Guía para entender la megarreforma: las medidas que incluye el Plan de Reconstrucción del Gobierno

Después de semanas de anticipación, y tras haberlo anunciado en su primera cadena nacional, el presidente José Antonio Kast firmó este miércoles el Plan de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, considerada hasta ahora como una de las iniciativas más importantes en lo que va de su administración.

“Es un proyecto que, de aprobarse, puede marcar un antes y un después en el desarrollo de nuestra patria”, aseguró el mandatario durante la ceremonia.

El texto, presentado con suma urgencia legislativa, contempla una batería de medidas en materia tributaria, de empleo, regulación y permisos, inversión y gasto público. Además, se considera un componente de reconstrucción enfocado en las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío. “Se trata de un conjunto de medidas que, de forma integral y no aislada, busca reconstruir el país”, indicó el Gobierno.

La meta, según explican, es que al año 2030 se logre disminuir la tasa de desempleo a 6,5%, crecer alrededor del 4% anual y alcanzar equilibrio estructural de las cuentas fiscales.

Aunque varios puntos ya se habían dado a conocer durante las semanas previas al anuncio oficial —como la eliminación de las contribuciones para adultos mayores o la rebaja del impuesto corporativo—, finalmente se tiene el detalle del proyecto con desglose de todo lo que comprende esta megapropuesta legislativa. Revisamos los principales puntos a continuación.

Importante: este proyecto está en su etapa inicial de discusión en el Congreso, por lo que puede sufrir modificaciones durante su tramitación.

Los ejes del Plan de Reconstrucción

De acuerdo con el Ejecutivo, el proyecto se compone de cinco ejes “cuyo objetivo, en su conjunto, es romper con el estancamiento y contribuir a generar más empleo, seguridad y esperanza”.

El primero de ellos, denominado “Una mayor competitividad tributaria”, incluye medidas como:

– Reducción gradual, a lo largo de 4 años, del impuesto corporativo de primera categoría para bajarlo de 27% a 23%. Para las rentas devengadas o percibidas durante el año comercial 2026, la tasa se mantendrá de 27%. En tanto, para aquellas del 2027, la tasa será de 25,5% y en 2028 de 24%, llegando el 2029 finalmente a la tasa de 23%.

– La reintegración del sistema tributario, eliminando la doble tributación. “Con ello, se simplifica la estructura del sistema y se establece un tratamiento uniforme del crédito por impuesto de primera categoría para su imputación contra los impuestos finales”, señala el informe financiero del proyecto.

– La elaboración de un Estatuto para inversiones de largo plazo. De acuerdo con el Ejecutivo, este funcionaría en términos similares al antiguo régimen del DL 600, ofreciendo invariabilidad tributaria por un determinado periodo a grandes proyectos de inversión.

La segunda arista aborda el “fortalecimiento del empleo formal”, donde como medida principal se tiene la creación de un nuevo crédito tributario a la contratación. “Dicho crédito corresponderá a un 15% de las remuneraciones mensuales individuales que no superen las 7,8 unidades tributarias mensuales (UTM). Para remuneraciones comprendidas entre 7,8 y 12 UTM, el crédito tendrá una estructura decreciente, conforme a los parámetros definidos en el proyecto de ley”, detalla el documento.

La “facilitación regulatoria” viene a ser el tercer eje de la propuesta legislativa, donde se abordan ítems como los plazos de evaluación ambiental. Actualmente, el SEA tiene un plazo general de dos años para invalidar un permiso. El proyecto propone reducir este tiempo a solo seis meses.

En una línea similar, también se habla de una indemnización del Estado, en caso de revocación de resolución ambiental favorable (RCA), donde este deberá reembolsar gastos que ya se invierten. A esto se le llama también mecanismo de restitución por anulación de RCA, y el proyecto detalla que “el titular de la RCA tendrá derecho a solicitar la restitución de los gastos directos y efectivos incurridos en la ejecución del proyecto, salvo que la anulación de la RCA se funde, total o parcialmente, en antecedentes falsos, incompletos o inexactos”.

También dentro de dicho eje se incluye la exención del IVA a la compra de nuevas viviendas de forma transitoria por 12 meses.

Otro ítem incluido en el Plan de Reconstrucción tiene que ver con los hallazgos de ruinas o piezas de valor arqueológico, donde se elimina la obligatoriedad de denunciar a Carabineros para la protección y resguardo inmediato de los hallazgos, debiendo avisar a la Secretaría Técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Según el texto del Informe Financiero, “será la persona, natural o jurídica, que realice el hallazgo, quien deberá adoptar las medidas necesarias para el resguardo” hasta la llegada de la autoridad.

También en la línea de facilitación de permisos, se introduce una excepción a la Ley de Propiedad Intelectual que permite usar obras publicadas sin autorización ni pago cuando sea exclusivamente para análisis automatizado de datos (como extracción, comparación o clasificación de lenguaje, sonido o imágenes), “siempre que dicha actividad no constituya una explotación encubierta de las obras protegidas”.

El cuarto eje, llamado “Certeza jurídica para asegurar reglas estables que permitan atraer e incentivar la inversión en Chile a largo plazo”, apunta a la repatriación de capitales con entrada a Chile. Para eso, se establece un régimen especial de invariabilidad tributaria para contribuyentes que, habiéndose acogido al sistema voluntario y extraordinario de declaración de bienes o rentas en el extranjero, los ingresen efectivamente al país.

En concreto, se establece la repatriación de capitales a una tasa del 10% por un periodo de 12 meses para recuperar capitales que hoy están fuera del país en recaudación real e inversión. Dicho impuesto baja a 7% si se repatrian efectivamente sus bienes dentro de los primeros 3 años desde la publicación de la ley, y los mantienen invertidos en Chile por, al menos, 8 años.

Finalmente, el quinto eje es la “contención del gasto público”, con medidas como la triplicación de cupos de incentivo al retiro en el empleo público, pasando de 2200 hasta 6000. También se abordan medidas en torno al mal uso de licencias médicas, estableciendo que determinadas conductas, asociadas a la falsificación o uso malicioso de licencias médicas, son constitutivas de una vulneración grave al principio de probidad administrativa, cuya sanción es la destitución.

Dicho eje incluye además “mayores facultades al SII para hacer cumplir la ley”, lo que contempla ampliar las facultades del SII para acceder y cruzar datos nominados de distintos organismos del Estado, resguardando la debida confidencialidad y cumpliendo con las normas de secreto.

Un punto que no ha pasado desapercibido durante estas semanas, es la exención de contribuciones de primera vivienda para adultos mayores de 65 años, lo que ha reabierto un debate importante en cuanto al financiamiento de las municipalidades a lo largo del país. Por último, tenemos la suspensión temporal por 4 años del ingreso de nuevas instituciones de educación superior al sistema de financiamiento institucional para la gratuidad.

Otras medidas que también contempla el proyecto son las sanciones de presidio para el contrabando de tabaco y aceleración del remate de vehículos incautados, y la eliminación de la Franquicia Tributaria del Sence.

Reconstrucción de zonas afectadas por incendios

Como se señaló al inicio, el Plan de Reconstrucción establece medidas específicas para abordar la emergencia en las regiones afectadas por los incendios de Valparaíso (febrero de 2024), Ñuble y Biobío (enero de 2026). Los puntos principales son:

– Ampliar la cobertura del Fondo de Emergencia Transitorio por Incendios (FET), creado en la ley N.º 21.681, aumentando su financiamiento en $400.000 millones, para llegar a un monto total autorizado de $1.200.000 millones.

– Una reducción del impuesto a las donaciones para anticipar recursos, la eliminación de trabas judiciales y convenios de pago con condonación para afectados.

Además, “para asegurar el financiamiento de la reconstrucción, se incorporan medidas tributarias transitorias destinadas a incrementar la recaudación fiscal”, señala el documento.