El asunto del salario mínimo ha ido tomando fuerza en los últimos días por la inflación y el encarecimiento del costo de vida en un país en el que, a diferencia de Francia, Alemania y España, no hay una ley que regule la retribución.
Un mes después de dinamitar una propuesta parlamentaria para instaurar en Italia un salario mínimo, la primera ministra, Giorgia Meloni, volvió a evitar hoy discutir esa medida tras reunir a los partidos de la oposición para discutir sobre las “bajas retribuciones” que perciben muchos trabajadores.
“Queremos que aumenten los salarios de los italianos”, afirmó Meloni en una caótica rueda de prensa a las puertas de la sede del Ejecutivo en Roma, el Palazzo Chigi, en la que intervinieron uno por uno los líderes del Ejecutivo para expresar su desacuerdo.
La reunión, convocada a la italiana a última hora del viernes y antes del puente vacacional por el 15 de agosto, no resultó en ningún compromiso concreto.
“Reiteramos la propuesta de establecer un salario mínimo no fijado por ley, sino en la negociación colectiva”, dijo en un mensaje ambiguo y sin dejar clara su postura.
El asunto del salario mínimo ha ido tomando fuerza en los últimos días por la inflación y el encarecimiento del coste de vida en un país en el que, a diferencia de Francia, Alemania y España (las otras grandes economías europeas), no hay una ley que regule la retribución y las regiones del sur acusan más casos de trabajo en negro.
El mes pasado, la coalición conservadora en el Gobierno tumbó un proyecto de ley que había presentado la oposición de centro e izquierda para introducir un salario mínimo de 9 euros por hora que habría beneficiado a 3,6 millones de “trabajadores pobres”, según datos del Instituto Nacional de Estadística (Istat)
Meloni, sin embargo, vinculó los salarios del país al lento crecimiento de la economía -“muy por debajo de Francia y Alemania”- y recordó que la mayoría de grupos profesionales, el 90% según cálculos del Ejecutivo, regulan las retribuciones por convenios colectivos.
“Si pensamos en dar una respuesta simple a un problema complejo, corremos el riesgo de crear más daño del que queremos resolver”, afirmó tras pedir 60 días de plazo para estudiar una propuesta en un debate más amplío que integre a asociaciones de empresarios y sindicatos.
Para la oposición, la idea del Ejecutivo es “un balón tirado a la grada”, según protestó el líder del Movimiento 5 Estrellas y ex primer ministro Giuseppe Conte.
“El gobierno no tiene una propuesta propia, no tiene las ideas claras”, criticó por su parte la socialdemócrata Elly Schlein, del Partido Demócrata (PD).
