El Gobierno bajó la urgencia que había puesto al proyecto de ley sobre fraudes bancarios, luego del conflicto que causó en el Congreso la aprobación de una serie de indicaciones que recogían las intervenciones de la banca y el Ministerio de Economía.
De urgencia “suma” a “simple” debió el Ejecutivo cambiar la situación del proyecto, dando con ello un mes para ser analizado según lo detalló La Tercera.
El proyecto será entonces revisado nuevamente por la Comisión de Economía que aprobó unánimemente los cambios a la iniciativa originada por el senador Manuel José Ossandón, que busca terminar con la venta de seguros anti-fraude, entre otras cosas.
Ossandón entonces acusó un “tremendo lobby del Ministerio de Economía”, el cual habría logrado que los diputados transformen su proyecto en uno “orientado a perjudicar a los clientes, cobrándoles por las fallas de los bancos, es un error de proporciones”.
Los cambios de la discordia
Específicamente, la Comisión de Economía mantuvo la propuesta del proyecto en cuanto a extender la cobertura de la ley hacia los fraudes efectuados por tarjetas de prepago y por internet, y la adición de un plazo de 30 días para que los clientes notifiquen el incidente.
Sin embargo, la modificó en tres aspectos.
Actualmente, la ley estipula la necesidad de contratar un seguro para recuperar los fondos robados, lo que el proyecto inicial de Ossandón descartaba, y que la Comisión mantuvo pero dándole la posibilidad a los bancos de cobrar un deducible de hasta 0,5 UF (cerca de $13.700) a las víctimas.
Además, los diputados ampliaron el plazo que el proyecto inicial daba a los bancos para devolver a los clientes los montos defraudados desde los 3 a los 7 días hábiles.
Esta devolución hasta ahora debe hacerse previa contratación de un seguro o tras ir el cliente a tribunales, lo que el proyecto que salió del Senado invierte, haciendo que sean los bancos los que deban acudir a Tribunales si estima que no hubo fraude.
Este punto es de los más polémicos, puesto que la Comisión lo modificó para que la devolución del dinero sea provisoria y que incluso el banco pueda quitar unilateralmente el dinero devuelto al cliente si considera que no hubo fraude, sin necesidad de involucrar a la Justicia.
La indicación sustitutiva, indica el documento citado por LT, “fue trabajada y consensuada entre el Ejecutivo y los diputados miembros de la Comisión y sus asesores”. Según el medio, los parlamentarios que dieron su voto a favor fueron Boris Barrera (PC), Alexis Sepúlveda (PR), Jaime Naranjo (PS), Alejandro Bernales (FA), Gabriel Silber (DC), Renato Garín (independiente), Pedro Velásquez (independiente), Sofía Cid (RN), Harry Jürgensen (RN), Miguel Mellado (RN), Enrique Van Rysselberghe (UDI).
