista. La tutora legal de la menor es la directora de la casa. Una de las funcionarias detalló que “ella llama a las otras niñas de nuestra residencia, les envía un auto del cual nosotros siempre tratamos de ver la patente, y se las lleva y las explota”.

En otra residencia en el sector oriente de la región, de una dotación de aproximadamente 13 niñas presentes, al menos cinco están en situación de explotación sexual, según comenta una trabajadora del lugar.

Entre finales de marzo e inicios de abril, una joven llamó a dos compañeras de entre 14 y 16 años para invitarlas a una supuesta fiesta. Al llegar al lugar, las menores se encontraron con hombres adultos, alcohol y drogas. Según contó la funcionaria, los sujetos luego habrían intentado forzarlas a participar en una orgía.

“Estas dos niñas se asustaron, fueron, se encerraron en una pieza, empezaron a llamar a la residencia y ya era la madrugada, esperaron a que no se sintiera ruido y salieron y fueron a los Carabineros”, afirmó una funcionaria.

Otra residencia femenina del mismo sector de la capital tiene a 13 niñas viviendo y aproximadamente la mitad de ellas estaría bajo explotación sexual, según informó un trabajador de esta. Además, afirma el mismo funcionario que hay investigaciones en curso por parte de la Fiscalía y del propio servicio.

Uno de los trabajadores indicó que “(…) es muy bajo el porcentaje de búsqueda por parte de Carabineros que nos devuelven a la adolescente. Por lo general, la residente vuelve de forma voluntaria. (…) después de horas, días o meses”.

Desde una fuente del Programa Mi Abogado, se confirmó la existencia de casos activos de explotación sexual comercial en las residencias de la Región Metropolitana que fueron expuestas en esta investigación.

Uno de los principales obstáculos para manejar la situación, según representantes de Mejor Niñez, es la imposibilidad de controlar el uso de los celulares. “Nosotros tampoco podemos revisar los celulares (…) De lo contrario, la Defensoría de la Niñez también pondría una queja”, afirmó a este medio Claudio Castillo, director nacional del Servicio durante esta investigación. Las duplas psicosociales de las menores solo pueden revisar los teléfonos si hay una orden judicial específica o si la residente lo entrega voluntariamente.

Al contactar a funcionarios de algunas residencias, nos enteramos de que la dirección de Mejor Niñez les prohibió responder preguntas para la realización de este reportaje.

Mejor Niñez reconoce focos críticos de explotación

El Director Nacional de Mejor Niñez, Claudio Castillo, enfatizó que el Servicio ha priorizado una intervención en 16 residencias de todo el país que presentan una mayor concentración de denuncias por explotación sexual. Al ser consultado sobre cuántos de estos hogares son de la Región de Valparaíso y de la Metropolitana, prefirió no ahondar.

La autoridad admitió que los resultados de persecución penal siguen estando al debe: “[En la Metropolitana] Yo diría que hemos sido menos exitosos que en el resto del país. (…) En la Región de Valparaíso hemos tenido condena, sin embargo, por la cantidad de denuncias que tenemos, yo creo que todavía nos falta un trabajo mucho más avanzado en esa materia”.

Sobre los casos antes mencionados, Castillo no los descartó e indicó que tienen identificadas las residencias donde existe explotación. Sobre uno de los hogares investigados por este medio, confirmó que se realizó una coordinación con el municipio y Carabineros para garantizar la seguridad de las menores, que viven frente a un ruco.

La autoridad considera que el aumento en las estadísticas de denuncias “no necesariamente es una mala noticia en sí, sino que también puede ser una mucho mejor pesquisa y que hechos o situaciones que antes se mantenían ocultas hoy se visibilizan”.

Sin programas de explotación sexual en tres regiones

El director de la Unidad Especializada de Delitos Sexuales y Explotación Sexual de la Fiscalía Nacional, Maurizio Sovino, indicó que los explotadores “muchas veces son pequeñas bandas de narcotráfico de la zona”. Sovino además afirmó que “[En Mejor Niñez] no tienen las herramientas en cuanto a formación (…) Hay regiones del país que todavía no tienen programas de explotación sexual”.

En lo que va de 2026, Ñuble registra ocho casos de posibles víctimas de explotación sexual, Atacama cuatro y Aysén tres. Pese a esta realidad, estas tres regiones siguen siendo las únicas del país que carecen de Programas Especializados en Explotación Sexual (PEE), según la oferta programática de Mejor Niñez.

A nivel nacional, operan 22 programas de reparación para las víctimas de explotación. En la Región Metropolitana hay cinco centros dedicados a esto, y uno de ellos es manejado por la ONG Raíces. Su encargada de prevención y sensibilización, Ingrid Almendras, explicó que para las afectadas generalmente “el explotador fue el primero que las hizo sentirse importantes para alguien”, por lo tanto, ven a la residencia como una amenaza para estar en la red de vulneración donde se sienten valoradas.

Un problema que lleva años sin solución definitiva

En 2021, un padre de una menor de 14 años de La Ligua que vivía en una residencia de Mejor Niñez presentó una denuncia luego de descubrir que su hija recibía transferencias de dinero a cambio de favores sexuales.

El defensor de uno de los imputados, quienes finalmente fueron absueltos, Héctor Petit, afirmó a este medio que la acusación de la Fiscalía no tenía pruebas contundentes. Además, aseguró que la joven “no tenía mucha intención de ser una colaboradora respecto de esto”.

La psicóloga Susana Boudon, quien realizó acompañamiento psicosocial a niños vulnerados en el Sename, afirmó que generalmente las víctimas generan un vínculo de cercanía con el perpetrador. “Empiezan a […] creer que esta es una figura de cuidado, de confianza porque le da justamente lo que necesita y no le ha dado nadie más”, mencionó la especialista.

La exdirectora de Mejor Niñez entre 2022 y 2024, Gabriela Muñoz, confirmó que la explotación sexual de niñas de residencias es un problema de larga data. Muñoz recalcó que lo más difícil es que la involucrada en una de estas redes “tiene que reconocerse como víctima. Y eso cuesta”.