Cambiar el paradigma de la discusión salarial en Chile es fundamental

La negociación del salario mínimo concluyó sin acuerdo entre el Gobierno y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). El gobierno propuso como reajuste una indexación al IPC anual proyectado del 4%, mientras que la CUT planteó un reajuste de 18,13%, basándose en el aumento del costo de la vida, la alta carga familiar en los sectores más vulnerables, los niveles de endeudamiento de los chilenos, entre otros factores.

Las posiciones del Gobierno y la central parten de paradigmas distintos. Por parte de la CUT, se ha considerado insuficiente la indexación del salario al IPC como único criterio de reajuste; por el contrario, se ha establecido un criterio ordenador basado en la suficiencia, procurando que el salario mínimo asegure una capacidad real de cubrir el costo de la vida.

Si bien puede parecer que para ello no se tienen referencias, lo cierto es que un cálculo elaborado en el contexto del Consejo Superior Laboral y acordado de manera tripartita en cuanto a su metodología, entrega, a día de hoy, un valor de un ingreso de suficiencia igual a $929.751.

La pertinencia de abordar la discusión desde la suficiencia se fundamenta en la realidad que exhiben los datos. Según los umbrales calculados por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, dos tercios de las personas ocupadas que viven en hogares arrendatarios de tres integrantes no logran, con sólo su sueldo, sacar a su familia de la pobreza.

Asimismo, el endeudamiento de los hogares ha alcanzado el 47,3% del PIB, en una dinámica en la que el flexible acceso al crédito ante la insuficiencia del salario atrapa a las familias en la deuda.

La dimensión distributiva también adquiere relevancia en el debate. Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), la mitad de las personas ocupadas gana menos de $611.000 líquidos mensuales. Considerando que Chile tiene uno de los niveles más altos de concentración del ingreso y la riqueza, donde un 10% de la población concentra el 59,5% del ingreso nacional y el 69,4% de la riqueza según el último World Inequality Report, el aumento salarial puede significar una distribución más equitativa.

Añadiendo que se carece de una institucionalidad que permita a los trabajadores disputar la distribución de sus aportes a la economía de manera autónoma, el salario mínimo aparece como la vía más directa para la redistribución.

Ahondando en la dimensión de poder, de la cual la discusión sobre el salario mínimo es expresión predilecta, se observa que en nuestro país, y al igual que en la economía en general, el mercado laboral no es perfecto, sino concentrado y con alto poder del empleador por sobre el del trabajador.

Ante esto, la literatura señala que cuando los empleadores tienen dicho grado de poder, el mercado no produce resultados eficientes y equitativos por sí solos. Por ende, equilibrar las relaciones de poder también puede implicar una mejora en los resultados que hoy exhibe el mercado laboral chileno.

En la misma línea, uno de los argumentos esgrimidos en la discusión ha sido el aumento del desempleo como supuesta consecuencia de las alzas salariales de los últimos años. Respecto a aquello, el desempleo que se observa hoy en el mercado laboral no es sino expresión de un modelo económico agotado, que agudiza las respuestas innatas del sistema económico que hoy prevalece en el mundo.

En este sentido, la narrativa que culpa al salario mínimo del desempleo es errada. La desocupación es expresión de una matriz productiva poco compleja, que acentúa la brecha entre habilidades disponibles y las que se demandan. Según los últimos datos de la Encuesta Nacional de Empleo para el trimestre enero-marzo del 2026, el 42% de los desocupados posee de 15 a 21 años de estudio, siendo la última cifra de una tendencia al alza en la que este grupo empieza a tener mayor participación entre los desempleados.

Esto no puede más que acrecentarse ante la decisión de eliminar y no perfeccionar la franquicia tributaria SENCE, dando paso a que el reemplazo tecnológico avance sin ningún tipo de política de Estado frente al riesgo de automatización y envejecimiento de la población. Dentro de esto, un salario mínimo estancado creará los incentivos suficientes para no invertir en calificación.

En suma, la discusión del salario mínimo debe abordarse desde una perspectiva integral, considerando la dimensión redistributiva y de construcción progresiva de una política salarial que permita satisfacer las necesidades de las personas trabajadoras.

Avanzar en esta dirección es posible desde una mirada de futuro que priorice los principios del trabajo decente y la inversión en el mundo del trabajo para superar los déficit estructurales del mercado laboral y obtener mejores resultados económicos.

Antonia Morales
Socióloga del Trabajo
Investigadora Fundación FIEL